Cinco temas de los que surgen preguntas para la nueva procuradora, Margarita Cabello
Con 83 votos, la exministra de Justicia Margarita Cabello fue elegida procuradora general y deberá vigilar las acciones del Gobierno del que fue parte. El Espectador expone algunos puntos claves que deberán estar en la hoja de ruta de su gestión.
Como procuradora general de la nación (2021-2025), Margarita Cabello Blanco deberá poner la lupa y asumir funciones preventivas, de intervención y disciplinarias sobre las actuaciones de las administraciones locales y del gobierno del presidente Iván Duque, al cual perteneció hasta hace apenas 12 días como ministra de Justicia. Su elección cantada en el Senado rompió un pilar básico del andamiaje de la democracia colombiana, el equilibrio de poderes, pues incluso deberá vigilar acciones que la cartera que lideraba realizó. Cabello, quien renunció a su cargo como magistrada de la Corte Suprema de Justicia antes de que finalizara su período para aceptar el Ministerio, tuvo 83 apoyos en el Congreso, incluidos votos de opositores.
A ella, primera mujer elegida para este organismo de control, le tocará sortear de entrada el escrutinio público sobre su independencia e idoneidad para ejercer el cargo, y no solo del Gobierno, sino de los amigos de sus amigos, a quienes ella es cercana, como la casa Char. Y deberá marcar pautas sobre el rumbo que le dará a la Procuraduría General, pues ella misma señaló tanto en su discurso de aceptación al cargo, como en su primera presentación ante el Senado, que hará un control a la gestión pública para “ajustar políticas públicas”. “Vamos a utilizar nuestras competencias para facilitar que los servidores públicos puedan entregar los resultados que la gente tanto necesita, dijo Cabello.
(Le puede interesar: Margarita Cabello, procuradora: una elección sin sorpresas)
Según su visión, se necesita un Ministerio Público que concilie y que “ayude a avanzar”, más que sumar carpetas de investigaciones. En ese sentido, no son pocas las preguntas que surgen porque son varios los temas en los que la Procuraduría y el gobierno de Iván Duque han chocado, como la atención de las personas privadas de la libertad antes y después del COVID-19, política que en cuanto a la pandemia le tocó liderar desde el Ministerio a Cabello. Las preguntas son muchas. Por ejemplo, ¿qué va pasar con los procesos contra congresistas que tienen proceso disciplinario en su despacho?
¿Va a promover acciones de repetición contra su aliado político y exprocurador Alejandro Ordóñez, quien sancionó al exalcalde Gustavo Petro, decisión que acaba de ser objeto de una condena a la nación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Liderará el proceso de reforma a la propia Procuraduría que implica ese fallo para que los funcionarios elegidos por voto popular no sean destituidos ni inhabilitados, sino por un juez penal? El Espectador le explica algunos de los puntos críticos que tendrá que asumir Cabello, ahora, como cabeza del Ministerio Público.
(Le puede interesar: Un debate ético y jurídico sobre las renuncias de Margarita Cabello en la justicia)
Implementación del Acuerdo
¿Qué dirá el primer informe de las comisiones de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz bajo su mandato? El reporte de este año, que elaboran en conjunto la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría y la Mesa Nacional de Participación de Víctimas, se presentó hace apenas una semana y allí se alertó sobre la incertidumbre en la que se encuentra la política de paz no solo por la pandemia, sino por ataques violentos, desplazamientos forzados, insuficiencia de recursos y múltiples crímenes.
“El Gobierno no ha presentado una proyección detallada de los recursos necesarios para garantizar los derechos de las víctimas en un tiempo razonable. Tampoco se cuenta con un nuevo Conpes que incluya la implementación de los decretos-leyes étnicos y la articulación con el Acuerdo Final de Paz”, dice el informe. Este tema ha sido objeto de múltiples llamados de atención del procurador Fernando Carrillo para garantizar la seguridad y estabilidad de los excombatientes, para la creación de las curules de Paz, para mantener el texto acordado y para tomar cartas ante la oleada de masacres antes que buscar excusas en el pasado, entre otros.
