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Por tercera vez le fue negada la libertad por vencimiento de términos a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien es acusada por la Fiscalía por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Desde el 18 de diciembre de 2024, la mujer permanece privada de la libertad por su presunta participación en lo que sería el escándalo de corrupción más grande del gobierno actual.
Tras la segunda petición de libertad por vencimiento de términos, que fue resuelta el pasado 21 de enero, la defensa de Ortiz interpuso un habeas corpus, el cual fue recibido por el Juzgado 40 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que señaló que no resulta necesario dejar sin efectos la decisión previa, asegurando que no vulneró los derechos fundamentales de Ortíz. En ese sentido, la exfuncionaria continuará privada de la libertad en la Escuela de Carabineros de la Policía, ubicada al norte de la capital mientras la justicia determina si es culpable o no.
Según el magistrado del caso, Carlos Roberto Solórzano Garavito, de la Corte Suprema de Justicia, al analizar los plazos del proceso penal que se adelanta en contra de Ortiz, se encontró que, aunque la exfuncionaria fue acusada el 24 de enero de 2025, de los días que ha permanecido privada de la libertad, 170 corresponden a aplazamientos solicitados por su defensa. Asimismo, señaló que “restan 195 días imputables a la judicatura, cifra que resulta insuficiente para cumplir el requisito de ley”.
Contexto: Caso Ungrd: niegan de nuevo la libertad por vencimiento de términos a Sandra Ortiz
Las otras negativas a Sandra Ortiz
El pasado 21 de enero, la jueza 79 con función de control de garantías de Bogotá negó, por segunda vez, la libertad por vencimiento de términos a la exfuncionaria. Para la togada, no existían las condiciones necesarias para decretar el vencimiento de términos a favor de Ortiz, quien desde diciembre de 2024 permanece privada de la libertad por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Ungrd.
El 31 de diciembre de 2025, a pocas horas de que terminara el año, el mismo despacho judicial negó por primera vez la libertad a la exfuncionaria. En esa ocasión, la jueza argumentó que aún no se había cumplido el plazo máximo para que operara el vencimiento de términos, tras la acusación formulada en enero de 2025.
Asimismo, en octubre de 2025, Ortiz también había recibido una negativa a su solicitud de libertad condicional. En ese momento, la exfuncionaria buscó revocar la decisión por la que fue enviada a una guarnición policial en diciembre de 2024. Sin embargo, un juez de Bogotá rechazó esa petición al considerar que la exconsejera del gobierno Petro “todavía representa un riesgo para la comunidad y tiene la capacidad de obstruir el proceso penal”.
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El caso contra Sandra Ortiz
La mujer fue la primera funcionaria del gobierno, cercana al presidente Gustavo Petro, en ir a la cárcel. A ella le siguieron otros personajes del equipo de trabajo del presidente, como los exministro Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), actualmente privados de la libertad.
Sandra Ortiz es investigada por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. Según las indagaciones adelantadas por la Fiscalía, la exfuncionaria habría servido como puente para entregar millonarias coimas a los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, para que ayudaran a destrabar las reformas del Gobierno Nacional en el Congreso de la República.
Según indicó la Fiscalía: “El 12 de octubre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá, la exfuncionaria habría recibido de los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo, que posteriormente llevó en un vehículo oficial al norte de la ciudad para entregársela al expresidente del Congreso de la República, Iván Name Vásquez”.
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El ente investigador también ha dicho que al día siguiente, en el mismo sitio en el que se habría entregado el primer soborno, Pinilla le habría entregado de nuevo la maleta a la exconsejera Ortiz, cargada con COP 1.500 millones más, “que también fueron movilizados hasta el punto indicado por el senador Name Vásquez”.
Para la Fiscalía, la exfuncionaria “tenía pleno conocimiento de que el dinero que recibió provenía de recursos de la Ungrd”. Aunque la exconsejera presidencial ha intentado negociar con la justicia, no lo ha logrado. En abril de 2025, la Fiscalía le cerró la puerta a la posibilidad de acceder a un principio de oportunidad y dejó como único camino un posible preacuerdo, por haber entregado información escasa sobre el caso de corrupción. Sin embargo, Ortíz ha negado tajantemente los hechos y dice que demostrará su inocencia.
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