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17 Dec 2022 - 7:56 p. m.

Centro Democrático pide a la C. Constitucional tumbar iniciativa de gestores de paz

El alto tribunal, encargado de verificar que las leyes se ajusten a nuestra Constitución, cuenta con un par de demandas de representantes del Centro Democrático, quienes piden tumbar la iniciativa que podría liberar a miembros de la Primera Línea.
El representante Uscátegui es uno de los demandantes de la iniciativa de gestores de paz de la ley de "Paz Total".
El representante Uscátegui es uno de los demandantes de la iniciativa de gestores de paz de la ley de "Paz Total".
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Una vez desplegada la información por parte del Ejecutivo sobre la iniciativa de los gestores de paz, impulsada por los Ministerios del Interior, Justicia y Defensa, representantes del Legislativo tocaron las puertas de la Corte Constitucional. Miembros del Centro Democrático presentaron dos demandas, explicando que la reciente disposición del presidente Gustavo Petro podría violar la Constitución y, por tanto, necesitaría un último filtro.

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En el sistema de la Corte Constitucional ya se puede verificar la demanda del representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, quien, en principio, señaló que durante el debate de la ley conocida como de “Paz Total” hizo falta un concepto crucial: el del Consejo Superior de Política Criminal. Asegura que, durante los debates, no hubo una argumentación consolidada del consejo, necesaria, según la Constitución, para expedir leyes relacionadas con el funcionamiento de la justicia penal.

En este caso, un artículo de la ley de “Paz Total” otorga funciones al presidente Petro para, a través de resoluciones, nombrar gestores de paz que están bajo medida de aseguramiento o condenados en las cárceles del país. Entre ellos, como lo prometió el jefe de Estado, los jóvenes de la Primera Línea vinculados a procesos penales desde el estallido social de 2021. La oposición ha hecho hincapié en que jueces los privaron de su libertad por delitos tales como terrorismo y daño en bien público y privado.

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“No es lógico que, a estas instancias, el Consejo Superior de Política Criminal se niegue o se abstenga de emitir un concepto que claramente, a todas luces, incide en la política criminal del Estado colombiano y en su esencia incide en el Sistema Jurídico Penal, al inmiscuirse en las excarcelaciones de quienes en este momento sostienen una medida de aseguramiento privativa de la libertad, de tal manera que se pudiese evitar la suspicacia y la preocupación que en estos momentos tiene y manifiesta la Rama Judicial”, explicó Uscátegui.

Asimismo, el representante aseguró ante la Corte Constitucional que, con ese apartado de la ley de “Paz Total”, se estaría vulnerando el principio de separación de poderes. Esto, debido a que dependerá de lo que considere Petro liberar a quien considere idóneo para ejercer el puesto de gestor de paz. Y, como lo establece en la Constitución, son los jueves de la República los competentes para administrar justicia y decidir de la libertad o no de un detenido.

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“Si bien se piensa utilizar por parte del gobierno para liberar a miembros del grupo de la Primera Línea, que están siendo procesados o ya fueron condenados en la jurisdicción ordinaria, le abre la puerta al presidente de la República para que con posterioridad pueda liberar a cualquier detenido a su arbitrio. Eso desnaturaliza el Estado de Derecho y al ordenamiento jurídico colombiano frente a la administración de justicia”, agregó el representante del uribismo.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, por su parte, ha insistido en que la última palabra la tendrán los jueces de ejecución de penas y que, de ninguna manera, el trámite va a suponer indultos a los excarcelados. Según el jefe de cartera, quienes estén en juicio deberán participar de audiencias preparatorias y quienes estén condenados podrán buscar una segunda instancia y comparecer a sus respectivas diligencias desde la libertad.

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Asimismo, las congresistas Paola Holguín, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal anunciaron la radicación de su propia demanda, la cual, además, establece que no se está teniendo en cuenta a las víctimas de los delitos cometidos durante el paro: “Consideramos que la Constitución debe ofrecerle garantías a las víctimas que tiene el Estado colombiano la obligación de investigar, juzgar y sancionar los hechos de violencia”, concluyó Cabal.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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