La pandemia y las cárceles
La prueba de fuego de este año para el sistema carcelario se llamó coronavirus. La crisis que generó el COVID-19 ha representado unos retos enormes sobre todos los sectores de la vida nacional, y las prisiones no fueron la excepción. Cabello, desde el Ministerio de Justicia, tomó decisiones tan importantes como la expedición del decreto con que se ordenaron excarcelaciones masivas, cuyo impacto a la fecha ha sido más bien pobre. El 21 de marzo pasado, además, hubo una matanza en la cárcel La Modelo que resultó en 24 reclusos muertos, y en las investigaciones por ese episodio también participa la Procuraduría.
Cabello, desde el Ministerio de Justicia, era la responsable del Inpec, que además de ser la primera entidad llamada a rendir cuentas por la matanza en La Modelo, tomó decisiones tan infortunadas como trasladar a presos por todo el país sin haber verificado antes si estaban contagiados de COVID-19 -y, efectivamente, varios de ellos lo estaban, lo que agravó esta problemática en las cárceles-. Ahora, desde la orilla de la Procuraduría, Margarita Cabello tendrá que analizar con lupa todos estos asuntos. ¿Se declarará impedida? ¿Garantizará imparcialidad si los asume? Estos son algunos de los interrogantes que surgen al respecto.
(Le puede interesar: “No comparto apetitos de poder desenfrenados de la ministra de Justicia” : Gerardo Botero)
Glifosato
El gobierno Duque ha sido insistente en un requerimiento: que vuelva la aspersión aérea con glifosato al país. Según ha expresado el presidente Iván Duque, el glifosato es una herramienta clave para combatir las estructuras criminales, cuyas finanzas se alimentan con el narcotráfico. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dice que la aspersión es tan importante que puede reducir las masacres en el país. Cuando Cabello llegó al gobierno Duque, este ya estaba en la tarea de cumplir con los requisitos que impuso la Corte Constitucional desde 2017, cuando suspendió su uso. En la Procuraduría de Fernando Carrillo, sin embargo, el Gobierno no encontró un aliado en esta materia.
En febrero de este año, el procurador Carrillo envió, precisamente a la entonces ministra de Justicia, Margarita Cabello, sus comentarios sobre el borrador del decreto que para ese momento alistaba el Gobierno en aras de retomar la aspersión aérea. El procurador Carrillo señaló que el uso de este químico puede afectar el medioambiente, que no hay armonía con el programa de sustitución de cultivos ilícitos -algo que han reclamado campesinos de todo el país-, que la salud humana sí se puede ver comprometida y que las consultas previas son necesarias. La pregunta que queda ahora sobre la mesa es qué hará Cabello en esta materia: ¿tomará una posición independiente del Gobierno o llegará a reforzar la postura de este?
Carpetas secretas
Este año, gracias a las revelaciones periodísticas de la revista Semana, se conoció que el Ejército ha usado recursos públicos -incluso aportes de gobiernos extranjeros- para “perfilar” a políticos, periodistas y hasta militares. Ese descubrimiento se hizo por una diligencia que realizó la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana en un batallón de ciberinteligencia, la cual apoyó la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría. El escándalo implicó de inmediato la salida del Ejército de varios militares, entre ellos dos generales, y la Procuraduría llamó a juicio disciplinario a 13 uniformados. El gobierno Duque ha asegurado que esos perfilamientos se hicieron a sus espaldas, y la duda que se viene es con cuánta independencia actuará Cabello en este sensible caso.
Los cuatro reparos al uso del glifosato que encontró el procurador
Cadena perpetua
En medio de críticas, el gobierno de Iván Duque promovió en el Congreso una reforma constitucional para que en Colombia haya cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Es considerado un gran logro de este mandato a pesar de que la pena perpetua es considerada un retroceso jurídico que iría en contra de la Constitución Política y la dignidad humana, que tampoco logra una verdadera protección de menores ante un delito atroz que ya tenía una pena muy alta. Cabello como ministra de Justicia defendió la medida aun cuando la Comisión Asesora de Política Criminal dio un concepto negativo. “De nada serviría la judicialización si las penas no son proporcionales y de nada servirían sanciones ejemplarizantes si no hay judicialización”, dijo en entrevista con este diario el pasado 25 de junio.
En la orilla opuesta, el procurador Fernando Carrillo manifestó que se necesitaba fortalecer los jueces, los defensores y los procuradores, antes de pensar en aumentar penaso en la pena perpetua. Ahora, esa reforma está en manos de la Corte Constitucional ya que fue demandada y allí la Procuraduría deberá entregar un concepto sobre si considera que debe mantenerse o no. Aunque tal vez alcance a hacerlo Carrillo, ¿qué posición tomará Cabello? ¿Qué dirá la nueva procuradora sobre otras iniciativas legislativas que ahora buscan que haya pena perpetua para el narcotráfico, que es promovida por el partido de gobierno?
