Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones del gobierno del presidente Gustavo Petro y salpicada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), seguirá tras las rejas de forma preventiva. Así lo determinó la jueza 79 con función de control de garantías de Bogotá, quien en la mañana de este 21 de enero le negó por segunda vez la libertad por vencimiento de términos a la exfuncionaria.
Para la jueza que tomó la decisión, no existen las condiciones necesarias para decretar el vencimiento de términos a favor de Ortiz, quien desde diciembre de 2024 está privada de la libertad por su presunta participación en el que es, tal vez, el escándalo de corrupción más grande del gobierno actual. En ese sentido, la exfuncionaria seguirá privada de la libertad en la Escuela de Carabineros de la Policía, ubicada al norte de la capital.
Al analizar los plazos en el proceso penal que la justicia adelanta en contra de Ortiz, la jueza de control de garantías encontró que, aunque la exfuncionaria fue acusada el 24 de enero de 2025 y ya pasaron más de 240 días sin que avance el proceso en su contra, los retrasos se deben a solicitudes de la defensa de la exconsejera. La togada señaló que, del tiempo que Ortiz lleva tras las rejas, 170 días corresponden a aplazamientos solicitados por su defensa.
Lea también: Consejo de Estado admitió dos demandas contra las consultas interpartidistas del 8 de marzo
Las negativas en contra de Sandra Ortiz
Esta es la segunda vez que la jueza 79 de control de garantías de Bogotá le niega la libertad por vencimiento de términos a Sandra Ortiz. El 31 de diciembre de 2025, a solo horas de que se terminara el año, desde el mismo despacho judicial se negó por primera vez la libertad a la exfuncionaria. En ese momento, la togada argumentó que aún no se había cumplido el plazo máximo de vencimiento de términos, tras la acusación de enero de 2025.
En ese momento, la jueza señaló que en el caso de Ortiz no estaba “llamada a prosperar la causal de libertad por vencimiento de términos, invocada por parte de la defensa de la ciudadana, porque se requiere de 240 días y se reitera, en este momento apenas para la Judicatura han transcurrido 158 días de esos 342 que desde el 24 de enero”. La decisión no fue bien recibida por Ortiz y su defensa, quienes, semanas después, hicieron de nuevo la solicitud.
Pero en octubre de 2025, Ortiz también había recibido una primera negativa a su solicitud de libertad condicional. En ese momento, la exfuncionaria buscó tumbar la decisión por la que fue enviada a una guarnición policial en diciembre de 2024. Sin embargo, un juez de Bogotá rechazó esa solicitud argumentando que la exconsejera del gobierno Petro “todavía representa un riesgo para la comunidad y tiene la capacidad de obstruir el proceso penal”.
Le puede interesar: Identifican a cuatro menores entre los muertos por guerra entre disidencias en Guaviare
El presunto rol de Sandra Ortiz en el caso de la Ungrd
El nombre de Sandra Ortiz ha sido uno de los más sonados en el entramado de corrupción de la Ungrd. Fue la primera funcionaria del gobierno, cercana al presidente Gustavo Petro, en ir a la cárcel. A ella le siguieron otros importantes personajes del equipo de trabajo del presidente, entre ellos dos de sus exministros, también señalados por el mismo escándalo: Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior).
Ortiz es investigada por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. Según las indagaciones adelantadas por la Fiscalía, la exfuncionaria habría servido como puente para entregar millonarias coimas a los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, para que ayudaran a destrabar las reformas del Gobierno Nacional en el Congreso de la República.
“El 12 de octubre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá, la exfuncionaria habría recibido de los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo, que posteriormente llevó en un vehículo oficial al norte de la ciudad para entregársela al expresidente del Congreso de la República, Iván Name Vásquez”, indicó la Fiscalía sobre el presunto rol de la exfuncionaria.
Más contenido: Juez ordenó a Petro retractarse y disculparse por llamar “bandido” a exgerente de Coosalud
El ente investigador también ha dicho que al día siguiente, en el mismo sitio en el que se habría entregado el primer soborno, Pinilla Álvarez le habría entregado de nuevo la maleta a la exconsejera Ortiz, cargada con $1.500 millones más, “que también fueron movilizados hasta el punto indicado por el senador Name Vásquez”. Para la Fiscalía, la exfuncionaria “tenía pleno conocimiento de que el dinero que recibió provenía de recursos de la Ungrd”.
La Fiscalía sostiene que Ortiz tendría conocimiento de que ese dinero estaría destinado al pago de coimas “por el direccionamiento de una orden de proveeduría que tenía por objeto la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a las comunidades de La Guajira”. Por su presunta participación en el desfalco a la entidad pública, Ortiz está recluida en una guarnición policial de Bogotá, donde permanecerá tras la más reciente decisión.
Aunque la exconsejera presidencial ha intentado negociar con la justicia, no lo ha logrado. En abril de 2025, la Fiscalía le cerró la puerta a la posibilidad de acceder a un principio de oportunidad y dejó como único camino un posible preacuerdo, por haber entregado información escasa sobre el caso de corrupción. El abogado de Ortiz, Mauricio Camacho, ya anunció que interpondrán un recurso de habeas corpus para lograr la libertad de la exfuncionaria.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
