La multinacional estadounidense Chiquita Brands, conocida en el mundo por la exportación masiva de banano, no quiere pagar un peso en indemnizaciones a víctimas del conflicto armado en Colombia. En junio de 2024, el Tribunal del Distrito Sur de Florida la encontró responsable en primera instancia por las consecuencias de su probada financiación con hasta US $1,7 millones a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El Espectador conoció la apelación de Chiquita, con la cual buscan tumbar el proceso y tener un antecedente a su favor de cara a los múltiples juicios pendientes.
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Según la decisión apelada, la financiación de Chiquita a la Casa Castaño, aceptada a inicios de los 2000 ante el Departamento de Justicia estadounidense, está conectada con homicidios y otros casos de violencia producida por el grupo criminal en el Urabá y el Magdalena Medio, entre 1997 y 2004. El gobierno de ese país sancionó, en 2007, a Chiquita con US $25 millones por financiar una agrupación considerada terrorista extranjera. Desde entonces, víctimas de la carrera paramilitar por apoderarse de la región, allegaron demandas individuales, buscando la responsabilidad de la multinacional por ser fuente de recursos del proyecto Castaño.
El recurso de Chiquita, redactado por la firma Blanck Rome, fue presentado ante la Corte de Apelaciones del Circuito Onceavo de Estados Unidos. La multinacional explicó que sus operaciones en el Urabá quedaron en medio de la lucha por el territorio entre guerrilleros y paramilitares, así como de la guerra antidrogas, que en los años 90 dejó más de 300.000 colombianos muertos. Entre ellos, 25 trabajadores de su filial más rentable, Banadex, quienes en 1995 fueron asesinados por las Farc. “En lugar de abandonar su fuerza laboral, Chiquita permaneció en Colombia y continuó pagando salarios y ofreciendo oportunidades”, dice la apelación.
Chiquita insistió que le pidió ayuda a la Fuerza Pública, la cual, dicen, se negó a ayudar por incapacidad de respuesta. Ante ese panorama, la empresa asegura haber accedido a pagar extorsiones a las Farc, tras consultar abogados en Derecho Internacional y firmas de seguridad externa, que dieron el aval a los pagos, entendiendo que eran para proteger la vida de los funcionarios. En otras palabras, que no era financiación, sino una extorsión. En 1997, la Casa Castaño se tomó la región y, se lee en el documento, le ordenaron a Charles Keiser, gerente de Banadex, pagarle a ellos o, de lo contrario, sería declarado objetivo militar.
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Según su versión, los jefes paramilitares, Carlos Castaño y Raúl Hasbún, alias “Pedro Bonito”, lo amenazaron de muerte. “De 1997 a 2004, Chiquita pagó un promedio anual de US $212.500 en pagos de extorsión a las AUC, lo cual representó menos del 0.04 % de sus ingresos anuales por cocaína”, sostuvo la multinacional. El jurado, que emitió el veredicto en contra de la empresa el año pasado, determinó que esa financiación estaba conectada con los asesinatos de ocho víctimas, dado que Chiquita sabía plenamente la misión de la organización y porque ese apoyo era suficiente para crear “un riesgo previsible de daño”.
Aun así, la apelación de la multinacional busca un nuevo fallo que determine que, a pesar de la financiación probada, no hay una sola evidencia que vincule de manera directa esos pagos con homicidios en la zona. En su recurso, Chiquita Brands también busca que la Corte de Apelaciones considere varias pruebas que vincularían a uno de los múltiples abogados de víctimas, Terrance Collingsworth, con una presunta compra de testigos a favor de sus representados.
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La multinacional lo señala de haber entregado dinero a “Pedro Bonito” y a José Lugo Mangones, alias “Carlos Tijeras”, para que entregaran testimonios favorables a las víctimas. De hecho, la última sentencia del Tribunal Superior de Medellín contra el Bloque Bananero de las AUC, así como la acusación de la Fiscalía contra los empresarios de Banadex y Banacol señalados de financiar a este grupo, está soportado, entre otras pruebas, en las declaraciones de “Pedro Bonito”. Este último ha dicho que los pagos de Chiquita Brands fueron voluntarios y no producto de una extorsión.
En entrevista con El Tiempo en octubre pasado, Collingsworth confirmó que en Colombia tiene una denuncia por presunto soborno a testigos, pero respondió que Chiquita Brands y la multinacional minera Drummond (también investigada en Colombia por supuesta financiación paramilitar) lo señalan falsamente, pues solo pagó gastos de viajes para contactarse con los testigos y sus abogados. El Espectador conoció que varios bufetes de abogados que representan a las víctimas ante los estrados judiciales de Estados Unidos están preparando memoriales de respuesta a la apelación y que los radicarán en junio.
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Entre los puntos a defender está la indemnización ordenada a Chiquita Brands, cuya cifra este diario se abstiene de publicar por protección a las víctimas. Según la multinacional, es un monto inequitativo, pues representaría entre 40 y 50 veces más de lo que pudieron haber obtenido en tribunales colombianos. Asimismo, varios abogados consideran que Chiquita Brands está intentando confundir a quienes deben decidir en segunda instancia y que la teoría de la compra de testigos es falsa. La Corte de Apelaciones tiene la palabra y marcará el norte del expediente y de los que vienen.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhoan Sebastian Cote
