Cinco retos en materia de justicia para el gobierno de Gustavo Petro

El gobierno de Iván Duque deja un balance pobre en materia de justicia, no solo por su mala gestión de recursos, sino también por su desinterés para enfrentar problemas estructurales. Así, mientras dedicó sus esfuerzos en atacar decisiones judiciales –como la de aborto o el proceso contra Álvaro Uribe–, promover reformas inconstitucionales –como la prisión perpetua y la suspensión de la ley de garantías– y en delegar a los municipios la crisis carcelaria, todavía hay deudas pendientes en justicia en por lo menos cinco frentes, que heredará el gobierno de Gustavo Petro:

El gobierno de Iván Duque deja un balance pobre en materia de justicia, no solo por su mala gestión de recursos, sino también por su desinterés para enfrentar problemas estructurales. Así, mientras dedicó sus esfuerzos en atacar decisiones judiciales –como la de aborto o el proceso contra Álvaro Uribe–, promover reformas inconstitucionales –como la prisión perpetua y la suspensión de la ley de garantías– y en delegar a los municipios la crisis carcelaria, todavía hay deudas pendientes en justicia en por lo menos cinco frentes, que heredará el gobierno de Gustavo Petro:

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1. Garantizar la independencia judicial.

Quizás lo más crítico será respetar y garantizar la independencia judicial. Esto comienza con el compromiso de acatar y no deslegitimar ni desconocer las decisiones de los jueces, así como por ternar a personas capacitadas que recuperen y garanticen la independencia de la Fiscalía, los órganos de control y en la Corte Constitucional. Sin embargo, el nuevo gobierno también debe diseñar sus políticas de justicia en articulación con la Rama Judicial y demás instituciones, como la jurisdicción indígena y la JEP, sin sobrepasar sus competencias y respetando su autonomía.

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Así, el Gobierno debe brindar los recursos y apoyo necesarios para que, respetando su independencia, la Rama avance con tareas claves, como la digitalización del sistema judicial, fortalecer el sistema de carrera y reducir la provisionalidad en cargos judiciales. También debe apoyar a las instituciones del Sistema Integral para implementar el Acuerdo de Paz y avanzar en la justicia agraria. Además, un eventual sometimiento de bandas criminales requerirá preparar a la justicia con recursos y un marco jurídico que se ajuste a los estándares constitucionales y de derechos humanos.

2. Avanzar en el acceso a la justicia, especialmente en los municipios.

Otro reto será articular con la Rama políticas de justicia municipal. En 2016, la Encuesta Nacional de Calidad de Vida mostró que las necesidades jurídicas de las personas se concentraron en temas de salud (23 %), familiares (16 %) y por delitos (13 %). Estas también varían territorialmente. Por ejemplo, las regiones con más necesidades jurídicas insatisfechas en materia de delitos fueron el Pacífico (86,1 %), el Valle del Cauca (78,6 %) y Bogotá (76,8 %).

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Dada la demanda diferenciada de servicios de justicia, esta encuesta (y la más reciente, de 2020) son insumos cruciales para que el nuevo gobierno articule, junto con las instituciones de justicia (la Rama Judicial, los consejos comunitarios o las autoridades indígenas, entre otras) políticas para brindar servicios de justicia que respondan efectivamente a las necesidades de la población, especialmente en zonas rurales y para mujeres, las comunidades afrodescendientes, entre otras.

Por la pandemia, es prioritario avanzar en reducir la brecha digital para garantizar el acceso virtual a la justicia. El Gobierno también puede mejorar el acceso a través de los servicios de justicia bajo su competencia, como los de las superintendencias y los medios alternativos de resolución de conflictos (como la conciliación). Otro frente de acción es fortalecer a la Defensoría del Pueblo para brindar una defensa pública robusta en temas penales y servicios de abogado a bajo costo en otros asuntos, así como articular la oferta con los consultorios jurídicos de las universidades.

3. Mejorar el cumplimiento de sentencias judiciales.

Por supuesto, la justicia no garantiza los derechos si las decisiones judiciales no se cumplen o si no resuelven los conflictos. La encuesta de necesidades jurídicas también mostró que, si bien el 90 % de las decisiones judiciales se cumplieron, sólo el 41,5 % de las personas encuestadas reportó que la decisión solucionó su problema.

En asuntos de tutela, la alta tasa de incidentes de desacato (que superó en 2021 el 50 % en temas de salud y de mínimo vital) también sugiere que existen problemas para su cumplimiento. Por esto, identificar las razones por las que instituciones y personas incumplen las órdenes de tutela y si las decisiones judiciales podrían no estar resolviendo los conflictos, es clave para que la justicia funcione adecuadamente.

4. Prevenir la vulneración de derechos.

Según la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura, 42 % de las tutelas recibidas por la Rama Judicial fueron por el derecho de petición, 20,5 % por salud y 15,7 % por el debido proceso.

A partir de estos datos, el Gobierno podría adoptar políticas para que las instituciones públicas garanticen los derechos más demandados. Por ejemplo, asegurar que den respuesta a las peticiones o presten los servicios de salud y prevenir así futuras demandas. Esto puede no sólo reducir la congestión judicial, sino también asegurar que los derechos de la ciudadanía se cumplan sin la necesidad de acudir a instancias judiciales.

Además, es importante que el nuevo gobierno adopte estrategias para dar cumplimiento a las sentencias sobre problemas estructurales, pues algunas llevan años sin resolverse. Así, cumplir las sentencias que declararon los estados de cosas inconstitucionales en cárceles, desplazamiento, infancia wayuu y firmantes de paz, entre otras, exige acciones de varias instituciones del Estado cuya coordinación depende en gran parte del Ejecutivo.

5. Superar la crisis carcelaria y reformar la política criminal.

Finalmente, el nuevo gobierno deberá darle una solución de fondo a la crisis carcelaria, pues con un sistema colapsado es imposible reducir el delito. Esta crisis surgió por el uso desmedido de la cárcel, pues el Estado aumentó penas y creó delitos como principal estrategia de seguridad.

La prioridad debe ser reequilibrar el uso del encarcelamiento, pues Colombia debe dejar de encarcelar a más personas de las que puede recluir en condiciones dignas. Esto implica, en primer lugar, dejar de subordinar el derecho penal a la política de seguridad, pues la evidencia muestra que los aumentos de penas no reducen el delito. Por el contrario, brindar alternativas al encarcelamiento para delitos leves y crear la institucionalidad para que se cumplan efectivamente (como mecanismos de libertad supervisada) puede reducir el hacinamiento y liberar recursos, además de reducir la reincidencia.

En segundo lugar, el Gobierno debe adoptar planes de choque para resolver la crisis en estaciones de policía y garantizar derechos fundamentales en las cárceles, como el acceso a agua potable, a la salud, entre otros. Aquí, implementar programas para ayudar a las personas pospenadas para conseguir empleo (como Casa Libertad) y hacer mantenimiento a la infraestructura carcelaria, así como erradicar la tortura y tratos crueles de las cárceles, son asuntos urgentes.

* Investigador de Dejusticia

El rol de la justicia es crucial en una democracia, pues es donde las personas pueden reclamar que sus derechos sean una realidad y no letra muerta. Por eso, dar los primeros pasos para que la justicia logre este objetivo es uno de los antídotos contra los reveses que deja el Gobierno Duque.