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20 Sep 2021 - 5:49 p. m.

‘Colombia ha incumplido el fallo de 2012’: los argumentos de Nicaragua en La Haya

“El Gobierno colombiano determinó que el fallo de La Haya es inaplicable”, se escucha decir en una grabación que presentó este lunes Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia. Al parecer, en repetidas ocasiones, embarcaciones de la Armada han acudido a ese argumento para impedir actividades de pesca en aguas que serían nicaragüenses.
Vista general durante la audiencia preliminar celebrada en la Corte Internacional de Justicia en 2015.
Vista general durante la audiencia preliminar celebrada en la Corte Internacional de Justicia en 2015.
Foto: EFE - Frank van Beek

La disputa diplomática entre Colombia y Nicaragua volvió a los estrados de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya (Países Bajos) este 20 de septiembre. Los abogados del país centroamericano aseguraron, a lo largo de sus intervenciones, que el Gobierno con sede en Bogotá ha incumplido de manera “flagrante” la decisión del mismo tribunal internacional que redefinió las fronteras marítimas entre los dos países.

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En el Palacio de la Paz, en La Haya, se dieron cita los 15 jueces que deliberarán sobre las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe, como ha sido llamado el caso que entabló Nicaragua contra Colombia, en el que no se discute la soberanía sobre San Andrés y Providencia ni las fronteras en sí mismas. La mayoría de ellos hizo presencia en el lugar, en toga, mientras que la mayoría de los abogados intervinieron de manera remota, pues todavía se conservan medidas de distanciamiento por la pandemia del COVID-19.

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Luego de que se diera inicio a la audiencia, el primero en hablar fue el agente del Estado nicaragüense, Carlos Argüello, que es el encargado de coordinar al equipo de defensa de su país, conformado en su mayoría por abogados extranjeros. Le pidió a los magistrados que, dado que Colombia, supuestamente, no ha cumplido la sentencia de 2012, se le obligue a brindar garantías certeras de no repetición para que Nicaragua pueda ejercer soberanía sobre la zona marítima (zona económica exclusiva) que le otorgó la Corte.

Argüello reprochó que, desde el gobierno de Juan Manuel Santos, Colombia se ha rehusado a acatar la orden de la CIJ con un argumento: que, según la legislación colombiana, las fronteras solo pueden definirse por tratados internacionales aprobados por el Congreso y ratificados por el presidente. “Cualquier supuesta necesidad de otro tratado para implementar la sentencia es simplemente una excusa para no cumplirla”, dijo Argüello ante los jueces.

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A su vez, recordó que el expresidente Álvaro Uribe ha hecho llamados a que sean los colombianos quienes decidan esos límites fronterizos a través de un referendo. Esta iniciativa, aunque no se ha materializado, la ha retomado el presidente Iván Duque, tanto en discursos de campaña, como en alocuciones públicas. Argüello dijo que buscar definir este asunto en las urnas era “un desafío directo a la autoridad de la Corte”.

También se refirió a dos episodios más: una entrevista del comandante de la Armada colombiana en San Andrés y Providencia, en la que aseguró que continuaría sus patrullajes sobre la reserva natural biósfera Seaflower, que está en medio de la zona en disputa; y mapas de la Comisión Colombiana del Océano, difundidos por la Vicepresidencia colombiana en los que aún citan como frontera con Nicaragua el tratado internacional Bárcenas-Esguerra, que tiene los límites definidos antes de la sentencia de 2012.

El representante de Nicaragua dijo que todos estos hechos eran “ejemplos recientes de la determinación de Colombia para continuar violando e ignorando los derechos de Nicaragua”. Y, posteriormente, le dio paso a los abogados que pasarían a desarrollar los argumentos concretos del gobierno de Managua.

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En la presentación de pruebas, los abogados de Nicaragua reprodujeron audios de varios incidentes ocurridos en altamar entre 2015 y 2019, entre guardacostas de Colombia y Nicaragua. En uno de ellos, desde una embarcación de la Armada colombiana le advirtieron a su contraparte nicaragüense no adentrarse más en el mar porque “el Gobierno colombiano determinó que el fallo de La Haya es inaplicable” y, por ende, estarían en aguas colombianas.

Además de audios, los abogados mostraron las locaciones en las que ocurrieron los incidentes para insistir en que Colombia ha vulnerado sus derechos. En otros incidentes, embarcaciones de pesca colombianas —u hondureñas con permisos de Colombia— entraron en aguas nicaragüenses y, cuando eran expulsadas, se repetía una escena: guardacostas de Colombia llegaban hasta el lugar e insistían en que podían estar allí porque el Gobierno no ha aplicado la sentencia de La Haya.

También echaron mano de declaraciones públicas del propio Juan Manuel Santos quien dijo, en repetidas ocasiones, que el fallo no podría ser aplicado en tanto no se entablara un diálogo directo con Nicaragua El abogado representante de Managua Alain Pellet dijo, además, que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, propuso en 2013 “abrir canales de comunicaciones para asegurar a la comunidad raizal derechos de pesca” y que esta comunicad está siendo utilizada por Colombia “para expandir actividades pesqueras industriales”.

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Además, los abogados de Nicaragua reprocharon que el gobierno Santos expidiera el Decreto 1946 de 2013 que establece que Colombia ejerce soberanía plena sobre sus territorios insulares y ejerce también jurisdicción y derechos soberanos sobre los espacios marítimos que ellos generan. Según los abogados de Managua, el derecho internacional solo permite extender estos derechos hasta 24 millas más allá de la costa, pero, aseguran Colombia estaría yéndose incluso más allá, en aguas nicaragüenses.

El miércoles 22 de septiembre Colombia podrá responder a las acusaciones de Nicaragua a través de sus agentes y sus abogados. Posteriormente, entrarían a discutirse los argumentos colombianos de una contrademanda en la Está previsto que los alegatos orales de ambos países continúen hasta el 1 de octubre y los jueces se retiren posteriormente para deliberar una decisión que se daría a conocer en 2022.

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