CIDH admitió para estudio cuatro casos de “falsos positivos”

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Foto: Cortesía CIDH

Don Jorge Vargas Fonseca, murió en 2009, sin saber qué fue del paradero de Alix Fabián Vargas Hernández, su hijo de 26 años, que fue declarado por el Ejército como muerto en combate y señalado de ser un terrorista. Lo que dicen los expedientes judiciales es que el joven falleció en Tunja, entre el 7 y 8 de agosto de 2008, en manos de uniformados adscritos al Grupo de Caballería José Miguel Silva Plazas. Alix Fabián, al parecer, se convirtió en uno más de los 6.400 “falsos positivos” que afirmó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que se registraron en el territorio nacional. La diferencia de los otros casos al de Vargas Hernández es que su historia será analizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La similitud entre los expedientes de Alix Fabián, Omar Leonardo Triana Carmona, Óscar Alexander Morales Tejada y Yonny Duvián Soto Muñoz, además de que los cuatro fueron presentados como muertos en combate por el Ejército, es que la CIDH estudiará sus procesos con el fin de identificar las posibles violaciones a los derechos humanos. La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) se encargó de elevar la petición de los familiares ante el órgano internacional y con ello solicitó que se declarara responsable a Colombia por los asesinatos de los cuatro jóvenes.

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La CIDH admitió para su estudio los procesos porque consideró que existió una posible violación del derecho a la vida, integridad personal, libertad, garantías judiciales, y el derecho a la honra y dignidad, entre otros. En el documento de 20 páginas el órgano internacional llamó la atención sobre los procesos judiciales que se llevan internamente por estos crímenes. Resaltó que hay un evidente “estancamiento” y las sanciones penales siguen “inconclusas”.

“En este sentido, la Comisión Interamericana recuerda que el requisito del agotamiento de los recursos internos no puede ser tal que retrase indefinidamente el acceso de las presuntas víctimas al sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, dice el documento y añade que si bien, la responsabilidad del Estado colombiano por la vulneración grave de derechos será definida en una etapa posterior, por ahora el informe le permite a las víctimas ver “una esperanza de alcanzar justicia”, así lo afirmó la CCJ en un breve comunicado.

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En su momento, la CCJ no solo reprochó la labor tardía en materia de justicia sino también lo hizo en cuanto a reparación. No obstante, la CIDH también explicó que se apartó de la visión de los familiares quienes han cuestionado los montos de reparación que en su momento le fueron otorgados en una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

“No corresponde a la Comisión Interamericana entrar a revisar el razonamiento judicial, la valoración probatoria ni la fijación de reparaciones efectuados por el juzgador doméstico en este caso, pues ello trasciende su ámbito de competencia, al tratarse de fallos proferidos en respeto de las garantías convencionales y en forma motivada de conformidad con las pruebas obrantes en el respectivo expediente”, dice el documento de 20 páginas.

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Por el momento, mientras la Comisión Interamericana analiza los expedientes, en territorio colombiano la JEP avanza con el proceso de entregar verdad a sus familiares quienes ya fueron reconocidos como víctimas en el macrocaso que estudia las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. El tribunal estableció que de 2002 hasta 2010, jóvenes de diversos puntos del país fueron asesinados por militares que recibieron incentivos como vacaciones y ascensos por acabar con la vida de civiles que hicieron pasar por combatientes de las extintas Farc.