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El Clan del Golfo sería el responsable del ataque contra el helicóptero en el que se transportaba la comisión de verificación que viajaba hacia Tierralta (Córdoba) para investigar los hechos de violencia ocurridos en la Vereda El Manso. Los señalamientos contra el grupo armado los hizo el comandante del Ejército, general Luis Mauricio Ospina.
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Según dijo el comandante del Ejército, el sector donde se produjo el ataque contra el helicóptero, en el que viajaba miembros de la Fiscalía, Procuraduría, Ejército, Policía y Justicia Penal Militar, es “un corredor del narcotráfico”. De igual manera, manifestó que “se activó la inteligencia técnica, estableciendo que el Clan del Golfo se adjudicó el hecho”, lo cual, según el uniformado, ya fue informado a la Fiscalía.
Sobre el hecho, el militar aseguró que desde primera hora de este jueves están listas las comisiones para que ingresen a la vereda El Manso, donde ocurrieron los hechos de violencia contra la población civil, al parecer, por parte de miembros de la Fuerza Pública. El uniformado manifestó que el Ejército está “facilitando, como ha sido el compromiso de acompañar todas las diligencias y brindando la seguridad”.
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Asimismo, el comandante del Ejército dio a conocer que fueron suspendidos temporalmente 10 militares investigados por los hechos de violencia ocurridos esta semana en los que, al parecer, miembros de la Fuerza Pública amenazaron a la población civil, incluidos menores de edad y mujeres embarazadas.
El general manifestó que tomó la decisión de “retirarles la confianza y la responsabilidad de portar las armas de la República. Adicionalmente, para los mandos, separarlos del comando de la unidad militar”. Con esto, dice el comandante, no podrá ejercer funciones de mando o liderazgo en ninguna operación militar.
Ospina también dio a conocer que las investigaciones disciplinarias dentro de la institución son adelantadas por “el Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón con atribuciones disciplinarias, quien dio inicio al proceso según las facultades que establece la Ley 1862 del 2017 y se corrió traslado a la Justicia Penal Militar y a la Procuraduría General de la Nación quien por poder preferente asumirá la respectiva investigación disciplinaria”.
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