En menos de 24 horas, dos decisiones judiciales esta semana sacudieron el escándalo de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Por un lado, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó las capturas de dos poderosos del Congreso: los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name Vásquez y Andrés Calle Aguas, respectivamente, porque supuestamente recibieron millonarios sobornos de altos funcionarios del gobierno Petro.
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Y por el otro, la Fiscalía vinculó formalmente a María Alejandra Benavides, exasesora del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a quien le imputó el delito de interés indebido en la celebración de contratos, pues se habría prestado para entregarle dádivas a seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP).
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Dos noticias que revolvieron el avispero político y judicial y cuyas investigaciones dejan entrever que en el entramado de corrupción que llevó al saqueo de recursos que debían destinarse para afectados por desastres y emergencias naturales, hay alfiles del gobierno Petro que, pese a las evidencias que pesan en su contra, siguen sin ser llamados por la Fiscalía.
La lista va en dos exministros, Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior); un exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González; el entonces enlace de la Presidencia con el Congreso, Jaime Ramírez Cobo; y, por último, el exdirector de Función Pública, César Manrique Soacha. Estas son las pruebas y testimonios que ha revelado la propia Fiscalía, pero que siguen sin traducirse en avances o decisiones judiciales.
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Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda
Para la investigación de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, existen dos testimonios que han sido la columna vertebral de este escándalo de corrupción. Se trata de las revelaciones que han hecho Olmedo López y Sneyder Pinilla, directivos de la Ungrd, quienes se habrían encargado de gestionar los sobornos que habrían recibido, no solo los expresidentes del Congreso, sino seis parlamentarios de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP). Ambos le explicaron a la justicia que la orden de realizar el pago de dádivas vino desde altos funcionarios de la Presidencia y que, en reuniones con el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quedó claro cómo y con quién debían tramitar los pagos ilegales, a cambio de votos a favor de iniciativas del gobierno Petro en el Congreso.
Además de sus testimonios, el búnker, en cabeza de Luz Adriana Camargo, también tiene la versión que rindió María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla, quien confirmó los hechos relatados por López y Pinilla. Precisamente en la audiencia de imputación de cargos en su contra, realizada el pasado jueves 8 de mayo, la Fiscalía reveló que existieron al menos cuatro reuniones con el jefe de la cartera ministerial en las que él mismo se habría referido al pago de las dádivas exigidas por los congresistas de la CICP. Ellos son los representantes a la Cámara Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique, Juan Diego Muñoz y los senadores Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo. Los seis ya fueron llamados a indagatoria por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema y han dicho que nada tienen que ver con hechos de corrupción.
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Tanto Benavides, como López y Pinilla están negociando beneficios penales a cambio de colaboración con la justicia. Esa negociación penal ha sido utilizada por la mayoría de congresistas y exfuncionarios, para defender su inocencia. Sin embargo, la Fiscalía también tiene evidencia técnica para soportar y darle todavía más credibilidad a los testimonios de quienes ahora son testigos estrella. Por ejemplo, el búnker ya tiene en sus manos chats de María Alejandra Benavides que dejarían entrever que el exministro Bonilla estaba al tanto de sus gestiones para comprar los votos de los congresistas de la CICP, que por la época de los hechos, entre septiembre y diciembre de 2023, tenían la tarea de aprobar millonarios créditos de la Nación y, sin contratos para aceitar sus votos, el gobierno podía quedar contra la pared.
Además de esos chats, la Corte Suprema tiene en su poder decenas de horas de videos de las cámaras de vigilancia del Ministerio de Hacienda que registraron la trasescena de la presunta operación de compra de los congresistas de la CICP, en la que habría participado activamente el exministro Bonilla. No solamente esos registros audiovisuales hacen parte del expediente, sino también testimonios de personas cercanas al círculo de los altos funcionarios del gobierno e informes de policía judicial que han corroborado en buena parte la veracidad de los testimonios de Benavides, López y Pinilla. Tras la vinculación directa que hizo la Fiscalía esta semana de la presunta participación de Bonilla en la gestión para entregarles tres contratos a los seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria, sus abogados salieron en su defensa.
