Colombia vuelve a salvarse en caso Granahorrar: ganó pleito por US$ 323 millones

El pasado 19 de abril, Colombia ganó un pleito similar por US$ 40 millones.

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El Tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya (CPA) acaba de inclinar su balanza a favor de Colombia en un millonario pleito por US$ 323 millones -$1.2 billones de pesos-, planteado por la familia Carrizosa y por el cual buscaban zanjar el caso Granahorrar. En 1998, el Estado capitalizó el antiguo banco, que estaba en crisis financiera, lo que fue tomado por los empresarios como una violación de las normas legales y al debido proceso de los terceros afectados.

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El Estado no deberá pagar un solo peso a Alberto, Felipe y Enrique Carrizosa, luego de que el Tribunal de la CPA revisara el Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos. ¿La razón? Colombia objetó que la nacionalidad efectiva y dominante de los hermanos Carrizosa no es la del país norteamericano, por lo tanto, no pueden demandar a su propio país en un foro internacional.

“De acuerdo con el Tribunal, los tres hermanos Carrizosa tienen sus vidas y actividades profesionales en Colombia. De hecho, el Tribunal dejó claro que, para las fechas críticas de la controversia, los tres hermanos se encontraban residiendo en Colombia. Finalmente, el Tribunal determinó que Bogotá es el lugar donde se concentra la vida familiar y social de los tres demandantes”, señaló la Agencia Nacional de Defensa del Estado.

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Los hermanos Carrizosa no solo perdieron el laudo internacional por la capitalización estatal del antiguo banco Granahorrar, también deberán pagarle a Colombia US$ 1.8 millones -$6.840 millones de pesos- por concepto de los costos de arbitraje y gastos de representación legal. Además, según la institución, el Tribunal de la CPA determinó que las pretensiones de la familia no podrán ser escuchadas por otro tribunal.

El pasado 19 de abril, la Agencia de Defensa del Estado también celebró la decisión del Tribunal Arbitral Internacional, el cual salvó a Colombia de pagarle US$ 40 millones -$146 mil millones de pesos- a la familia Carrizosa por las mismas denuncias. Ese despacho de justiciad determinó que no era competente para conocer el pleito y que la familia Carrizosa demoró en presentar su reclamo, por lo que prescribió.

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“Hoy hay una buena noticia para los colombianos. Colombia ganó el segundo arbitraje de inversión de su historia, con el laudo a favor obtenido en el caso de Astrid Carrizosa, exaccionista de Granahorrar, contra Colombia. El Tribunal desestimó la demanda, pero además condenó al demandante a pagarle a Colombia más de US$1 millón en gastos y costas judiciales”, señaló Camilo Gómez, director de la Agencia del defensa del Estado.

El pleito entre el Estado y la familia Carrizosa inició a finales de la década de los 90′s, cuando Colombia pasaba por una crisis financiera que desequilibró los bancos y corporaciones financieras. Los ahorros de millones de personas estaban en el limbo, a la vez que las entidades confrontaron un laberinto. Entre las empresas más afectadas estuvo el extinto banco Granahorrar, el cual quedó ilíquido, es decir, no tenía cómo cumplir sus obligaciones a corto plazo.

El problema de Granahorrar era de tamañas proporciones que la Superintendencia Bancaria ordenó a los máximos accionistas una capitalización de la entidad, como medida cautelar para proteger a los ahorradores de la entidad. $157.000 millones fue el dinero solicitado por la institución pública. Sin embargo, esa capitalización nunca se dio y el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafin), con el cual Granahorrar había buscado liquidez, ordenó reducir el valor de las acciones del banco. Tomó posesión del mismo.

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“FOGAFIN procedió a citar a todos los accionistas de Granahorrar a una asamblea extraordinaria, el 16 de octubre de 1998. Allí se modificó la junta directiva y se aprobaron los nuevos estatutos sociales en virtud del carácter oficial que adquirió. Además, el gobierno nacional produjo un Decreto en el que declaró la adscripción de Granahorrar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, agregó la Corte Constitucional, en sentencia del 25 de junio de 2014.

Esa sentencia de la Corte Constitucional, de hecho, fue también denunciada por la familia Carrizosa ante el Tribunal Administrativo Internacional. En primera instancia, el Consejo de Estado, en 2007, ordenó se le entregara los antiguos accionistas una millonarios indemnización, dado que el Estado habría actuado sin sustento sobre la situación real que Granahorrar estaba atravesando al momento de la crisis financiera. Sin embargo, la alta corte tumbó esa decisión en dos oportunidades -2011 y 2014-, asegurando que el Estado no tenía responsabilidad por una presunta intervención irregular.