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Después de 20 años, el proceso judicial por la muerte de dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Antioquia se está moviendo. El 3 de septiembre de 1998 fueron asesinados Edilbrando Roa López y John Alejandro Morales mientras realizaban labores de investigación en el municipio de Sonsón. La Fiscalía asegura que “la acción criminal fue planeada y ejecutada en cumplimiento de las órdenes generales impartidas por el Comando Central del Eln”. Por esto, el ente investigador acusó a cuatro altos mandos de esa guerrilla.
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El 2 de septiembre de 1998, la altura del corregimiento de San Miguel, el vehículo en el que se movilizaban Roa y Morales fue detenido en un retén ilegal. Cuando los hombres armados se percataron que eran funcionarios de la Fiscalía, los secuestraron. Sus cuerpos fueron encontrados en la misma vía al día siguiente. Por estos hechos, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; Eliécer Herlindo Chamorro Acosta, alias Antonio García y Rafael Sierra Granados, alias Ramiro Vargas irán a juicio por los delitos de secuestro simple y homicidio agravado, según reveló la Fiscalía.
Según el ente investigador, el secuestro y posterior asesinato de los funcionarios, fue planeado y ordenado por el Comando Central del Eln (COCE), estructura que lideran los cuatro acusados en el caso. Para la Fiscalía, es claro, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que “las acciones criminales atribuidas a los diferentes frentes, cuadrillas, compañías y demás estructuras del Eln son el resultado de las directrices definidas por los máximos cabecillas que hacen parte del denominado comando central (COCE)”.
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En su momento, Roa documentaba la relación entre el dirigente deportivo y dueño del Envigado, Gustavo Upegui, con grupos ilegales, y apoyaba la pesquisa por el sonado allanamiento del Parqueadero de Padilla, que en 1997 develó las entrañas del paramilitarismo y su relación con la Oficina de Envigado. El agente del CTI fue enviado a Medellín a recaudar pistas del caso, y el 2 de septiembre, junto con su compañero John Alejandro Morales, viajó a realizar labores de inspección a Sonsón. Por esto, en un principio, la familia Roa culpó al paramilitarismo del crimen.
En agosto de 2018 la Fiscalía explicó cómo iba la investigación de este caso. Al respecto, se informó que José Luis Mejía Ramírez, alías Bayron, comandante militar del Frente Carlos Alirio Buitrago del Eln se encontraba detenido. “Yo recuerdo el hecho, pero no sé quiénes lo hicieron. Eso fue hace mucho tiempo y, además, no estuve directamente”, aseguró el exguerrillero. Aunque Mejía Ramírez negó ser el autor intelectual del asesinato, asumió la responsabilidad por haber sido comandante del Frente Carlos Alirio Buitrago del Eln y apuntó hacia una nueva persona que operaba en la región.
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Así dio la Fiscalía con Héctor Hugo Ramírez Zuluaga, alias Esteban o El Cuñado, detenido en la cárcel de Cómbita (Boyacá). Ramírez Zuluaga aseguró que estuvo bajo el mando de Bayron y conoció del asesinato de los agentes. “El retén lo hizo gente bajo mi mando. Estuve en los hechos y los reporté. Recibí la orden de matarlos y así se hizo”, afirmó Esteban. Para el ente investigador, testimonios como este fueron claves en determinar que los autores materiales obraron cumpliendo órdenes del Comando Central.
En su momento Roa y Morales fueron considerados mártires y la Fiscalía prometió dar con los responsables. Tras años de batallas judiciales y persecuciones, en octubre del año pasado la Fiscalía declaró estos asesinatos como crímenes de guerra para que no prescribieran. Para el ente investigador, los hechos se dieron en el marco del conflicto armado, pues a Roa y Morales los mataron porque fueron considerados una amenaza por pertenecer al CTI.
El 31 de enero de este año, como informó este diario el equipo del Eln que negociaba con el gobierno un eventual abandono de las armas en La Habana se negó a regresar a Colombia. "El 18 de enero, el Gobierno anunció su negativa a reanudar las conversaciones de paz con el Eln y, posteriormente, declaró que desconocía los protocolos firmados en 2016. Además se ha negado a participar en la elaboración del plan de retorno de la delegación y, por tanto, no será posible concretar tal regreso en el plazo previsto", se lee en el comunicado de la guerrilla de ese momento. Entre tanto, las órdenes de captura en su contra se reanudaron y están llamados a responder en otros procesos, como el atentado a la Escuela de Policía general Santander en enero de este año, el secuestro de periodistas de varios periodistas en el Catatumbo, entre quienes estaba Salud Hernández Mora, entre otros.