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En la mañana de este jueves 6 de julio, se llevó a cabo la imputación de cargos contra la exministra de Transporte, Cecilia Álvarez, dentro de uno de los escándalos de Odebrecht, en el cual habría dado el aval para la celebración de dos otrosíes al contrato Ruta del Sol 2, para adicionar al proyecto vial la construcción del tramo Ocaña (Norte de Santander) – Gamarra (Cesar). La exfuncionaria del gobierno de Juan Manuel Santos ahora será juzgada por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, por los hechos ocurrido durante su trabajo como ministra.
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Durante la audiencia desarrollada ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía señaló ante el despacho que las pruebas dan cuenta de que Álvarez, entre septiembre de 2012 y agosto de 2014, con sus acciones favoreció a ciertas personas con intereses para la construcción del nuevo tramo y la instalación de peajes. Según el ente investigador, el tramo agregado no estaba relacionado con el contrato principal de la obra y era necesario tramitar una nueva licitación. Adicionalmente, el fiscal Gabriel Jaimes Durán señaló que para Ocaña-Gamarra tampoco hubo nuevos estudios ni autorizaciones con las autoridades requeridas.
El fiscal, durante la audiencia, resaltó que las principales irregularidades estuvieron en los otrosíes tres y seis, en los cuales habría un favorecimiento a la familia de la exministra Gina Parody, quien fuera pareja de Álvarez. En el tres, dice la Fiscalía “consistía en los estudios y diseños de la fase tres del tramo Aguaclara-Gamarra-Puerto Acapulco, y demás puertos ribereños localizados a una distancia de cinco kilómetros, ampliando la distancia a 5.8 kilómetros al norte, y 8.9 kilómetros al sur del municipio de Gamarra”.
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Asimismo, el ente investigar dijo que el 14 de marzo de 2014, la ANI, representada en ese entonces por Luis Fernando Andrade Moreno, y la concesionaria Ruta del Sol 2, suscribieron el otrosí seis, que tenía por objeto adicionar al contrato original las condiciones para el tramo Transversal Río de Oro-Aguaclara-Gamarra. Dichas condiciones, dice la Fiscalía, incluían la autorización del Ministerio de Transporte para el aumento de las tarifas de los peajes San Vito, Agua Negra, La Gómez, Morrison y Pialitas.
Otra condición, señala el fiscal Jaimes, era la autorización del mismo ministerio para instalar dos nuevos peajes y habilitarlos para cobros, pero dicha condición tenía que ser avalada por el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) y del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), como lo exige la ley, algo que, según Jaimes, no se cumplió en los plazos establecidos.
Por otra parte, con el otrosí seis, dice el ente investigador, se modificó el plazo del contrato principal, ampliándolo por 25 años. También, el ente investigador expresó que la ANI hizo un estudio sobre la estructura y viabilidad de los dos nuevos peajes (Gamarra y Platanal), los cuales serían construidos con el dinero que dieran los demás peajes del proyecto, a lo que, según la Fiscalía, el 22 de julio de 2014, la entonces ministra de Transporte expidió el decreto que daba luz verde.
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Durante la audiencia, el fiscal enfatizó que Cecilia Álvarez no fue partícipe de la etapa precontractual, razón por la cual aclaró que no le imputaría el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos, pero sí el de interés indebido en celebración de contratos. “Usted participó con un interés particular en actuaciones directas dentro de la operación contractual que ponen de presente un actuar doloso”, manifestó el fiscal Jaimes.
Por otra parte, el ente investigador señaló que, para la fecha de los hechos, la entonces ministra sostenía una relación con Gina Parody, quien para la época fungía como ministra de Educación, y cuyos familiares tenían intereses en el proyecto vial. Aunque Álvarez presentó impedimentos por este motivo, dice la Fiscalía, “Cecilia Álvarez termina interviniendo en los dos ministerios en varias operaciones de la Ruta del Sol 2 y el otrosí Ocaña-Gamarra”.
En la audiencia, el ente investigador sostuvo también que con esas intervenciones, la entonces ministra “favoreció el proyecto fluvial en el que tenía interés personal. Lo peor de todo es que era tanto el interés que tenía Cecilia Álvarez que intervino en sucesivas actuaciones irregulares en el contrato”, explicó Gabriel Jaimes, quien agregó que para la exministra fueron más importantes sus intereses personales que los de la Nación.
“A pesar de la ilegalidad que conocía, prefiriendo sus intereses privados, profirió resolución de concepto vinculante para dos peajes (...) Ella coadyuvó para que el pacto ilícito entre la ANI y Ruta del Sol pudiera ejecutarse”, dijo la Fiscalía durante la exposición de hechos.
De igual manera, el ente acusador dijo que “a pesar de haber declarado esos impedimentos, Cecilia Álvarez termina interviniendo en los dos ministerios en varias operaciones de la Ruta del Sol 2 y el otrosí Ocaña-Gamarra”, explicó el fiscal Gabriel Jaimes Durán, quien aclaró que, con esas intervenciones, la exministra terminó favoreciendo “al proyecto fluvial en el que tenía interés personal. Lo peor de todo es que era tanto el interés que tenía Cecilia Álvarez que intervino en sucesivas actuaciones irregulares en el contrato”.
Por este caso, la Procuraduría absolvió a Álvarez y a su pareja, la también exministra de Educación, Gina Parody. “El Ministerio Público comprobó que miembros de la familia Parody D’Echeona no eran parte de la sociedad que solicitó la concesión de puerto fluvial de Gamarra, ni de la beneficiaria de ella, como tampoco de las que la integraban”, señaló la Procuraduría. Por os hechos que señaló la Fiscalía durante la audiencia, también resultó beneficiada la multinacional brasileña Odebrecht, que se quedó con las adiciones de los contratos, hechos que no le fueron imputados a la exministra.
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