Un giro clave en los procesos por corrupción que rodean a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) se conoció este 25 de septiembre. Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor jurídico de la entidad y ya condenado por apropiación de recursos públicos, se convirtió en testigo de cargo dentro de varios procesos judiciales que buscan esclarecer irregularidades en millonarios contratos.
La decisión fue adoptada por una jueza penal de control de garantías de Bogotá, quien avaló el principio de oportunidad pactado entre Rodríguez Melo y la Fiscalía General de la Nación. Con esta negociación, el proceso penal en su contra se suspende durante un año, mientras el exfuncionario aporta información y pruebas contra 13 personas investigadas en cinco procesos penales.
Rodríguez Melo, quien ya había sido condenado mediante preacuerdo a 4 años y 10 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación agravado, ahora asume un nuevo rol como colaborar con la justicia para esclarecer cómo se habrían desviado recursos destinados a la atención de emergencias en distintas regiones del país.
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Su testimonio será fundamental para reconstruir tres casos de corrupción:
- La apropiación de recursos y contratación irregular en la Ungrd, que incluye la compra de carrotanques, carros de bomberos y materiales de emergencia.
- El direccionamiento irregular de un contrato de comercialización de licores en Nariño, durante la administración departamental.
- Las anomalías en el proyecto de reconstrucción de Mocoa (Putumayo), tras la avalancha de 2017 que dejó más de 300 muertos y miles de damnificados.
La Fiscalía atribuye a Rodríguez Melo una larga lista de conductas: interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público, falsedad en documento privado, falsedad material en documento público y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
No obstante, con la aplicación del principio de oportunidad, estos procesos quedan suspendidos, siempre y cuando cumpla con su compromiso de colaborar con la justicia y entregar pruebas sólidas contra los demás implicados.
Las investigaciones de la Fiscalía señalan que Rodríguez Melo habría participado en un millonario desfalco mediante un esquema de sobrecostos en la compra de carrotanques destinados a La Guajira. Según el ente acusador, en su calidad de asesor jurídico de la Unidad, entre junio y diciembre de 2023, tuvo pleno conocimiento de los trámites contractuales de la entidad, incluidos los adelantados por la Subdirección de Manejo de Desastres para la adquisición de asistencia humanitaria de emergencia.
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En el proceso también aparecen los nombres de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD que ya suscribieron preacuerdos con la justicia. Ambos señalaron a Rodríguez Melo como el intermediario con empresarios privados para facilitar el desvío de recursos, en particular con Luis Eduardo López Rosero, conocido como El Pastuso. Este último habría adquirido los 40 carrotanques con sobrecostos, tras recibir de manera anticipada —tres meses antes de la adjudicación— información confidencial sobre los procesos de contratación.
De acuerdo con las pruebas, Rodríguez Melo habría recibido varias cotizaciones de El Pastuso, que posteriormente entregó a Pinilla. Con base en esos documentos, se adjudicaron al contratista seis órdenes de proveeduría, lo que derivó en sobrecostos superiores a los $14.163 millones.
Las pesquisas también establecen que al menos $1.000 millones fueron destinados al pago de sobornos. De ese monto, $700 millones habrían sido transferidos a la cuenta de una mujer cercana a Rodríguez Melo, mientras que los $300 millones restantes fueron entregados en efectivo.
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En noviembre de 2024, el exfuncionario solicitó la revocatoria de su medida de aseguramiento, pero la petición fue negada por la juez de conocimiento. Desde entonces permanece privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá, a la espera de nuevos avances en los procesos en su contra.
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