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30 Mar 2022 - 9:59 p. m.

Claudia Peñaranda, protagonista del caso Invima, se fuga de prisión domiciliaria

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó la fuga tras realizar un operativo de control de personas en prisión domiciliaria. La mujer enfrenta una condena de cuatro años y siete meses desde octubre del año pasado.
La mujer cumplía una condena de cuatro años y siete meses de prisión domiciliaria. Imagen de referencia.
La mujer cumplía una condena de cuatro años y siete meses de prisión domiciliaria. Imagen de referencia.
Foto: Pixabay

Claudia Lizeth Peñaranda, quien fue condenada en octubre de 2021 a cuatro años y siete meses de prisión domiciliaria por el llamado caso Invima, se fugó de su lugar de reclusión. La información fue confirmada a este diario por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en el marco de unos operativos de control de personas con prisión domiciliaria.

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Según el instituto, la revisión se hizo por orden del nuevo director del Inpec, general Tito Yesid Castellanos, quien pidió hacer un control de las personas que se encontraban privadas de su libertad en sus domicilios. En medio de estos controles, los funcionarios llegaron a la casa de la mujer y no la encontraron en el sitio, por lo cual consideraron que, sin tener ninguna razón que justifique su salida del domicilio, se fugó.

La orden de Catellanos es de inspeccionar una a una las 74.435 personas con prisión domiciliaria en el país, de las cuales, según registró la emisora Blu Radio, 6.700 cuentan con brazalete electrónico. La decisión tuvo lugar tras la fuga de Juan Larrison Castro Estupiñan, alias Matamba, de la cárcel La Picota de Bogotá el 18 de marzo de este año.

Tan pronto como se supo que la mujer no estaba cumpliendo con su detención domiciliaria, el Inpec dio aviso al juez del caso de Peñaranda de que no se estaba cumpliendo su mandato. Asimismo, fuentes cercanas al Inpec le dijeron a este diario que así como la fuga de Peñaranda “se pueden encontrar más novedades, porque la orden es aumentar las medidas en esos procesos”.

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Peñaranda es conocida como tramitadora dentro del caso Invima, en el cual una red de corrupción, a cambio de dinero, habrían modificado permisos que tenían varios medicamentos, suplementos dietarios y productos de belleza, para ser comercializados en el país, sin que cumplieran todas las normas establecidas para eso. Dentro de los implicados, dijo en su momento la Fiscalía, había personas que se encargaban de falsificar los registros sanitarios, otros alteraban los sistemas de información, lo que ha permitido que en el mercado actual haya productos que no tienen el control estatal.

De igual manera, había quienes falsificaban estudios, quienes cobraban sobornos a cambio de modificar multas que imponía el Invima, y unos más que realizaban auditorias previas a las oficiales para garantizar el buen desempeño. En 2018, el ente investigador sostuvo que a cambio de la renovación de un registro sanitario, esta red cobraba $750 mil; por la venta de estudios de estabilidad de productos, en donde se certifica la duración del principio activo del medicamento, la red pedía $2 millones. Y, por los servicios de auditoría, el servicio costaba $14 millones.

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Por el mismo caso, en 2018 condenaron a la empresaria y esteticista Stella Durán a prisión domiciliaria e iniciaron investigaciones contra otras 12 personas por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, cohecho propio y falsedad ideológica en documento público.

Los trabajadores capturados habrían falsificado varios de estos documentos y, con ello, al parecer, permitió que “los colombianos adquieran estos elementos sin conocer su composición real, “lo que representaría un atentado contra la vida de los consumidores”, sostuvo la Fiscalía en ese momento.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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