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El escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) ha dejado en los últimos días nuevos nombres de presuntos implicados en el desfalco. La Fiscalía, tras una exhaustiva investigación, constató que varios contratos de la entidad se han gestionado de manera irregular para llenar los bolsillos de contratistas, empresarios y, posiblemente, de congresistas a través de coimas y sobornos, en un esquema de corrupción que ha salpicado a miembros de alto nivel del Ejecutivo. Aunque el organigrama criminal, como lo catalogó el ente investigador, ya ha sido puesto en evidencia, algunos de los involucrados en el millonario negocio de los carrotanques aún piden que se solucionen algunas cuentas, pues piden que les paguen los vehículos que tenían como propósito llevar agua potable a La Guajira y que se paguen deudas por otro tipo de convenios.
Ese es el caso, por ejemplo, del contratista Luis Eduardo López Rosero, conocido como el Pastuso. Junto a Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la misma entidad, López Rosero también fue imputado por cinco delitos por su confesa responsabilidad en el engranaje. De acuerdo con las pesquisas que ha adelantado la Fiscalía, el Pastuso se habría apropiado de más de $7.821 millones producto del sobrecosto del contrato para llevar 40 carrotanques a La Guajira, el cual fue entregado a una de sus empresas, Impoamericana Rogers SAS, y tuvo un exceso de $14.163 millones en total. En busca de beneficios judiciales en su proceso, el contratista nariñense ha señalado que devolverá el dinero que se apropió ilegalmente. Y aunque al principio manifestó que devolvería cerca de $4.000 millones, sus abogados le confirmaron a este diario que la reparación será por el total de los recursos apropiados.
El problema está en que el Pastuso se gastó ese dinero y no tendría como pagar los más de $7.000 millones, según fuentes que conocen los pormenores del proceso. Sin embargo, en su propuesta de preacuerdo con la Fiscalía, con el que busca obtener una rebaja de pena que será definida el próximo 31 de agosto en la continuación de la audiencia de medida de aseguramiento, López Rosero estableció que la Ungrd le debe más de $2.257 millones por otros contratos y que, si se espera una reparación, le tienen que pagar lo que le deben. En pocas palabras, el contratista busca reparar a la Ungrd con los mismos recursos de la Unidad. La defensa del contratista asegura que las deudas ascienden a más de $6.000 millones, y que ese dinero es crucial para que se puedan devolver los más de $7.000 millones.
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Las deudas, no obstante, no tienen nada que ver con el contrato de los carrotanques y tampoco serían producto de irregularidades. De hecho, esos pagos pendientes serían para otra empresa propiedad de López Rosero: Luket SAS. La primera deuda es por un total de $1.340 millones, y tiene que ver con un contrato entregado en razón de una obra en Quibdó, Chocó. El segundo pago es por más de $519 millones en San Pablo, Bolívar, por un contrato en el que se entregaron materiales para construcción como cemento, ladrillos, varillas y tejas. Y el tercer pago sería por $398 millones, por un convenio en Guapi, Cauca, en el que también se entregaron materiales de construcción.
La estrategia del Pastuso es, entonces, utilizar ese dinero para pagar los recursos apropiados por el desfalco a la Unidad. “Lo ideal sería poner $1.000 millones y así quedar a paz y salvo”, señalaron los defensores de López Rosero. Durante la audiencia de medida de aseguramiento en contra de los exdirectivos de la Unidad y el contratista, en la cual se mostraron las pruebas en contra de los tres imputados, el ente investigador dejó en evidencia que, a través de cinco empresas de su propiedad, López Rosero planteó seis órdenes de proveeduría por más de $108.000 millones durante la administración de Olmedo López como director de la Ungrd. De esas órdenes se desprende el contrato de los carrotanques, que tuvo un valor de $46.800 millones.
