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1 Feb 2022 - 11:53 p. m.

CIDH estudiará asesinato de sindicalista que involucra al hermano de Mancuso

El crimen del líder sindical Óscar Darío Soto, asesinado en Montería en 2001, será estudiado por la Comisión Interamericana, ante los escasos avances en las investigaciones en Colombia. Entre los implicados estaría César Fernando Mancuso, hermano de Salvatore Mancuso.
El líder sindical fue asesinado por orden de las Autodefensas.
El líder sindical fue asesinado por orden de las Autodefensas.
Foto: Auc ARCHIVO PARTICULAR

El asesinato de un sindicalista de Córdoba ocurrido en 2001 a manos de paramilitares será estudiado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para determinar si hubo responsabilidad del Estado colombiano en el crimen. Se trata del caso de Óscar Darío Soto Polo, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de las Bebidas en Colombia (Sinaltrainbec), quien trabajaba en la embotelladora Román, al servicio de Coca-Cola. Aunque hay indicios de alianzas entre Autodefensas y funcionarios públicos, solo hay un condenado a la fecha.

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La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que representa a la familia de Soto, llevó el caso a la CIDH en 2013. Este año, finalmente hubo un informe, en el que la CIDH resaltó: “En el caso actual, la investigación penal se inició en junio de 2001, y aunque en el curso de los siguientes veinte años las autoridades investigativas han realizado múltiples actuaciones de tipo probatorio – que están descritas en las presentaciones de ambas partes al presente procedimiento–, lo cierto es que transcurridas dos décadas, aún no ha sido posible identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables del homicidio del señor Oscar Darío Soto”.

Fue asesinado el 21 de junio de 2001 cuando se dirigía a su casa en Montería en compañía de su hija. Un sicario le disparó a quemarropa y huyó en una moto en la que lo esperaba un segundo sujeto. Soto murió y la niña se salvó. En ese momento, el líder sindical hacía parte de una comisión de Sinaltrainbec que exigía mejoras en sus condiciones laborales. Las investigaciones pronto apuntaron a las Autodefensas, que para entonces controlaban Córdoba y tenían cooptadas buena parte de las instituciones. Y en 2014 fueron vinculados a la investigación varios exparamilitares, entre ellos César Fernando Mancuso Gómez, hermano del excomandante de las Auc Salvatore Mancuso.

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A su vez, antes del asesinato, agentes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) visitaron varias veces la sede del sindicato, les informaron a sus miembros de supuestas amenazas y los entrevistaron. Ahora bien, no hay un solo funcionario público condenado por los hechos. “Más allá de la única sentencia condenatoria que se ha adoptado en relación con el crimen, ninguno de los demás presuntos responsables ha sido juzgado o sancionado, como tampoco se han investigado en forma exhaustiva los graves señalamientos realizados por las víctimas y sus representantes sobre posible participación de agentes del DAS”, dijo la CIDH.

Y añadió: “a este respecto salta a la vista que no se ha vinculado al proceso en tanto sindicado a ningún agente estatal, sea de dicho organismo de seguridad o de la Fuerza Pública, y que la investigación penal en la que se impuso una medida de aseguramiento a dos agentes estatales por su participación en el homicidio aparentemente cesó tras la revocatoria de dicha medida, al haberse demostrado que las declaraciones en su contra provenían de testigos falsos”. Es decir, la línea de la investigación sobre el posible rol del Estado en el crimen está más que varada.

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Moisés David Meza, coordinador del área de litigo internacional de la CCJ, explicó: “el informe de admisibilidad demuestra que existen elementos suficientes para entrar a analizar la responsabilidad del Estado colombiano en estos hechos. Sin duda, la CIDH deberá realizar un análisis de lo que nosotros consideramos que ya se encuentra demostrado a nivel interno: la relación entre paramilitares y agentes estatales para perseguir y atentar contra la vida de sindicalistas. De igual forma, la CIDH estableció que el Estado incumplió con sus obligaciones de investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables, particularmente a los agentes estatales”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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