¿Cómo fue la masacre de Mondoñedo, posible nueva pista en el crimen de Gómez Hurtado?
El 6 y 7 de noviembre de 1996 cuatro estudiantes de la Universidad Distrital fueron secuestrados y asesinados por miembros de la Dijin. El antiguo miembro del Secretariado de las Farc y ahora congresista de la FARC, Julián Gallo, dice que en esos hechos murieron dos personas que participaron en el crimen del político conservador.
En una exclusiva entrevista a El Espectador, el hoy senador del partido FARC y antiguo miembro del Secretariado de la desaparecida guerrilla aceptó su responsabilidad en el plan para asesinar al político conservador y entonces candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, perpetrado el 2 de noviembre de 1995. En diálogo con este diario, el congresista señaló que la masacre de Mondoñedo, cometido contra seis estudiantes universitarios por hombres de la Dijin de la Policía en septiembre de 1996, sería una pista clave para resolver el homicidio de Gómez Hurtado, ejecutado por cuatro hombres a las afueras de la Universidad Sergio Arboleda, en el norte de Bogotá.
Carlos Antonio Lozada, nombre que adoptó Julián Gallo mientras estuvo en las Farc, señaló que en el asesinato de los cuatro alumnos de la universidad Distrital en la vía que conduce de Bogotá al municipio de La Mesa, murieron dos de las personas que participaron en el magnicidio de Gómez Hurtado. Se trata de Juan Carlos Urbano o Chayán, el líder de la operación contra Gómez Hurtado, y Roque o Mono Chiquito. “Algunos de los que participaron en el asesinato de Gómez fueron asesinados por la Policía. Creo que ahí lograron establecer los hechos, pero como los mataron, al Estado le tocó callarse. Ante el asesinato y la barbarie que cometieron con los compañeros intentaron ocultar esos hechos y desviaron la atención", señaló Lozada a este diario.
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La masacre de Mondoñedo, perpetrada el 6 y 7 de septiembre de 1996 contra Vladimir Zambrano, Jénner Mora, Juan Palacios, Arquímedes Moreno, Federico Quesada y Martín Valdivieso. Hace tres años, cuando fueron condenados seis policías retirados a 38 años de prisión por la masacre, el juez del caso señaló que los miembros de la Dijin hicieron seguimientos contra las víctimas porque los jóvenes habrían hecho parte de las milicias urbanas de las Farc y eran considerados responsables de ataques a la estación de Policía de Kennedy en 1995, en donde murieron tres uniformados. Lozada ahora afirma que en ese hecho había muerto toda la comandancia de la Red Urbana Antonio Nariño de la guerrilla de las Farc.
El crimen tuvo lugar tras un antecedente importante en materia de orden público, en esos años violentos del conflicto armado colombiana. En la noche del 30 de agosto, una semana antes de los asesinatos en zona rural de Cundinamarca, un comando guerrillero de las Farc tomó por asalto la base militar de Las Delicias, ubicada en la espesa selva del Putumayo, en el sur del país. La acción subversiva dejó un saldo de 28 uniformados muertos, y 60 secuestrados. Algunos familiares de las víctimas se preguntaron, durante una entrevista en agosto de 2017 con El Espectador, si la sórdida muerte de los jóvenes se trató de una especie de ajuste de cuentas de la Fuerza Pública contra las Farc.
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Los exintegrantes de la Dijín condenados son el capitán (r) Carlos Alberto Niño Flórez y los suboficiales (r) Filemón Fabara Zúñiga, Milton Mora Polanco, Néstor Barrera Ortiz, Hernando Villalba Tovar y Pablo Salazar Piñeros. Por este crimen masivo, también fueron sentenciados los policías José Albeiro Carrillo Montiel, José Ignacio Pérez y Carlos Ferlein Alfonso el 31 de enero del 2003 a 40 años de cárcel. El mayor (r) Héctor Édisson Castro fue sentenciado a los mismos años de prisión en diciembre de 2013. Todo ellos, fueron aceptados en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un año después cuando fueron beneficiados con la libertad transitoria y anticipada.
