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Entre enero y julio de 2026, la Defensoría del Pueblo registró un total de 17.892 personas que se vieron obligadas a desplazarse para proteger sus vidas. La entidad manifestó su preocupación al señalar que el desplazamiento y el confinamiento continúan limitando los derechos fundamentales de miles de personas en Colombia, especialmente en territorios afectados por el conflicto armado y otras formas de violencia.
Según indicó la Defensoría, durante los primeros siete meses del año se registraron 99 hechos de desplazamiento forzado en el país. De estos, 12 fueron considerados eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 1.711 personas.
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El ente señaló que los departamentos con mayor número de hechos de desplazamiento fueron Cauca, con 588 (3.278 personas afectadas); La Guajira, con 370 ; Norte de Santander, con 295 (4.149 personas afectadas); Antioquia y Nariño, con 206, y Valle del Cauca, con 46 (un total de 3.278 personas desplazadas).
Además, la entidad detalló que entre enero y julio de 2026 se registraron 51 eventos de confinamiento en Colombia, que limitaron la movilidad de 72.827 personas. Los más afectados fueron Chocó, con 13.896 personas; Putumayo, con 12.646; Caquetá, con 11.641, y Cauca, con 10.672.
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La Defensoría también registró que, durante los primeros siete meses de este año, 56.072 personas transitaron de manera irregular por el país. De este total, el 98,8 % eran venezolanos, el 0,3 % ecuatorianos, el 0,2 % dominicanos y el 0,1 % peruanos.
El pasado 4 de junio, el Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) alertó que Colombia, Ecuador y Honduras se encuentran entre las diez crisis de desplazamiento más desatendidas del mundo en 2025. Según alertó la entidad, Colombia sigue siendo uno de los países más afectados por el desplazamiento interno a nivel mundial.
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En el caso de Colombia, los conflictos armados agravan esta situación: las amenazas, la extorsión, el reclutamiento forzado y el control territorial han obligado a miles de familias a huir de sus hogares para proteger sus vidas. En su momento, Stine Paus, directora para América Latina del NRC, señaló: “En Colombia, Ecuador y Honduras, las personas se ven obligadas a huir, no por incidentes aislados, sino porque la violencia y el miedo se han convertido en parte de su vida cotidiana”.
La NRC aseveró que, en toda la región, esta forma de desplazamiento recibe poca atención. Asimismo, mencionó que el fenómeno se desarrolla de forma gradual, en movimientos fragmentados que rara vez captan la atención mediática o política. Esta falta de visibilidad contribuye a que la financiación sea limitada.
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