(Le puede interesar: “Interés superior del niño es un valor supremo de la Constitución”: Minjusticia sobre la cadena perpetua)
Como procuradora general de la nación (2021-2025), Margarita Cabello Blanco deberá poner la lupa y asumir funciones preventivas, de intervención y disciplinarias sobre las actuaciones de las administraciones locales y del gobierno del presidente Iván Duque, al cual perteneció hasta hace apenas 12 días como ministra de Justicia. Su elección cantada en el Senado rompió un pilar básico del andamiaje de la democracia colombiana, el equilibrio de poderes, pues incluso deberá vigilar acciones que la cartera que lideraba realizó. Cabello, quien renunció a su cargo como magistrada de la Corte Suprema de Justicia antes de que finalizara su período para aceptar el Ministerio, tuvo 83 apoyos en el Congreso, incluidos votos de opositores.
A ella, primera mujer elegida para este organismo de control, le tocará sortear de entrada el escrutinio público sobre su independencia e idoneidad para ejercer el cargo, y no solo del Gobierno, sino de los amigos de sus amigos, a quienes ella es cercana, como la casa Char. Y deberá marcar pautas sobre el rumbo que le dará a la Procuraduría General, pues ella misma señaló tanto en su discurso de aceptación al cargo, como en su primera presentación ante el Senado, que hará un control a la gestión pública para “ajustar políticas públicas”. “Vamos a utilizar nuestras competencias para facilitar que los servidores públicos puedan entregar los resultados que la gente tanto necesita, dijo Cabello.
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Según su visión, se necesita un Ministerio Público que concilie y que “ayude a avanzar”, más que sumar carpetas de investigaciones. En ese sentido, no son pocas las preguntas que surgen porque son varios los temas en los que la Procuraduría y el gobierno de Iván Duque han chocado, como la atención de las personas privadas de la libertad antes y después del COVID-19, política que en cuanto a la pandemia le tocó liderar desde el Ministerio a Cabello. Las preguntas son muchas. Por ejemplo, ¿qué va pasar con los procesos contra congresistas que tienen proceso disciplinario en su despacho?
¿Va a promover acciones de repetición contra su aliado político y exprocurador Alejandro Ordóñez, quien sancionó al exalcalde Gustavo Petro, decisión que acaba de ser objeto de una condena a la nación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Liderará el proceso de reforma a la propia Procuraduría que implica ese fallo para que los funcionarios elegidos por voto popular no sean destituidos ni inhabilitados, sino por un juez penal? El Espectador le explica algunos de los puntos críticos que tendrá que asumir Cabello, ahora, como cabeza del Ministerio Público.
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Implementación del Acuerdo
¿Qué dirá el primer informe de las comisiones de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz bajo su mandato? El reporte de este año, que elaboran en conjunto la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría y la Mesa Nacional de Participación de Víctimas, se presentó hace apenas una semana y allí se alertó sobre la incertidumbre en la que se encuentra la política de paz no solo por la pandemia, sino por ataques violentos, desplazamientos forzados, insuficiencia de recursos y múltiples crímenes.
“El Gobierno no ha presentado una proyección detallada de los recursos necesarios para garantizar los derechos de las víctimas en un tiempo razonable. Tampoco se cuenta con un nuevo Conpes que incluya la implementación de los decretos-leyes étnicos y la articulación con el Acuerdo Final de Paz”, dice el informe. Este tema ha sido objeto de múltiples llamados de atención del procurador Fernando Carrillo para garantizar la seguridad y estabilidad de los excombatientes, para la creación de las curules de Paz, para mantener el texto acordado y para tomar cartas ante la oleada de masacres antes que buscar excusas en el pasado, entre otros.
La pandemia y las cárceles
La prueba de fuego de este año para el sistema carcelario se llamó coronavirus. La crisis que generó el COVID-19 ha representado unos retos enormes sobre todos los sectores de la vida nacional, y las prisiones no fueron la excepción. Cabello, desde el Ministerio de Justicia, tomó decisiones tan importantes como la expedición del decreto con que se ordenaron excarcelaciones masivas, cuyo impacto a la fecha ha sido más bien pobre. El 21 de marzo pasado, además, hubo una matanza en la cárcel La Modelo que resultó en 24 reclusos muertos, y en las investigaciones por ese episodio también participa la Procuraduría.