Según el Juzgado que condenó en agosto a los seis miembros de la Dijín, el fin de semana del 6 y 7 de septiembre, los estudiantes Zambrano, Mora, Palacios y Moreno salieron de sus respectivas casas para encontrarse en la bolera El Salitre, con el propósito de hablar sobre su seguridad personal, ya que sentían que estaban siendo objeto de seguimientos por parte de la Fuerza Pública. Solo se volvió a tener noticia de ellos cuando sus cuerpos fueron encontrados el 7 de ese mes con tiros de gracia, atados, con señales de tortura e incinerados en terrenos de la hacienda El Fute, ubicada en una zona llamada el Alto de Mondoñedo, en la vía que une a Soacha y Mosquera.
Horas después de que los cuatro cuerpos de los estudiantes fueran hallados, los universitarios Federico Quesada y Martín Valdivieso, también señalados de pertenecer a las milicias de la guerrilla, fueron asesinados cuando salían de sus casas. El primero, en el barrio Argelia de la localidad de Kennedy; mientras que Valdivieso fue asesinado en la localidad de Fontibón, al noroccidente de la capital. Los asesinatos de los estudiantes se investigaron y se juzgaron de manera conjunta porque, según el Juzgado, los universitarios “habrían hecho parte de la red urbana de las Farc” y porque el grupo de policías condenados hacían parte de una organización dentro de la Dijín conocida como “Armados Ilegales”.
Quienes se hicieron cargo de las primeras investigaciones por la masacre de Mondoñedo fueron los propios familiares de los estudiantes de la Distrital. Alfonso Mora León, padre de Jénner Alfonso Mora, se puso a la cabeza de las indagaciones y luego tuvo que abandonar el país por amenazas. Durante los años siguientes al crimen masivo, Mora recibió informaciones anónimas en las que le contaban detalles (nombres de los policías y fechas) de la operación que desarrollaron los miembros de la Dijín para acabar con la vida de los universitarios.
La investigación empezó a tomar un curso más sólido contra los informados cuando, en agosto de 2001, un policía de la Dijín confesó los hechos de la masacre ante la Fiscalía. El testigo declaró que, aunque no participó, conocía a quienes lo hicieron. Agregó que los uniformados, comandados por el mayor (r) Castro, contaban con un infiltrado en las Farc y que fue éste quien les ayudó a secuestrar y luego asesinar a los presuntos milicianos universitarios. Igualmente, sostuvo que los asesinos le contaron que estaban “confiados de que judicialmente no les iba a pasar nada, porque habían incinerado a las víctimas para evitar que fueran reconocidas”.
En una exclusiva entrevista a El Espectador, el hoy senador del partido FARC y antiguo miembro del Secretariado de la desaparecida guerrilla aceptó su responsabilidad en el plan para asesinar al político conservador y entonces candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, perpetrado el 2 de noviembre de 1995. En diálogo con este diario, el congresista señaló que la masacre de Mondoñedo, cometido contra seis estudiantes universitarios por hombres de la Dijin de la Policía en septiembre de 1996, sería una pista clave para resolver el homicidio de Gómez Hurtado, ejecutado por cuatro hombres a las afueras de la Universidad Sergio Arboleda, en el norte de Bogotá.
Carlos Antonio Lozada, nombre que adoptó Julián Gallo mientras estuvo en las Farc, señaló que en el asesinato de los cuatro alumnos de la universidad Distrital en la vía que conduce de Bogotá al municipio de La Mesa, murieron dos de las personas que participaron en el magnicidio de Gómez Hurtado. Se trata de Juan Carlos Urbano o Chayán, el líder de la operación contra Gómez Hurtado, y Roque o Mono Chiquito. “Algunos de los que participaron en el asesinato de Gómez fueron asesinados por la Policía. Creo que ahí lograron establecer los hechos, pero como los mataron, al Estado le tocó callarse. Ante el asesinato y la barbarie que cometieron con los compañeros intentaron ocultar esos hechos y desviaron la atención", señaló Lozada a este diario.
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La masacre de Mondoñedo, perpetrada el 6 y 7 de septiembre de 1996 contra Vladimir Zambrano, Jénner Mora, Juan Palacios, Arquímedes Moreno, Federico Quesada y Martín Valdivieso. Hace tres años, cuando fueron condenados seis policías retirados a 38 años de prisión por la masacre, el juez del caso señaló que los miembros de la Dijin hicieron seguimientos contra las víctimas porque los jóvenes habrían hecho parte de las milicias urbanas de las Farc y eran considerados responsables de ataques a la estación de Policía de Kennedy en 1995, en donde murieron tres uniformados. Lozada ahora afirma que en ese hecho había muerto toda la comandancia de la Red Urbana Antonio Nariño de la guerrilla de las Farc.
