La permanencia de Cielo Elainne Rusinque Urrego como jefa de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha sido prioridad para el gobierno del presidente Gustavo Petro, a pesar de que la justicia ya la sacó una vez de ese cargo. El Consejo de Estado anuló su nombramiento el pasado 19 de marzo y el 4 de abril el Ejecutivo expidió un nuevo decreto con el que la ubicó nuevamente en lo más alto de la entidad. Aunque al gobierno le quedan poco más de tres meses, el tema de Rusinque sigue moviéndose. El Espectador conoció la nueva demanda que acaba de llegar al Consejo de Estado para que se anule el decreto con el cual el jefe de Estado le dio, por segunda vez, las riendas de la SIC.
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De acuerdo con el documento conocido por este diario y que será repartido a uno de los magistrados de la Sección Quinta del alto tribunal, el Ejecutivo expidió el decreto, supuestamente, sin cumplir con los requisitos de ley. Por eso, piden al alto tribunal que suspenda provisionalmente la medida del Gobierno; es decir, que mientras se resuelve de fondo la demanda, Cielo Rusinque no pueda seguir como jefa de la SIC. Dentro de los argumentos presentados por los demandantes está que el Gobierno, ante la posible salida de su alfil por una orden judicial, hizo una “jugadita” para cambiar las reglas y requisitos con los que se nombran a los superintendentes, de tal manera que Rusinque los cumpliera.
La nueva acción de nulidad fue presentada por el abogado Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, autor de la primera demanda que sacó a Cielo Rusinque del cargo, en marzo pasado. Según el nuevo documento, la Presidencia de la República y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a la hora de publicar la hoja de vida de Rusinque y de expedir el decreto 361 de 2026, con el cual fue nombrada como superintendente por segunda vez, no tuvieron en cuenta las observaciones que formuló la ciudadanía. El abogado, precisamente, fue uno de los que señaló que la ficha del Gobierno no cumpliría con los requisitos para llevar las riendas de la entidad, como ya lo había determinado el propio Consejo de Estado.
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Según se lee en la demanda de nulidad conocida por este diario, “la Presidencia de la República no evaluó las observaciones que se formularon a la hoja de vida de la señora Cielo Elainne Rusinque Urrego, particularmente la realizada por el ciudadano Ortiz Mancipe el 30 de marzo de 2026, previo a proceder con el nombramiento”. Los demandantes agregaron que el decreto habría vulnerado “el derecho que tuvo la ciudadanía consistente en participar y ejercer control en el nombramiento del demandado (Cielo Rusinque)”. Por otra parte, sostiene que la medida del Ejecutivo se expidió sin tener una justificación rigurosa sobre las razones por las que nombrar nuevamente a Rusinque era necesario.
“El decreto acusado en su apartado de considerandos contiene motivaciones sucintas, lacónicas e incompletas, lo cual impide tener una oportunidad real y material de conocer los verdaderos fundamentos en los que se apoyó el presidente”, se lee en el documento presentado al Consejo de Estado. Los demandantes resaltan que “el decreto solo se limita a decir que la provisión del empleo ‘resulta necesaria y urgente’”, lo cual, para los demandantes, no cumple con los estándares exigidos para cargos de libre nombramiento durante restricciones electorales”, como lo es la ley de garantías, que empezó a regir desde finales de enero pasado.
Asimismo, señalan que Rusinque presentó su renuncia a la jefatura de la SIC el 19 de marzo, después de que la Sección Quinta del Consejo de Estado anulara su nombramiento, pero que la renuncia no obedeció a la decisión judicial, sino que hizo parte de una supuesta estrategia para poder retornar después al mismo cargo. “Salta a la vista una deliberada y manifiesta desviación de poder, por cuanto, con la renuncia presentada y aceptada, se pretende enmarcar artificiosamente en una de las excepciones previstas en el inciso final del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005”, la cual permite que se pueda modificar la nómina de la SIC a pesar de la ley de garantías.
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La renuncia de Rusinque, dicen los demandantes, “en realidad persigue fines distintos a los que le ha fijado el ordenamiento jurídico, convirtiéndose en una maniobra para que las órdenes de la sentencia de nulidad resulten inanes”. Por otra parte, Ortiz y los demás demandantes sostienen que el Gobierno se valió de una “jugadita”, que consistía en modificar las reglas para los nombramientos de tres superintendentes: Industria y Comercio, Financiera y Supersociedades. Esa maniobra se materializó con el decreto 0226 del 5 de marzo de este año, que redujo los requisitos para ocupar esos tres cargos, lo que hizo que la hoja de vida de Rusinque ahora sí pasara los filtros.
Sin embargo, se lee en la demanda, persiste la duda sobre sus estudios en Francia, pues no hay certeza acerca de la equivalencia del título propio de Derecho Constitucional, “sin que a la fecha se tenga noticia de convalidación alguna”. También cuestionan la validez de la experiencia docente e investigativa de la funcionaria, pues dicen que “no podrá reconocerse como experiencia relacionada la labor desempeñada por la demandada como docente investigadora, pues no se acreditaron las labores de investigación”. Por ahora, queda en manos del alto tribunal revisar si la demanda prospera y si, en el futuro cercano, suspenden o no a Rusinque del cargo que ha ocupado dos veces en el mismo gobierno.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhordan C. Rodríguez
