Human Rights Watch (HRW) publicó los resultados de su más reciente investigación sobre el infierno que viven los migrantes y solicitantes de asilo durante su paso por el Tapón del Darién. El organismo internacional encontró responsabilidad compartida de las autoridades nacionales y panameñas, que hace años dejaron el territorio selvático prácticamente bajo custodia de organizaciones criminales, las cuales hacen las veces de Estado, se enriquecen a costa de las necesidades y aprovechan su autoridad para cometer violencia sexual. Para profundizar sobre los últimos resultados investigativos, Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, respondió algunas dudas a este diario.
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En contexto: Extorsión, ahogamiento y violencia sexual: los riesgos que permanecen en el Darién
¿Qué decisiones diplomáticas en Centro y Norteamérica están obligando a los migrantes a cruzar por El Darién?
Un número creciente de gobiernos en la región han impuesto restricciones, a menudo promovidas por Estados Unidos, a quienes intentan ingresar a sus países. En ocasiones incluso violando el derecho humano a solicitar asilo. Los datos analizados en nuestro informe sugieren que los requisitos de visado impuestos por México y Centroamérica contribuyen al aumento de migrantes que cruzan el Darién.
En el pasado, un gran número de venezolanos y ecuatorianos podían viajar a estos países en avión. Sin embargo, tras la imposición de visas, el número de personas de ambas nacionalidades que cruzan el Darién se ha disparado. Estas políticas no solo no reducen la cantidad de migrantes y solicitantes de asilo, sino que además los obligan a optar por rutas irregulares y peligrosas.
¿Qué recomendaciones haría a los Estados que están manejando la crisis migratoria en Centro y Norteamérica para evitar el paso de personas por El Darién?
América Latina y el Caribe pasó de tener SIETE millones de migrantes en 2005 a más de 15 millones en la actualidad. Si bien hubo algunos esfuerzos valiosos para enfrentar este desafío, como el Estatuto Temporal de Protección en Colombia y el sistema de asilo simplificado en Brasil, la respuesta ha tenido enormes limitaciones. Y la crisis que vemos hoy en el Darién es un reflejo de esas falencias. En lo inmediato, es necesario que México y los países de Centroamérica revisen sus requisitos de visas para que el Darién no sea su única ruta hacia el norte.
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Pero además tenemos que enfrentar el desafío de forma regional. El próximo año se cumplen 40 años de la Declaración de Cartagena, un instrumento jurídico histórico sobre derechos de los refugiados en la región. Es una oportunidad para desarrollar un nuevo andamiaje jurídico para la magnitud del fenómeno actual y las distintas causas que empujan a las personas a migrar. Por ejemplo, necesitamos avanzar hacia un mecanismo regional que permita distribuir de forma justa y razonable la carga de atender a los solicitantes de asilo en la región. Y tenemos que establecer estatutos temporales de protección regionales, por lo menos para venezolanos y haitianos.
Estados Unidos debe y puede hacer mucho más para apoyar a los países de la región en el fortalecimiento de los procesos de regularización y de integración socioeconómica. Solo así será posible enfrentar la creciente xenofobia en la región.
¿Cuál es la responsabilidad de las instituciones colombianas en la masiva violación de derechos humanos de los migrantes que cruzan El Darién?
El desafío es regional, pero Colombia y Panamá no pueden lavarse las manos. Los dos gobiernos tienen obligaciones de proteger a todas las personas en su territorio, incluyendo a los migrantes que están de paso, y de investigar las violaciones de derechos humanos contra ellos. En el lado colombiano del Darién, en el Urabá, el Clan del Golfo impone las reglas. Controlan de forma violenta a la población, extorsionan y cometen graves abusos. La política de paz total no excusa al gobierno colombiano de asegurar la protección de la vida y la integridad de los migrantes. Sin una política de seguridad efectiva en la frontera, Colombia está dejando a los migrantes a la deriva.
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¿Qué rol cumple el Clan puntualmente en relación con la migración?
Nosotros hemos podido confirmar que el Clan del Golfo cumple tres roles principales en relación con la migración a través del Darién. Primero, regula qué rutas se pueden utilizar, al parecer con el propósito de evitar que la migración ponga en riesgo sus rutas de tráfico de cocaína. En segundo lugar, el Clan extorsiona a todas las personas que se benefician de la migración, ya sea a los “guías” que llevan a las personas a través del Darién, a quienes alquilan habitaciones o a quienes venden comida a los migrantes.
En tercer lugar, el Clan establece normas de conducta para los migrantes y para la población local, y en algunos casos utiliza amenazas o violencia para garantizar que se cumplan sus reglas. Según la información provista por el Gobierno colombiano, el Clan del Golfo obtiene en promedio 125 dólares por cada migrante o solicitante de asilo que cruza la selva. Si esta estimación es correcta, el Clan habría ganado cerca de 57 millones de dólares en lo que va del año gracias al control de flujos migratorios.
¿Y qué ocurre durante el cruce de la frontera a Panamá?
En la frontera hay bandas de delincuentes que roban, matan y violan. Desde 2021, Médicos sin Frontera ha asistido a 950 personas, en su mayoría mujeres y niñas, que informaron haber sufrido violencia sexual. En muchos casos los criminales las agreden sexualmente con el pretexto de revisar si cuentan con dinero. En múltiples casos, cometen violaciones sexuales. Los casos que hemos documentado en nuestras visitas son realmente aterradores.
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¿Qué están haciendo las autoridades panameñas para acabar con los crímenes sexuales que se están presentando en su zona del Darién?
La respuesta de Panamá a los abusos cometidos en el Darién, incluyendo violencia sexual, es muy deficiente. La impunidad es la regla para estos gravísimos crímenes y con ello quienes los cometen saben que pueden continuar cometiendo abusos sin mayores consecuencias. La falta de recursos y personal en las fiscalías locales, la ausencia de una estrategia de investigación criminal para Darién y la limitada coordinación entre las autoridades colombianas y panameñas obstaculizan la rendición de cuentas y limitan seriamente los esfuerzos para desmantelar estos grupos criminales.
¿Qué debe hacer el gobierno colombiano para tomar control de El Darién?
El gobierno colombiano debe aumentar la presencia institucional en la zona para dar una respuesta humanitaria a los migrantes y solicitantes de asilo. Ello exige trabajar conjuntamente con los gobiernos locales y un mayor despliegue por parte de instituciones como Migración Colombia y el ICBF. Pero dado el control del Clan del Golfo sobre buena parte del Urabá estos esfuerzos tendrán pocos resultados si no vienen acompañados de una política de seguridad sólida para buscar desmantelar a esta organización criminal, enfrentando sus fuentes de financiamiento y la corrupción que le permite prosperar en la región.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