El crimen tuvo lugar tras un antecedente importante en materia de orden público, en esos años violentos del conflicto armado colombiana. En la noche del 30 de agosto, una semana antes de los asesinatos en zona rural de Cundinamarca, un comando guerrillero de las Farc tomó por asalto la base militar de Las Delicias, ubicada en la espesa selva del Putumayo, en el sur del país. La acción subversiva dejó un saldo de 28 uniformados muertos, y 60 secuestrados. Algunos familiares de las víctimas se preguntaron, durante una entrevista en agosto de 2017 con El Espectador, si la sórdida muerte de los jóvenes se trató de una especie de ajuste de cuentas de la Fuerza Pública contra las Farc.
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Los exintegrantes de la Dijín condenados son el capitán (r) Carlos Alberto Niño Flórez y los suboficiales (r) Filemón Fabara Zúñiga, Milton Mora Polanco, Néstor Barrera Ortiz, Hernando Villalba Tovar y Pablo Salazar Piñeros. Por este crimen masivo, también fueron sentenciados los policías José Albeiro Carrillo Montiel, José Ignacio Pérez y Carlos Ferlein Alfonso el 31 de enero del 2003 a 40 años de cárcel. El mayor (r) Héctor Édisson Castro fue sentenciado a los mismos años de prisión en diciembre de 2013. Todo ellos, fueron aceptados en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un año después cuando fueron beneficiados con la libertad transitoria y anticipada.
Según el Juzgado que condenó en agosto a los seis miembros de la Dijín, el fin de semana del 6 y 7 de septiembre, los estudiantes Zambrano, Mora, Palacios y Moreno salieron de sus respectivas casas para encontrarse en la bolera El Salitre, con el propósito de hablar sobre su seguridad personal, ya que sentían que estaban siendo objeto de seguimientos por parte de la Fuerza Pública. Solo se volvió a tener noticia de ellos cuando sus cuerpos fueron encontrados el 7 de ese mes con tiros de gracia, atados, con señales de tortura e incinerados en terrenos de la hacienda El Fute, ubicada en una zona llamada el Alto de Mondoñedo, en la vía que une a Soacha y Mosquera.
Horas después de que los cuatro cuerpos de los estudiantes fueran hallados, los universitarios Federico Quesada y Martín Valdivieso, también señalados de pertenecer a las milicias de la guerrilla, fueron asesinados cuando salían de sus casas. El primero, en el barrio Argelia de la localidad de Kennedy; mientras que Valdivieso fue asesinado en la localidad de Fontibón, al noroccidente de la capital. Los asesinatos de los estudiantes se investigaron y se juzgaron de manera conjunta porque, según el Juzgado, los universitarios “habrían hecho parte de la red urbana de las Farc” y porque el grupo de policías condenados hacían parte de una organización dentro de la Dijín conocida como “Armados Ilegales”.
Quienes se hicieron cargo de las primeras investigaciones por la masacre de Mondoñedo fueron los propios familiares de los estudiantes de la Distrital. Alfonso Mora León, padre de Jénner Alfonso Mora, se puso a la cabeza de las indagaciones y luego tuvo que abandonar el país por amenazas. Durante los años siguientes al crimen masivo, Mora recibió informaciones anónimas en las que le contaban detalles (nombres de los policías y fechas) de la operación que desarrollaron los miembros de la Dijín para acabar con la vida de los universitarios.
La investigación empezó a tomar un curso más sólido contra los informados cuando, en agosto de 2001, un policía de la Dijín confesó los hechos de la masacre ante la Fiscalía. El testigo declaró que, aunque no participó, conocía a quienes lo hicieron. Agregó que los uniformados, comandados por el mayor (r) Castro, contaban con un infiltrado en las Farc y que fue éste quien les ayudó a secuestrar y luego asesinar a los presuntos milicianos universitarios. Igualmente, sostuvo que los asesinos le contaron que estaban “confiados de que judicialmente no les iba a pasar nada, porque habían incinerado a las víctimas para evitar que fueran reconocidas”.