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12 Jun 2021 - 6:54 p. m.

Colombia responderá ante la Corte Interamericana por soldado desaparecido hace 23 años

El caso del soldado Óscar Iván Tabares Toro, desparecido hace 23 años, será atendido por la Corte IDH ante la impunidad que ha tenido en Colombia. Desde diciembre de 1997 no se tiene información del militar.
(Imagen de referencia)
(Imagen de referencia)
Foto: Mauricio Alvarado

La CIDH presentó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de desaparición forzada del soldado Óscar Tabares Toro en 1997, presuntamente, por sus compañeros del Ejército, cuando cumplía funciones en el municipio San Juanito (Meta). El caso va contra el Estado colombiano por la falta de investigación de los hechos y esclarecimiento de las circunstancias relativas a su desaparición.

La exposición ante la Corte se hizo el pasado 25 de mayo en el que se manifestó que Tabares era miembro activo del Ejército Nacional y se desempeñaba como soldado profesional de la compañía “Tigre”, sección “Gil Alfa” del batallón de contraguerrillas No. 20. Según se relató, unos testigos del hecho habrían escuchado una explosión de granada y tres disparos. A partir de ese momento no se sabe nada de del militar, quien, según algunas versiones, tenía algunas diferencias con su superior.

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La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), organización que presentó el caso, ha dicho que desde el inicio del proceso penal el Estado no ha mostrado mayor interés en conocer la verdad y dar justicia. Igualmente, la ONG dijo que “A pesar de la constante participación de los familiares de la víctima durante el proceso de investigación y búsqueda, y del abultado material probatorio que permitiría identificar a los mandos militares responsables de los hechos, no se han desplegado las labores destinadas a dar con el paradero de los restos de Óscar Iván Tabares Toro”.

“Son vinculantes en Colombia las decisiones de la Corte IDH. Una sentencia de ese organismo es mucho más fuerte que unas recomendaciones o un informe de fondo de la CIDH. Cuando se expidió el informe, que fue el año pasado, hubo una propuesta de parte del Estado, pero nosotros hicimos nuestras observaciones, porque no cumplía con lo que estaba ordenando la comisión y con las expectativas y formas de reparación que estaban solicitando los familiares de la víctima”, explicó Javier Galindo, abogado de la familia de la víctima.

Otro de los hechos presentados fue el constante cambio de fiscales. La organización dijo que el proceso ha tendido un total de ocho acusadores y que todos ellos mantuvieron una actitud de indiferencia ante la investigación. Además, afirman que los fiscales mantienen la hipótesis de que el soldado desertó para unirse, en esa época, a las filas de las Farc-EP, pero que no presentó nunca prueba alguna de eso.

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“Esperamos que se esclarezca la verdad de los hechos. La Fiscalía y los informes del Ejército mantenían la posición de que Óscar Iván había lanzando la granada en contra de sus superiores y había desertado del Ejército, para supuestamente unirse a las extintas Farc. Esto sin duda alguna significa una violación al debido proceso y la honra y honor a la familia. Ellos quieren que se deje de utilizar esta hipótesis. Después de ocho fiscales, es difícil poder decir que van a escoger que alguien va a avanzar en una hipótesis correcta. Después de tanto tiempo, aún no se han encontrado los restos de Óscar Iván”, concluyó Galindo.

Así mismo, la OEA, mediante un comunicado, respaldó lo dicho por la CCJ y expresó que “no se exploraron de manera exhaustiva las líneas de investigación que surgían de tal proceso, ni se citaron a declarar oportunamente a la totalidad de los soldados que podrían haber conocido o estar involucrados en los hechos”. Sumado a lo anterior, también dijo que “Si bien la Fiscalía finalmente decidió la apertura de una instrucción en contra de los superiores que se encontraban en el campamento, la Comisión observó que tal investigación se encontraría sin mayores avances”.

Familiares y representantes buscarán que la Corte concluya que el Estado de Colombia es responsable internacionalmente por la desaparición y ejecución extrajudicial de Óscar Iván Tabares y, en consecuencia, ordene una reparación integral, esa que en instancias nacionales tanto se ha negado

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