Ungrd: se desenreda la supuesta participación de exfuncionarios del gobierno Petro

El siguiente fue Ricardo Bonilla González. El exministro de Hacienda de Gustavo Petro es el último alto alfil del gobierno en ser llamado a una imputación de cargos por la Fiscalía por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd). El ente investigador le va a imputar dos delitos: tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos, según confirmó María Cristina Patiño, fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Un llamado a esclarecer su supuesto papel en el desfalco a la entidad pública que se conoce justo cuando la justicia está terminando de revisar principios de oportunidad y preacuerdos a los que se han acogido varios procesados.

El llamado al exfuncionario y hombre de confianza del primer mandatario se esperaba desde hace meses, pues sus constantes menciones en el expediente dejaron entrever que sus órdenes habrían sido claves para que se cometieran irregularidades en la entrega de contratos a congresistas. El nombre de Bonilla quedó bajo la lupa de la Fiscalía por los testimonios de confesos responsables como Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo del Riesgo de la entidad. Ambos señalaron al exministro de, presuntamente, haber cuadrado tres contratos por $92.000 millones para favorecer a seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (Cicp). Todo, dicen los testigos, a cambio de sus votos para aprobar altos créditos internacionales para la nación.

Esos convenios, según las pesquisas del ente investigador, iban dirigidos a tres regiones en particular con el fin de atender supuestas emergencias producidas por la temporada de lluvias en el país. El primer contrato estaba destinado para el municipio de Cotorra (Córdoba), por $44.522 millones; el segundo tenía como destino Saravena (Arauca), por $32.559 millones, y el tercero estaba dirigido al Carmen de Bolívar (Bolívar), por un total de $12.356 millones. En estos contratos se habrían interesado los congresistas Wadith Manzur Imbett, Liliana Bitar Castilla (Partido Conservador), Julián Peinado Ramírez, Juan Pablo Gallo Maya (Partido Liberal), Karen Manrique Olarte (Citrep) y Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde). Los seis ya fueron llamados a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con la fiscal Patiño, quien ha liderado la investigación desde el búnker, fueron varias las personas que declararon en contra del exministro Bonilla, pero no entregó nombres concretos. Sin embargo, además de López y Pinilla, María Alejandra Benavides Soto, quien fuese su exasesora en el ministerio, también ha declarado en contra de su exjefe. La exfuncionaria señaló que Bonilla habría tenido pleno conocimiento de la entrega de contratos a los legisladores. Incluso fue más allá y mencionó ante investigadores de la Fiscalía que todos esos movimientos necesitarían de su autorización. “Él me usó, Él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda, que a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso lo necesitaban allá adentro”, le dijo Benavides a la entidad.

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Benavides Soto fue imputada el 8 de mayo por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. De acuerdo con la Fiscalía, ella habría sido determinante para gestionar los convenios para los congresistas, junto a Jaime Ramírez Cobo, enlace del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), entidad que para entonces dirigía Carlos Ramón González Merchán, con el Congreso. La exasesora, sin embargo, negocia un principio de oportunidad con el ente investigador, con el que busca beneficios a cambio de sus aportes a la investigación, y el cual será radicado a finales de esta semana para que un juez decida si es viable o no. Según conoció este diario, una vez se defina el futuro del principio, se agendará la audiencia de imputación contra Bonilla.

Pero el exjefe del Ministerio de Hacienda no es el único que está en la agenda del ente investigador. González Merchán, exdirector del Dapre y de la Dirección Nacional Inteligencia, imputado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos y peculado por apropiación en favor de terceros —cargos que no aceptó—, también tiene cuentas pendientes con la justicia. Pese a que la audiencia de imputación en su contra ya se celebró, el exfuncionario se encuentra fuera del país y debería llegar antes de este viernes 6 de junio, pues la Fiscalía pedirá una medida de aseguramiento en su contra. “Si no se presenta en ese escenario, se podría emitir circular roja de Interpol”, comentó a este diario una alta fuente judicial de la entidad.

La Fiscalía señala a González de ser uno de los cerebros del desfalco a la Ungrd en un hecho particular: el soborno a los expresidentes del Senado, Iván Name Vásquez, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle Aguas. El pasado 7 de mayo, la Corte Suprema dictó orden de captura en contra de ambos funcionarios, quienes insisten que probarán su inocencia ante el alto tribunal. De acuerdo con las investigaciones, el exdirector del Dapre habría ordenado que se adjudicaran contratos desde la Ungrd por $60.000 millones para Name y de $10.000 millones para Calle, todo con el fin de darle trámite a las denominadas reformas sociales del gobierno Petro.

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La entrega de esos convenios no se materializó y, entonces, los congresistas recibieron un soborno de menor cuantía: $3.000 millones para Name y $1.000 para Calle. Ese dinero, según el ente investigador, salió del sobrecosto al contrato de los carrotanques para La Guajira, que fue de más de $14.000 millones. A este caso se le sumó un ingrediente adicional por cuenta de Sandra Ortiz Nova, exconsejera para las Regiones, quien se encuentra detenida y procesada por supuestamente haber sido la encargada de entregar la coima a Name. Aunque ha intentado negociar, el ente investigador sostiene que la información que ha entregado a cambio de beneficios ha sido “descontextualizada y sin sustento”, como lo afirmó la fiscal Camargo.

Otra negociación, al parecer en problemas, es la de Olmedo López. El exdirector aseguró sentirse “abandonado” por el ente investigador, luego de que un juez negara el preacuerdo que firmó con la entidad. La fiscal Camargo aseguró que ese argumento es “injustificado”, mientras que María Cristina Patiño, la investigadora que lleva el caso, precisó que el exdirector de la Ungrd “no es una víctima en el proceso, sino un victimario confeso”. De acuerdo con la fiscal delegada, Olmedo López no ha firmado la matriz de colaboración que lo acredita como testigo de la Fiscalía, la cual se habría podido firmar desde marzo. La fiscal recordó que, tras la decisión del juez de negar el principio de oportunidad, la Fiscalía respaldó la apelación de la defensa.

Estos días serán determinantes para definir el futuro judicial de altos exfuncionarios del gobierno Petro. El próximo viernes será crucial, pues se definirá la situación de María Alejandra Benavides y, por ende, iniciará el camino del exministro Bonilla ante la justicia. También se conocerá si Carlos Ramón González vuelve a Colombia. Entretanto, la Fiscalía sigue adelantando investigaciones que podrían poner contra las cuerdas a otros exministros, como el de Interior, Luis Fernando Velasco, de quien la Fiscalía asegura tener pruebas sobre un supuesto intento de soborno al senador Julio Elías Chagüi. “Estamos en labores de corroboración (...) los tiempos de la justicia no son tan rápidos porque hay que hacer verificaciones que impliquen no cometer injusticias”, concluyó la fiscal Patiño.

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