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La intensificación del conflicto armado en la región del Catatumbo provocó en las últimas 24 horas el desplazamiento de cerca de 250 personas, quienes llegaron a Cúcuta y Ocaña tras huir de sus hogares por temor a nuevos enfrentamientos entre grupos armados del Eln y disidencias de las Farc.
Cifras oficiales reportan en Cúcuta la llegada de 54 núcleos familiares, cerca de 200 personas desplazadas, mientras que en Ocaña ingresaron 11 núcleos familiares, equivalentes a unas 50 personas, durante las últimas 24 horas.
De acuerdo con el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), la situación humanitaria podría agravarse en los próximos días, pues alrededor de 6.000 personas estarían en riesgo de confinamiento y desplazamiento como consecuencia de las acciones armadas que se registran principalmente en el municipio de Tibú.
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Ante este panorama, el NRC activó su respuesta de emergencia y lanzó un llamado urgente al Estado colombiano para que garantice protección y asistencia humanitaria inmediata, así como a los actores armados para que respeten a la población civil.
“Personas que habitan en la región del Catatumbo tienen miedo de los combates entre grupos armados organizados. Cientos se están desplazando para salvar sus vidas y necesitan de asistencia humanitaria urgente: un techo seguro para albergarse, alimentos, agua segura y protección. En los próximos días el número de personas podría incrementarse si no se protege y respeta a la población civil”, advirtió Giovanni Rizzo, director el NRC en Colombia.
Las personas desplazadas provienen principalmente de los municipios de Tibú y El Tarra. La situación más crítica se registra en el corregimiento de Pachelly, en Tibú, donde comunidades locales alertaron sobre el riesgo de confinamiento y desplazamiento de más de 6.000 personas.
Según cálculos de organizaciones humanitarias, al menos 200.000 personas habrían sido afectadas en 2025 por el escalamiento del conflicto armado en los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, lo que representa más de la mitad de la población que habita en esta subregión.
“No puede ser posible que la vida de personas en el nororiente del país, así como en otras regiones, se siga poniendo en riesgo por las confrontaciones armadas. La solidaridad de todos, incluida la comunidad internacional y las instituciones del Estado, es fundamental para acompañar a quienes están siendo obligados a pasar esta época del año golpeados por la violencia y lejos de sus hogares y familias”, agregó Rizzo.
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