Cabello, desde el Ministerio de Justicia, era la responsable del Inpec, que además de ser la primera entidad llamada a rendir cuentas por la matanza en La Modelo, tomó decisiones tan infortunadas como trasladar a presos por todo el país sin haber verificado antes si estaban contagiados de COVID-19 -y, efectivamente, varios de ellos lo estaban, lo que agravó esta problemática en las cárceles-. Ahora, desde la orilla de la Procuraduría, Margarita Cabello tendrá que analizar con lupa todos estos asuntos. ¿Se declarará impedida? ¿Garantizará imparcialidad si los asume? Estos son algunos de los interrogantes que surgen al respecto.
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Glifosato
El gobierno Duque ha sido insistente en un requerimiento: que vuelva la aspersión aérea con glifosato al país. Según ha expresado el presidente Iván Duque, el glifosato es una herramienta clave para combatir las estructuras criminales, cuyas finanzas se alimentan con el narcotráfico. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dice que la aspersión es tan importante que puede reducir las masacres en el país. Cuando Cabello llegó al gobierno Duque, este ya estaba en la tarea de cumplir con los requisitos que impuso la Corte Constitucional desde 2017, cuando suspendió su uso. En la Procuraduría de Fernando Carrillo, sin embargo, el Gobierno no encontró un aliado en esta materia.
En febrero de este año, el procurador Carrillo envió, precisamente a la entonces ministra de Justicia, Margarita Cabello, sus comentarios sobre el borrador del decreto que para ese momento alistaba el Gobierno en aras de retomar la aspersión aérea. El procurador Carrillo señaló que el uso de este químico puede afectar el medioambiente, que no hay armonía con el programa de sustitución de cultivos ilícitos -algo que han reclamado campesinos de todo el país-, que la salud humana sí se puede ver comprometida y que las consultas previas son necesarias. La pregunta que queda ahora sobre la mesa es qué hará Cabello en esta materia: ¿tomará una posición independiente del Gobierno o llegará a reforzar la postura de este?
Carpetas secretas
Este año, gracias a las revelaciones periodísticas de la revista Semana, se conoció que el Ejército ha usado recursos públicos -incluso aportes de gobiernos extranjeros- para “perfilar” a políticos, periodistas y hasta militares. Ese descubrimiento se hizo por una diligencia que realizó la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana en un batallón de ciberinteligencia, la cual apoyó la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría. El escándalo implicó de inmediato la salida del Ejército de varios militares, entre ellos dos generales, y la Procuraduría llamó a juicio disciplinario a 13 uniformados. El gobierno Duque ha asegurado que esos perfilamientos se hicieron a sus espaldas, y la duda que se viene es con cuánta independencia actuará Cabello en este sensible caso.
Los cuatro reparos al uso del glifosato que encontró el procurador
Cadena perpetua
En medio de críticas, el gobierno de Iván Duque promovió en el Congreso una reforma constitucional para que en Colombia haya cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Es considerado un gran logro de este mandato a pesar de que la pena perpetua es considerada un retroceso jurídico que iría en contra de la Constitución Política y la dignidad humana, que tampoco logra una verdadera protección de menores ante un delito atroz que ya tenía una pena muy alta. Cabello como ministra de Justicia defendió la medida aun cuando la Comisión Asesora de Política Criminal dio un concepto negativo. “De nada serviría la judicialización si las penas no son proporcionales y de nada servirían sanciones ejemplarizantes si no hay judicialización”, dijo en entrevista con este diario el pasado 25 de junio.
En la orilla opuesta, el procurador Fernando Carrillo manifestó que se necesitaba fortalecer los jueces, los defensores y los procuradores, antes de pensar en aumentar penaso en la pena perpetua. Ahora, esa reforma está en manos de la Corte Constitucional ya que fue demandada y allí la Procuraduría deberá entregar un concepto sobre si considera que debe mantenerse o no. Aunque tal vez alcance a hacerlo Carrillo, ¿qué posición tomará Cabello? ¿Qué dirá la nueva procuradora sobre otras iniciativas legislativas que ahora buscan que haya pena perpetua para el narcotráfico, que es promovida por el partido de gobierno?
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