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La Fiscalía General de la Nación, ante un juzgado especializado de Bogotá, sustentó la negociación que adelanta con el exsubdirector para el Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Sneyder Pinilla Álvarez. El exfuncionario, señalado de ser uno de los cerebros del desfalco a esa entidad, devolvió un total de $618 millones, que corresponde a los recursos que se apropió.
Desde su reclusión en una guarnición militar, Pinilla Álvarez negoció un preacuerdo con el ente investigador, en el que se comprometió no solo a devolver el dinero robado, sino también a seguir colaborando con la justicia para desmantelar en entramado corrupto. El preacuerdo se dio por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación, por lo que obtendrá una rebaja del 45% de la pena, es decir, cinco años y ocho meses de prisión.
Durante la sustentación del ente acusador, realizada por la fiscal María Cristina Patiño, quien dirige el grupo de tareas especiales para el caso Ungrd, se puso de presente que Pinilla fue el primero de todos los vinculados a la investigación en tener intención de revelar los hechos que llevaron a que se destaparan hechos de corrupción al interior de la entidad encargada de atender desastres, y entregar otros nombres de quienes habrían participado en el desfalco.
Para la representante de la Fiscalía, los detalles que entregó Pinilla fueron claves para expandir el caso y llegar a otros nombres de altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro y congresistas. Dentro del paquete de nombres figuran Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones y la ficha más importante del Ejecutivo en ir a prisión por el escándalo; Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y de Inteligencia; Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda; Luis Fernando Velasco, exministro del Interior y legisladores como Iván Name, Andrés Calle, Wadith Manzur, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Diego Muñoz.
El testimonio de Pinilla Álvarez fue uno de los elementos que utilizó la Fiscalía para imputar a Sandra Ortiz por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Según el exfuncionario de la Ungrd, ella habría sido la conexión entre el entonces presidente del Senado, Iván Name, para entregarle a él un soborno de $3.000 millones. El congresista ya ha comparecido ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia sobre esos señalamientos, los cuales dice que son falsos.
“La Fiscalía otorga el descuento del 45 % de la pena, en consideración a la calidad de la información y su eficacia brindada por el imputado, a efectos de continuar con el esclarecimiento de los hechos y lograr declaraciones de responsabilidad penal de otros actores en la investigación”, señaló el ente investigador durante la sustentación del caso.
El ente de control que dirige Luz Adriana Camargo se alista también para sustentar el preacuerdo suscrito con Luis Eduardo López Rosero, conocido como El Pastuso, quien se quedó con millonarios contratos con la Ungrd a través de varias de sus empresas. Uno de esos, por ejemplo, fue el convenio para llevar 40 carrotanques con agua potable a La Guajira por un valor de $46.800 millones, generando un sobrecosto de más de $14.160 millones.
López Rosero debe devolver un total de $7.722 millones, que corresponde al monto que se apropió a través de la contratación ilegal con la entidad. La diligencia quedó aplazada para el 4 de junio mientras El Pastuso reintegra esa cantidad de dinero, la cual ya se habría gastado.
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