A través de un comunicado señalaron. “Siempre existió una actuación legal y transparente por parte del exministro Ricardo Bonilla. Nunca impartió instrucciones para direccionar contratos ni para beneficiar a personas o congresistas”. Además de hacer una explicación técnica sobre por qué el Ministerio de Hacienda no ejecuta procesos de contratación y no ordena gasto, los abogados agregaron que “Cualquier actuación irregular de terceros no fue consultada ni autorizada por el exministro (...) No hay una sola evidencia de beneficio o instrucción indebida. No existe prueba de que haya dado instrucciones que generaran beneficios particulares o afectación al patrimonio público”. El comunicado concluye que el exministro, quien renunció en medio de este escándalo de corrupción, está presto al llamado de las autoridades.
Luis Fernando Velasco, exministro del Interior
El capítulo de los exministros presuntamente involucrados en el entramado de corrupción de la Ungrd también tiene un apartado especial para el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Desde que arrancó el escándalo, con las primeras declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla en la Fiscalía, durante el primer semestre de 2024, se supo que uno de los salpicados era Velasco y quien, como Bonilla, todavía estaba vinculado al gobierno Petro. Su caso tiene varias similitudes al del exministro de Hacienda, no solo en su defensa, sino en evidencias y pruebas en su contra. El exdirector de la Ungrd fue de los primeros en contarle al búnker que las órdenes de comprar a congresistas se habrían dado en reuniones que él bautizó como “cónclaves”. En ellas, según Olmedo López, participaron, entre otros, Velasco y Bonilla.
En varias audiencias en medio de las investigaciones, la propia Fiscalía ha dicho que en el marco de esos encuentros, funcionarios de la talla de Velasco fueron quienes dieron al orden de “utilizar recursos y contratos de la Ungrd para sobornar a congresistas”. Esa misma afirmación la recogió la Corte Suprema de Justicia en el documento en el que soportó su decisión de ordenar la captura de Name Vásquez y Calle Aguas. Según el alto tribunal, Olmedo López ha entregado detalles de esas reuniones, por ejemplo, que el 27 de noviembre de 2023, el propio Velasco le explicó a sus colegas que una “Comisión del Congreso, para sacar adelanta la reforma a la salud, le estaba pidiendo en contratación $80.000 millones para los congresistas” y que fue el propio López quien planteó realizar una oferta de $35.000 millones”.
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Además de los “cónclaves”, las autoridades tienen registros de otras reuniones en las que presuntamente participó Velasco y que habrían sido claves para concretar el plan criminal. La Fiscalía, por ejemplo, ha dicho que en dos de las cuatro reuniones en las que, al parecer, Bonilla estuvo al tanto de la compra de congresistas de la CICIP, también participó el exministro del Interior. El ente investigador reveló que en una de ellas “se acordó que las personas que tenían que gestionar en la Ungrd los contratos para los parlamentarios eran el ministro Velasco y Jaime Ramírez”, el enlace de la Presidencia en el Congreso. En otra, refirió la Fiscalía, María Alejandra Benavides fue clara en advertirle a su superior, en presencia del entonces ministro del Interior, que estaba siendo presionada por un congresista, que pedía las mismas dádivas que los demás.
La Fiscalía explicó que, al parecer, Benavides recibió “el aval del entonces ministro Bonilla”, en presencia de Velasco. Además de su presunta participación en las reuniones, la Fiscalía también tiene evidencias de que el propio exministro le habría dado la orden a Olmedo López de direccionar un contrato para favorecer al congresista Julio Elías Chagüi Flórez, por un valor aproximado de $35.000 millones. Este hecho es del que menos tienen información las autoridades, pero que ha sido reseñado por la propia Fiscalía en audiencias de imputación de cargos. Velasco ha insistido en que no tiene nada que ver en estos hechos y que las versiones del exdirector de la Ungrd no son ciertas. “Para mí y mi equipo jurídico será fácil demostrar las mentiras de Olmedo”, agregó en entrevista con El Tiempo en marzo pasado.
