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Tres magistrados del Tribunal Superior de Villavicencio (Meta) traicionaron a la justicia y, a cambio de prebendas como dinero y lujosas fiestas con licor y mujeres, ayudaron a torcer procesos para beneficiar a criminales que lograron comprarlos. Esa fue la conclusión a la que llegó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al revisar los casos de los ahora exmagistrados Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño.
El alto tribunal le puso punto final a un escándalo que enlodó el nombre de la justicia. El caso tuvo como ponente en la Sala Penal del alto tribunal al magistrado Diego Eugenio Corredor Beltrán, quien lideró la revisión del proceso, en el que en abril del año pasado, la Sala de Primera Instancia de la misma Corte ya los había condenado por los delitos de prevaricato y cohecho.
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Los exmagistrados fueron procesados por irregularidades en dos procesos penales y una tutela en los que habrían tomado decisiones a cambio de la entrega de dinero. Por uno solo de los casos pactaron un soborno de 2.000 millones de pesos. Según detalló la Sala, en una tutela, los entonces magistrados Díaz Rodríguez, Vargas Bautista y Trejos Londoño favorecieron a Hernán Darío Giraldo Gaviria.
Asimismo, los magistrados Vargas Bautista y Trejos Londoño pactaron la suma de un millonario soborno para intentar favorecer a Marbelly Sofía Jiménez Pérez, procesada por homicidio agravado y concierto para delinquir. “Este proceder se ajusta a patrones criminales que, en no muy pocos casos, ejecutan los servidores públicos que trafican con la función judicial, quienes utilizan muy variados métodos para evitar aparecer directamente como receptores de la dádiva o de la promesa remuneratoria, con el propósito de ocultar su actuar criminal”, dijo la Sala.
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Añadió que, además del pago del soborno, aceptaron dádivas consistentes en fiestas que incluían comida, licor y servicios sexuales. “En efecto, se trataba de magistrados con alta notoriedad y reconocimiento en la región, llamados a preservar la legalidad y la recta administración de justicia. No obstante, su comportamiento evidenció un total desprecio por el orden jurídico, dado que, no sólo emitieron decisiones manifiestamente contrarias a la ley, sino que ello representó una verdadera venta simoníaca de la función pública, con el propósito de favorecer ilícitamente a procesados por conductas graves”, dice la Sentencia.
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