El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena contra el exrepresentante de ventas de la Corporación Mixta Integral Yapurutú, Francisco Javier Estupiñán Bravo, por su participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Sin embargo, ajustó su pena a nueve años, 11 meses y 27 días de prisión. El hombre fue condenado por los delitos de peculado por apropiación en favor propio y de terceros, e interés indebido en la celebración de contratos.
Según detalló la Fiscalía, la investigación, adelantada por un equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, determinó que el hoy sentenciado intervino en el direccionamiento y la adjudicación irregular de una orden de proveeduría de la Ungrd en favor de Yapurutú. El contrato ascendió COP 29.000 millones y tenía por objeto el suministro de 40 carrotanques para La Guajira.
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El ente investigador agregó que Estupiñán Bravo anexó una certificación que garantizaba la disponibilidad y entrega inmediata de los vehículos, información que no correspondía con la realidad. “Con base en esos documentos, entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 el procesado, junto con otros intervinientes, tramitó desembolsos por COP 25.375 millones, pese a que los carrotanques permanecían en etapa de ensamblaje”, detalló la Fiscalía.
Asimismo, el ente acusador señaló que durante ese proceso se presentaron sobrecostos por COP 11.114 millones. “De este monto, el procesado y el representante legal de Yapurutú se apropiaron de COP 4.330 millones y favorecieron a terceros para que se quedaran con COP 6.784 millones adicionales”, aseveró.
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Además de la pena impuesta, el exrepresentante de ventas Estupiñán Bravo recibió una inhabilidad por el mismo periodo para el ejercicio de derechos y funciones públicas. También deberá pagar dos multas: una de COP 5.000 millones, correspondiente a los dineros apropiados, y otra equivalente a 82,4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, cerca de COP 144 millones.
Por otra parte, un juez de control de garantías de Bogotá avaló el principio de oportunidad celebrado entre Estupiñán Bravo y la Fiscalía, “en el que el procesado se comprometió a aportar información sobre otros intervinientes en los hechos de corrupción que se le atribuyen, reparar económicamente los perjuicios causados y construir una obra de infraestructura conmemorativa para cada una de las comunidades indígenas reconocidas como víctimas”.
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En ese sentido, según explicó el ente acusador, “con la colaboración cesa de manera parcial la acción penal en su contra por los delitos de falsedad ideológica en documento público, agravada por el uso, y falsedad en documento privado”.
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