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El Clan del Golfo, a través de un comunicado, pretende despejar hipótesis criminales alrededor del asesinato del periodista y líder social Rafael Emiro Moreno, quien murió baleado el pasado 16 de octubre en Montelíbano, Córdoba. La organización, con amplia presencia en ese departamento, negó haber participado del ataque.
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“Aclaramos que, pensé a las versiones interesadas en ocultar a los verdaderos autores intelectuales del homicidio, nuestra organización no tiene ninguna relación con estos criminales hechos, que pretenden acallar las voces del periodismo independiente e imparcial”, aseguró el Clan del Golfo.
Luego de eso, el grupo criminal, con un lenguaje propagandístico, dejó entrever que seguía el trabajo de Moreno en los municipios de Ayapel, Buenavista, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré. Moreno era reconocido por dirigir el medio digital Voces de Córdoba, en el cual publicaba sobre corrupción y sobre grupos armados ilegales.
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El periodista fue asesinado por sicarios en el barrio 27 de julio de Montelíbano, mientras se encontraba en un restaurante de comidas rápidas que era de su propiedad. De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Moreno recibía constantes amenazas por su labor periodística y comunitaria.
De hecho, Moreno contaba con un esquema de protección desde 2019, el cual consistía en un escolta, un chaleco antibalas y un botón de pánico. No obstante, a pesar de que este año informó sobre dos nuevas amenazas, la Unidad Nacional de Protección (UNP) no reforzó las medidas tendientes a garantizar su vida.
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“Es preciso y urgente que la UNP realice una investigación que permita conocer por qué no se reforzó su esquema de seguridad y si existieron irregularidades por parte del esquema de protección al momento del asesinato”, agregó la FLIP.
La Fiscalía anunció, el fin de semana pasado, que creará un equipo dedicado a adelantar el esclarecimiento de los hechos criminales. La Fundación Cordoberxia señaló que Moreno representa el tercer caso de líderes asesinados en Córdoba en lo que va del año y que, a corte de octubre, hay 158 defensores de derechos humanos en alto riesgo en el departamento.
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