La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la medida de aseguramiento en contra de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) e implicado en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. En la mañana de este jueves 4 de septiembre, el magistrado Jairo José Agudelo resolvió una apelación que había interpuesto la defensa.
El pasado 3 de julio, durante una audiencia presidida por el magistrado Leonel Rogeles, del Tribunal Superior de Bogotá, esa instancia ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario para González, quien pasó de ser alfil y amigo cercano del presidente Gustavo Petro, a estar investigado por ser, presuntamente, parte del cerebro detrás del entramado de corrupción de la Ungrd. Para la fecha, el exdirector del Dapre ya había salido de Colombia.
El magistrado Rogeles concluyó que la Fiscalía había presentado información suficiente para demostrar la presunta participación de González en el desfalco a la Ungrd. Por eso debía ir a la cárcel mientras avanzaban las investigaciones. “La mayor gravedad de las conductas reprochadas se denota en las calidades que ostenta el implicado, quien se mueve en las más altas esferas del Estado, cuenta con un reconocimiento público y está vinculado desde hace bastantes años con el poder político”, dijo el togado.
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Ante esa determinación, la defensa de González interpuso el recurso de apelación argumentando incoherencia en algunos de los señalamientos en contra del exdirector del Dapre. “La delegada de la fiscalía habla de Pedro Castro como la persona que aportó el dinero inicial para el pago de los sobornos, mientras el Magistrado de instancia afirma que fue alias ‘el Pastuso’ quien lo prestó, por tanto, la prueba en la que se soporta la decisión no corresponde a un argumento del ente acusador”, reseña la decisión.
La defensa de González aseguró también que no hay pruebas que demuestren la participación del exdirector del Dapre en el entramado de corrupción, en contraposición a lo que dijo el magistrado Rogeles. “Respecto del delito de cohecho refiere, no existe material probatorio que demuestre que González Merchán ordenó la entrega de dinero a cambio de favores políticos; tampoco aportó el ente acusador chat, video o conversación entre este y alguno de los implicados en el entramado de corrupción”, argumentó la defensa.
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Sin embargo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá concluyó que sí se ha demostrado durante el proceso la forma en la que González, cuando estaba al frente del Dapre, habría ordenado el pago de coimas a congresistas, para destrabar algunos de los proyectos del Ejecutivo en el Congreso. Esto, tal y como lo han declarado ante la justicia Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd y también implicados en el caso.
“Para la Sala, la Fiscalía, en ejercicio de la adecuación típica de la conducta acreditó el origen mediato de los $3.000.000.000 entregados a Iván Name Vásquez, los cuales fueron transportados por la Consejera de las Regiones (Sandra Ortiz) en cumplimiento de la orden dada por Carlos Ramón González Merchán, y comunicada por Olmedo López”, argumentó la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá en su decisión.
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En ese sentido, el tribunal decidió confirmar la medida de aseguramiento en centro carcelario para González por el delito de lavado de activos. Uno de los tres cargos por los que fue imputado el 21 de mayo de este año. Los otros dos son cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros. El tribunal dejó claro, además, que ante esta determinación la defensa no podrá interponer más recursos jurídicos.
Pese a quedar en firme la medida de aseguramiento para el exdirector del Dapre, su comparecencia ante la justicia en Colombia sigue estancada. En noviembre de 2024, González salió del país. Luego se supo, por medio de la VPN de su computador, que estaba en Managua (Nicaragua). Aunque en ningún momento la defensa del amigo del presidente confirmó esa información, el pasado 14 de agosto se conoció que el 21 de mayo, el mismo día de su imputación, Nicaragua le renovó la residencia en ese país.
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La noticia causó revuelo pues, al parecer, funcionarios de la Cancillería y de la Embajada de Colombia en Nicaragua, habrían mediado para que ese trámite se diera en tiempo récord. Aunque hasta el propio Presidente ha negado esos señalamientos, la Procuraduría ya adelanta una investigación para determinar qué sucedió.
Días después de que se conociera ese dato, el país centroamericano le dio asilo político a González, lo que complica aún más su retorno a Colombia. Aunque la Fiscalía ya hizo los trámites necesarios ante la oficina central de Interpol, con sede en Lyon (Francia), para que se emita circular roja en contra de González y facilitar así su retorno al país, esta aún no ha sido expedida. González sigue en Nicaragua y en Colombia las autoridades lo requieren para que responda por el millonario desfalco a la entidad pública.
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