Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
De nuevo Carlos Ramón González, uno de los alfiles del presidente Gustavo Petro y salpicado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), tuvo una cita con la justicia por su presunta participación en el entramado de corrupción de la entidad. En la mañana de este martes 17 de junio, un juez del Tribunal Superior de Bogotá escuchó los argumentos de la defensa, en contra de la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía la semana anterior.
Durante casi tres horas, el abogado Iván Cancino, defensor de Carlos Ramón González, hizo una exposición de las razones para negar las pretensiones de la Fiscalía. Argumentó que el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), no está evadiendo a la justicia ni hay motivos de peso por los que deba ser puesto tras las rejas, mientras avanzan las investigaciones sobre su presunta participación en el caso.
Lea también: Ungrd: se desenreda la supuesta participación de exfuncionarios del gobierno Petro
El juez decidió suspender la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, dado el volumen de los argumentos expuestos por la defensa del exalto funcionario y la necesidad de evaluar la información entregada. La continuación de la diligencia quedó programada para el jueves 3 de julio, a partir de las 9:00 de la mañana.
Los argumentos del exdirector del Dapre
Desde el inicio de la diligencia, el abodado Cancino fue claro en su postura: Carlos Ramón González, según él, no tiene nada qué ver con el entramado de corrupción al interior de la Ungrd. Incluso inició su exposición de argumentos con una frase que luego ratificó, al decir que Olmedo López y Sneyder Pinila, exdirectivos de la entidad, solo querrían ensuciar su nombre a través de las negociaciones que han concretado con la Fiscalía: “El derecho no puede ser utilizado como carnada para enlodar inocentes”, dijo.
A renglón seguido, el abogado dijo que, si bien en Colombia hubo “una banda dedicada a defraudar al Estado a través de la Ungrd”, su cliente no habría hecho parte de ese grupo. “Hay claras y serias deficiencias y probatorias, gravísimas contradiccones en las declaraciones rendidas por el señor Olmedo López, único testigo que la Fiscalía tiene para pedir esta imputación y medida de aseguramiento”.
Le puede interesar: Carlos Ramón González no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía
Agregó que los argumentos del López “son como un castillo en una tormenta” y solo busca con ellos sustentar el principio de oportunidad al que llegó tras negociar con la Fiscalía y entregar información sobre el funcionamiento de la red de corrupción al interior de la entidad que tenía a su cargo. “El cómo, el quién y el cuándo de esta medida son un invento de los verdaderos implicados para enlodar a una persona inocente”, dijo el abogado Cancino.
También justificó el origen de los recursos y propiedades de González, según él, fruto de negocios personales y no de actividades ilícitas, como la desviación de recursos de entidades públicas. Además, agregó que es poco probable que entre González y López se hubiese fraguado un negocio del tamaño del desfalco a la Ungrd, pues tenían poca relación por cuenta de los viajes del exdirector de la entidad, fuera de Bogotá.
Contenido relacionado: Carlos Ramón González: de alfil de Petro a investigado por corrupción en la Ungrd
Sobre el sitio en el que se encuentra González, que al parecer sería Managua (Nicaragua), la defensa del exdirector del Dapre dijo que la Fiscalía llegó a esa información a través de métodos “ilegales, no ilícitos”. Y aunque el abogado Cancino no profundizó en esa aseveración, aseguró que los movimientos migratorios de González son regulares y que no busca evadir a la justicia.
En todo caso, será el juez el único encargado de darle la razón o no a lo expuesto por el abogado del exdirector del Dapre y uno de los hombres de confianza del presidente Petro, para así definir si se va a la cárcel mientras avanza el proceso o si sigue en libertad.
Los señalamientos a González
González, quien era uno de los hombres más cercanos al presidente Petro y vecino de la oficina del mandatario en la Casa de Nariño, ahora está imputado por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. Las versiones entregadas por Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd, lo pusieron en el tablero de salpicados por este caso.
López y Pinilla le dijeron en su momento a la Fiscalía que González habría sido el cerebro del desfalco a la entidad encargada de atender las emergencias en el país. Directamente de él habría salido la orden de entregar coimas y dádivas a congresistas para abrirle camino a los proyectos del Gobierno Nacional en el Congreso, como los conceptos de crédito emitidos por el Ministerio de Hacienda y que salpicaron a otros congresistas.
Más contenido: Ricardo Bonilla y los otros pendientes de la Fiscalía en el caso de la Ungrd
Según la información recopilada por las autoridades, González habría ordenado sobornar con $3.000 al hoy suspendido congresista Iván Name, quien para entonces era el presidente del Senado. Sustento de ello serían las pruebas de una supuesta reunión realizada en septiembre de 2023, cuyo objetivo, además de ordenar la entrega de coimas, habría sido dejar clara la importancia de destrabar las reformas pensional y a la salud en el Congreso.
También González sería el hombre detrás de la orden de entregarle $1.000 millones a Andrés Calle, entonces presidente de la Cámara de Representantes y hoy privado de la libertad por su vinculación al escándalo de corrupción. Otro personaje clave en el caso habría permitido que se fraguara el movimiento de las coimas y sobornos, también recluida en una guarnición militar: Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones.
Lea: Caso Ungrd: Fiscalía rastrea cuentas bancarias y celulares de Carlos Ramón González
Con los materiales probatorios en sus manos —entre ellos registros de comunicaciones, rastreos financieros, migratorios, digitales y geográficos, y las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Casa de Nariño—, sumados a los testimonios de los exdirectivos de la Ungrd, se le enreda aún más el camino a González, quien ha asistido de forma virtual a las audiencias, pues desde marzo de este año salió del país y aún no es claro dónde está.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
