Publicidad
8 Jul 2022 - 12:12 a. m.

Comunidad Awá: De protegidos por la CIDH al constante riesgo de exterminio

Su lucha por no desaparecer y proteger sus raíces ancestrales en territorio nacional ha llegado a instancias internacionales. Han pedido ayuda en todos los terrenos jurídicos en Colombia, y ninguno parece surtir efecto. El más reciente golpe lo recibió la comunidad el fin de semana pasado, con el asesinato de Juan Orlando Moreano.
Territorio del pueblo awá, en el corregimiento Cofanía Jardines de Sucumbíos, en Ipiales, Nariño, límites con Putumayo.
Territorio del pueblo awá, en el corregimiento Cofanía Jardines de Sucumbíos, en Ipiales, Nariño, límites con Putumayo.
Foto: Asociación MInga

La muerte de Juan Orlando Moreano, gobernador de la comunidad indígena Awá, y dos miembros de la guardia indígena Inda Sabaleta, es la muestra de lo que padecen los pueblos indígenas en el territorio nacional por cuenta de la violencia y la presencia de grupos al margen de la ley en sus territorio. Aunque el crimen de los tres líderes ha generado todo tipo de repudio, esta es una situación sistemática que se viene registrando desde hace un poco más de 15 años. La comunidad ha denunciado vulneración de derechos humanos y han llegado a instancias internacionales con tal de no llegar a un exterminio. Eso es lo que más temen.

De momento, la Fiscalía dispuso de un equipo especializado para esclarecer los hechos. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que tiene una arista de investigación sobre el posible exterminio del pueblo étnico, condenó el asesinato, y la ONU y organizaciones como Human Rights Watch hicieron lo propio. Los Awá es uno de los 64 pueblos indígenas que aún conservan su lengua nativa, y con ello, la relación espiritual y cultural con el territorio en el que habitan. Nariño es el departamento que por naturaleza han ocupado desde años memorables, y también es el nido de los grupos al margen de la ley.

A pesar del Acuerdo de Paz, en 2016, la conflictividad en el territorio parece ser un dolor de cabeza de nunca acabar. La guerra en esa zona del país no da tregua ni al mismo Gobierno que, aunque ha tratado de erradicar los grupos al margen de la ley y disminuir la cantidad de cultivos ilícitos sembrados, las comunidades son las que quedan en medio de ese fuego cruzado entre lo legal y lo ilegal. Paulo Bacca, abogado de la Universidad Nacional y miembro de Dejusticia, ha plasmado en un informe a la JEP lo que la comunidad ha padecido durante años de conflicto.

“El pueblo Awá avanzó con un plan de salvaguarda por su vida, pero lo cierto es que la violencia en esa zona no ha parado”, dijo en diálogo con este diario y añadió que el escenario del pueblo indígena es crítico y con temor a un posible exterminio. En un informe de más de 200 páginas que remitieron a la JEP, el abogado expone que, entre los años 2005 y 2020, el pueblo Awá, así como 33 comunidades indígenas más, ha sido el blanco de la violencia. Con los días tienden a desaparecer física y culturalmente por lo que se movieron con todo tipo de acciones para buscar protección.

Lea aquí: Masacre en Tumaco: asesinan a tres indígenas del resguardo Awá

La Corte Constitucional, en 2009 y 2011, les dio la razón y los protegió con un “carácter prioritario” por la grave afectación que afrontan. El alto tribunal consideró que el pueblo Awá estaba siendo asaltado en sus derechos fundamentales y colectivos, tenían riesgo de minas antipersonales (MAP), municiones sin explotar (MUSE), daños causados por la minería, ocupación de lugares tradicionales por parte de grupos armados legales e ilegales, entre otras violaciones e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH).

Para 2011, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas les dio otro espaldarazo. Después de su misión a Colombia, emitió un informe en el que determinó que en el departamento de Nariño había indicios de un genocidio contra el pueblo Awá. En marzo del mismo año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la comunidad y le solicitó al Estado implementar medidas que cuidaran la vida de los miembros del pueblo étnico.

Lea también: Se agudizó el confinamiento en el país por la violencia armada

El rastreo que realizó en esa época no es menor. Hallaron que la comunidad indígena era víctima de desplazamiento forzado, masacres, amenazas, hostigamientos, asesinatos y violencia de género, una situación que, a juicio de Paulo Bacca, no es nada diferente a lo que ocurre actualmente. Para el experto, los sucesos ocurridos durante el fin de semana pasado son una muestra que la amenaza que se cierne durante varios años sobre los Awá, y que hoy es analizada por la JEP, es una deuda pendiente.

Aunque es algo que intentan saldar a través del macrocaso número 02 que investiga la situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, la crisis humanitaria no para. Prueba de ello es lo que expresó en su momento la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP en donde mencionó que “hay una falta de garantías para la movilización colectiva de los pueblos indígenas a partir del ejercicio de liderazgos propios que puedan articularse de forma efectiva en torno al derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”.

El tribunal de paz había advertido que lo que padece la comunidad es una situación grave aún más si hay asesinatos continuos de autoridades indígenas del pueblo Awá. En ese orden, lo que busca Dejusticia, en cabeza de Paula Bacca, es erradicar la vulneración de derechos humanos de las comunidades, que el Estado respete, y además, cumpla los lineamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que los pueblos indígenas sean escuchados desde su ancestralidad para no erradicarla, y con ello su identidad.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Síguenos en Google Noticias