Carlos Ramón González, exdirector del Dapre
Mientras las pesquisas contra Bonilla y Velasco los sitúan como los presuntos determinadores de los contratos para aceitar a los congresistas de la CICP, las investigaciones contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), señalan que habría sido el cerebro para concretar las dádivas para comprar al ahora suspendido senador Iván Name Vásquez. En su contra han hablado tanto Olmedo López como Sneyder Pinilla y la Corte Suprema les ha dado toda la credibilidad. Uno de los hechos claves que tienen en líos a este alfil del presidente Petro, quien lo conoce desde su militancia en la guerrilla del M-19, es una reunión en septiembre de 2023 en la que, según el exdirector de la Ungrd, González dio la orden de entregarle un soborno de $3.000 millones al detenido congresista.
Según el expediente en contra de Name y Calle que reposa en la Sala de Instrucción, González había realizado estas actuaciones ilegales con la ayuda de una vieja conocida, no solo de él, sino del expresidente del Senado: Sandra Ortiz, para ese momento Consejera Presidencial para las Regiones. Esta otra exfuncionaria de la Casa de Nariño está presa por presuntamente haberle dado esa millonaria dádiva a Name en su apartamento en Bogotá y por haber gestionado el soborno de $1.000 millones que habría recibido Calle en Montería (Córdoba). Sobre esa reunión de septiembre de 2023, Olmedo López le dijo a la Fiscalía que recibió de boca de González la orden de sobornar a los expresidentes del Senado y Cámara para conseguir su ayuda en el trámite y aprobación las reformas al sistema de salud y al pensional.
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Además de los indicios de su presunta participación en la orden de entregar sobornos a Name y Calle, Carlos Ramón González también habría participado de los “cónclaves”, referidos a la Fiscalía por Olmedo López. La semana pasada, el ente investigador logró una importante victoria en un proceso que le estaba impidiendo acceder a evidencia que sería clave para el expediente contra el exdirector del Dapre. La Corte Suprema de Justicia le dio su aval a un arsenal de pruebas que había recolectado la fiscal del caso, María Cristina Patiño, y que la defensa de González había pedido no tener en cuenta. Entre ellas, hay registros de comunicaciones, rastreos financieros, migratorios, digitales y geográficos, y lo más importante: las grabaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Nariño.
¿Por qué son importantes? Porque le servirían a la Fiscalía para probar una reunión que sostuvo el exdirector del Dapre en su oficina, con Sandra Ortiz y Olmedo López en la que, al parecer, el primero le habría dado la orden a este último de sobornar a Iván Name. González, cuando fue requerido por la Corte Suprema, explicó que nunca dio una instrucción de este tipo, pero confesó que sí tenía una relación de amistad, tanto con Sandra Ortiz, como con Name, pues los tres fueron miembros del Partido Verde. Para el alto tribunal, esos viejos lazos de amistad también serían indicio de la necesidad que tenían los dos exfuncionarios del gobierno de conseguir el apoyo del senador en los proyectos de su administración. “No se veía bien que siendo del Partido Verde, González y Ortiz no lograran convencer a Name”, señaló la Corte.
Jaime Ramírez Cobo, el enlace de la Presidencia en el Congreso
Al igual que Carlos Ramón González, Jaime Ramírez Cobo, quien fuera el enlace de la Presidencia en el Congreso, salió del país en medio de esta tormenta de investigaciones judiciales. El exfuncionario del Palacio de Nariño salió hacia España en marzo de este año, ocho días después de renunciar a su cargo. La Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia lo tienen referenciado como un eslabón en el entramado ilegal que, por órdenes de altos funcionarios del gobierno Petro, habrían aceitado a congresistas de la CICP a cambio de que votaron millonarios créditos para la Nación. Sobre su presunta participación, la Fiscalía ha señalado que participó de varias reuniones con el exministro de Hacienda y del Interior, en las que presuntamente recibió la orden de gestionar los contratos que estaban exigiendo los congresistas.
