El Catatumbo atraviesa la emergencia humanitaria más grave registrada en Colombia desde que existen datos oficiales. Así lo reveló un informe de la Defensoría del Pueblo, que documenta el impacto devastador de la intensificación del conflicto armado entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las extintas Farc. Entre el 16 de enero y el 28 de abril de este año, al menos 64.783 personas fueron desplazadas forzosamente, 117 fueron asesinadas, y 12.913 permanecen en situación de confinamiento.
El informe detalla que la disputas de estos dos grupos por el control territorial y las economías ilegales ha escalado en intensidad, utilizando tácticas de guerra no convencionales que han puesto a la población civil en el centro del conflicto. Al ser frontera con Venezuela, la subregión del Catatumbo (Norte de Santander) se convierte en un escenario clave para estros grupos y sus rutas de narcotráfico, las cuales alimentan la cadena de cultivos ilícitos.
La magnitud de la crisis se hace aún más evidente si se compara con los datos de desplazamiento interno a nivel nacional durante todo el año 2024, cuando se registraron 25.611 personas desplazadas en Colombia. La cifra actual del Catatumbo, obtenida solo entre enero y abril de 2025, casi triplica ese número, lo que convierte a esta zona en el principal epicentro de desplazamiento forzado en el país.
Lea: El informe que revela los abusos de las disidencias para someter al Catatumbo
Según la Defensoría, la respuesta del Estado colombiano, que incluyó la declaratoria de conmoción interior, no ha logrado contener las hostilidades ni garantizar la protección efectiva de las comunidades. Los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales han dejado a su paso un rastro de violencia que incluye uso de drones explosivos, instalación de minas antipersonal, presencia de armamento en zonas cercanas a escuelas y viviendas, además de múltiples agresiones contra mujeres, niñas y comunidades indígenas.
La entidad nacional de derechos humanos identificó tres escenarios críticos de riesgo que agravan la situación: el primero la intensificación de la disputa territorial. En municipios como Tibú y El Tarra (Norte de Santander) se ha incrementado el uso de tácticas de guerra no convencionales, como ataques con artefactos explosivos improvisados, bloqueos de movilidad civil, y amenazas sistemáticas a líderes comunales.
Otro foco es la consolidación territorial del ELN. El grupo insurgente ha afianzado su control en zonas de Ocaña, Convención y Sardinata (Norte de Santander), imponiendo normas de conducta a la población, restringiendo libertades fundamentales y reemplazando la institucionalidad estatal. Finalmente, la Defensoría advierte un riesgo de incursión del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Existe preocupación por una posible expansión de este grupo armado desde el sur del Cesar, Bolívar y Magdalena Medio hacia el Catatumbo, lo que podría agravar aún más la violencia en la región.
Violaciones masivas a los derechos humanos
El informe detalla que, además del desplazamiento y el confinamiento, la población ha sido víctima de otras graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Organizaciones han documentado casos de violencia sexual, trata de personas y trabajo forzado, con al menos 62 mujeres que han denunciado estas agresiones.
En contexto: Redes de explotación sexual: las denuncias de mujeres desplazadas en el Catatumbo
También persisten los casos de reclutamiento forzado de menores: entre enero y febrero de este año, fueron desvinculados 42 niñas, niños y adolescentes de grupos armados. Las comunidades indígenas, especialmente el pueblo Barí, enfrentan riesgos de exterminio físico y cultural por el asedio constante de actores armados.
La Defensoría al igual señaló que existe una desprotección generalizada hacia líderes sociales y defensores de derechos humanos, que enfrentan amenazas, desplazamiento y asesinatos. El informe resalta con especial preocupación la situación de los firmantes del Acuerdo Final de Paz.
Para diciembre de 2024, había 464 excombatientes en proceso de reincorporación en la región del Catatumbo. Sin embargo, en marzo de 2025 solo permanecían 41 en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) Caño Indio.
Del total, 223 han sido desplazados junto con sus familias, 172 se encuentran en confinamiento, 18 fueron trasladados por motivos de seguridad, seis han sido asesinados y dos están desaparecidos. Este panorama refleja una crisis en las garantías de seguridad para quienes apostaron por la paz y la legalidad.
Ante la crisis que no ha resuelto el estado de conmoción interior declarado el pasado 24 de enero, la Defensoría del Pueblo presentó una serie de recomendaciones urgentes dirigidas al Gobierno Nacional, autoridades territoriales y cooperación internacional, con el objetivo de responder de manera integral a la crisis humanitaria. La entidad instó a implementar sin dilaciones el Pacto Social del Catatumbo, contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo, como guía para restablecer los derechos vulnerados en la región.
Lea también: Corte Constitucional tumbó parte del decreto de estado de conmoción en Catatumbo
Entre las medidas clave, la Defensoría pidió garantizar el retorno digno y seguro de las personas desplazadas, fortalecer los mecanismos de protección para comunidades en riesgo y reforzar la presencia de la Fuerza Pública, con estricto respeto al Derecho Internacional Humanitario y a los derechos fundamentales de la población civil. Además, se insistió en ampliar las rutas de protección para firmantes del Acuerdo de Paz, líderes sociales y pueblos étnicos, bajo un enfoque territorial y diferencial.
Asimismo, se recomendó reactivar e implementar planes integrales en materia educativa, de desminado humanitario y de prevención del reclutamiento forzado, con énfasis en la niñez indígena, una de las más afectadas por la violencia. Finalmente, la Defensoría subrayó la necesidad de garantizar el apoyo institucional a la Fiscalía General de la Nación, para que avance en las investigaciones penales y lleve a los responsables de estas violaciones a responder ante la justicia.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, enfatizó la necesidad de una respuesta articulada del Estado: “Estamos convencidos de que, si actuamos de manera coordinada y positiva entre todas las instituciones del Estado, no solo la fuerza pública, también las autoridades territoriales, las autoridades del Gobierno Nacional que tienen programas sociales, los organismos de control, y además de manera inteligente y asertiva y conociendo el contexto, podemos empezar a reversar esta situación; tenemos oportunidades y obligaciones como autoridades”.
Finalmente, la Defensoría hizo un llamado urgente a la sociedad civil y a la comunidad internacional para redoblar esfuerzos frente a una crisis que amenaza con prolongarse si no se toman medidas estructurales. La funcionaría concluyó que la prioridad debe ser garantizar la vida, la dignidad y los derechos de las más de 70.000 personas que hoy están atrapadas entre la guerra económica de estos grupos armados.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