Si bien López Rosero es un viejo conocido de la Unidad para atender catástrofes, pues lleva contratando con la Ungrd desde hace 15 años, su participación en el entramado se dio gracias a un hombre de su confianza: Pedro Rodríguez Melo, el exasesor jurídico de Olmedo López en la entidad. Rodríguez es un abogado que habría llegado a trabajar al despacho del exdirector de la Ungrd, al parecer, por recomendación de Camilo Romero, actual embajador de Colombia en Argentina. Una vez fue posesionado por el propio Olmedo López, el abogado presentó al Pastuso con Sneyder Pinilla, y desde ese momento se comenzó a fraguar el esquema para apropiarse de recursos públicos, según estableció la Fiscalía. Las investigaciones han arrojado que Rodríguez Melo recibió $1.000 millones como coima del contrato de los carrotanques.
Luego de la imputación en contra de Olmedo López, Sneyder Pinilla y el Pastuso, la Fiscalía, según conoció este diario, se alista para iniciar una segunda etapa de investigaciones en contra de otros mencionados en el engranaje, como Pedro Rodríguez Melo. Bajo la lupa del ente investigador están, además, Luis Carlos Barreto (exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo de la Ungrd), Víctor Meza (exsubdirector general de la Unidad) y otros tres amigos personales de Sneyder Pinilla: Marilyn Dayana Cadena, Nelson Raúl Triana y Fabián González, quienes, según la Fiscalía, se vieron beneficiados con jugosos contratos ordenados por el exsubdirector para el Manejo de Desastres.
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Los otros 40 carrotanques
Impoamericana Rogers SAS, compañía de López Rosero, no fue la única que obtuvo un convenio para llevar carrotanques a La Guajira. La empresa conocida como Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral Yapurutú también firmó un contrato con la Unidad por casi $30.000 millones para llevar otros 40 vehículos a ese departamento. Sin embargo, aunque los representantes de la compañía aseguran que ese convenio no presentó irregularidades, esa empresa no acredita experiencia en la compraventa de carrotanques ni ningún tipo de actividad similar. Por el contrario, su experiencia está relacionada con temas de consultorías.
Mientras los vehículos contratados con la empresa de López Rosero siguen parqueados en el municipio de Uribia, los 40 de Yupurutú no se quedan atrás, pues tampoco se han movido de Riohacha. Ninguno de esos vehículos tiene pólizas y, según conoció este diario, tampoco cuentan con aire acondicionado ni están adecuados. Aun así, los representantes de la compañía le piden a la Ungrd que pague por los carrotanques y aseguran que la Unidad les debe más de $3.600 millones y que solo han consignado el valor de 35 camiones, según reveló la revista Cambio.
Para la Unidad, ahora al mando de Carlos Carrillo, ese contrato también habría tenido un sobrecosto. La entidad adelantó un estudio para determinar el valor real de los carrotanques, teniendo en cuenta que presentan varias fallas. En sus resultados, la Ungrd encontró que el precio de cada vehículo estaría cerca de los $300 millones. La compañía, en cambio, señala que cuando se firmó el contrato —durante la administración de Olmedo López y Sneyder Pinilla— quedó consignado que cada uno de los carrotanques costaría entre $700 y $750 millones cada uno. “Ahí es donde se presentan sobrecostos”, afirmó una fuente cercana al proceso. El asunto es tan delicado que, incluso, para la Contraloría el valor del contrato por $29.000 millones sería detrimento patrimonial.
El próximo 31 de agosto se conocerá si el Pastuso, así como Olmedo López y Sneyder Pinilla, van a prisión. Los abogados de los tres confesos responsables del desangre a la Ungrd han solicitado que sean recluidos en bases militares por cuestiones de seguridad, un pedido que acogió la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, quien durante la primera fase de la audiencia de medida de aseguramiento pidió que fueran enviados a esas guarniciones. Aunque los tres se han comprometido a devolver la plata que se apropiaron, como parte de la reparación y con miras a una rebaja en sus condenas, la Fiscalía no ha determinado si aceptará o no los principios de oportunidad que han solicitado tanto López como Pinilla y el Pastuso.
Ahora, en el caso de López Rosero, según lo que él mismo le planteó a la Fiscalía, la pelota está en cancha de la Ungrd, pues para que haya una reparación económica por los daños causados exige que se le paguen las deudas por otros contratos. Así, pues, el contratista de los 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira buscaría usar recursos de la Ungrd para pagarle a esa misma entidad, con la que, además, ha contratado por más de década y media.
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Por Santiago Díaz Gamboa
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