Además, el ente investigador señaló esta semana que tiene pruebas de que 11 de diciembre de 2023, justamente cuando el gobierno estaba buscando los votos a favor de los seis congresistas de la Comisión, Ramírez Cobo le dijo a María Alejandra Benavides que ya había recibido la autorización del exministro Bonilla para agilizar los contratos. Además, que el propio alto funcionario le “entregó un sobre sellado que tenía una tabla con los nombres de los proyectos regionales (los contratos) suministrados por los congresistas con su valor”, apuntó la Fiscalía. Además de esta conversación, en la Corte Suprema reposa una bitácora de chats que el exfuncionario de la Presidencia se cruzó con Benavides a finales de 2023, en el que habría quedado el paso a paso de cómo se gestó la compra de los seis congresistas de la CICP.
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Para ello, ha dicho la Fiscalía, la gestión de Ramírez Cobo con los exdirectivos de la Ungrd habrían sido claves. Sneyder Pinilla también entregó información clave del rol que habría jugado este exfuncionario, quien rindió indagatoria ante el búnker el pasado 22 de enero. Al parecer, el ente investigador le ofreció un principio de oportunidad a cambio de que entregue toda la información que sabe sobre la presunta participación de los exministros Bonilla y Velasco en este entramado de corrupción. El exfuncionario no ha dado declaraciones a la prensa ni ha dicho cuál es su posición frente a los señalamientos que terminaron involucrándolo en este extenso y delicado expediente judicial.
César Manrique Soacha
Desde que la Fiscalía le imputó cargos a Olmedo López, exdirector de la Ungrd, en agosto del año pasado, quedó claro que el entonces director del Departamento de la Función Pública, César Manrique Soacha, habría sido una de las cabezas del entramado corrupto que se gestó entre altos funcionarios, la Ungrd y congresistas. Según la investigación que arrancó el búnker, con los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, entre mayo de 2023 y marzo de 2024, Manrique habría facilitado el traslado de $100.000 millones desde la Agencia Nacional de Tierras (ANT) hacia la Unidad, con el objetivo de adjudicar contratos a empresarios cercanos a cambio de coimas del 7 % por cada contrato, es decir, $7.000 millones. Estos contratos incluían la adquisición de plantas desalinizadoras, tanques de almacenamiento, molinos y carrotanques.
Además, la Fiscalía sostuvo en una audiencia en agosto del año pasado que Manrique también habría recomendado la designación de Luis Carlos Barreto como subdirector de la Ungrd, al parecer para ejecutar este plan criminal. Este último ya fue imputado y enviado a prisión mientras avanzan las investigaciones en su contra. En contra de Manrique, el búnker no solo tiene las confesiones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, sino que ya tiene claros al menos siete contratos que fueron financiados por más de $96.000 millones con recursos de la ANT. El más jugoso se habría firmado por $42.426 millones. A este entramado criminal, lo bautizaron bajo el nombre de “Plan 100 mil”, y, como parte de su colaboración con la justicia, Pinilla entregó los chats que probarían cómo se habría cuadrado cada uno de los contratos y sus coimas.
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Aunque Manrique se mantuvo en su cargo al menos tres meses en medio de los señalamientos en su contra, el noviembre del año pasado renunció. En entrevista con este diario en agosto de 2024, el entonces director de la Función Pública refirió que su defensa está consignada en un comunicado del pasado 25 de julio: “Con el fin de aclarar estos hechos y demostrar mi inocencia solicitaré a la Fiscalía que se me escuche y se pueda demostrar que no participé ni tengo ningún tipo de responsabilidad sobre las acusaciones hechas en mi contra”. La Fiscalía todavía no ha llamado a indagatoria a este alfil del gobierno Petro.
En noviembre pasado, la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a cinco congresistas y a un exrepresentante a la Cámara, por presunta participación en el escándalo de la Ungrd. De todos ellos, solo la senadora Liliana Bitar (Partido Conservador) ha hablado ante la autoridad judicial.
Los demás, todos de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, Juan Pablo Gallo (Liberal), Wadith Manzur (Conservador), Julián Peinado (Liberal), Karen Manrique (Curul de paz) y el excongresista Juan Diego Múñoz (Alianza Verde), optaron por guardar silencio durante sus diligencias.
En su momento, los procesados que no quisieron hablar, todos citados en diciembre del 2024, señalaron que fuera citado primero el exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, a quien esperan contrainterrogar para esclarecer la investigación.
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