Se agudizó el confinamiento en el país por la violencia armada

Este año, Chocó ha sido el departamento más afectado por el confinamiento. Allí se encuentra el 87% de los registros.

Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

La violencia armada persiste en Colombia, y sus principales víctimas siguen siendo indígenas, afros y campesinos. En lo que va de este año, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), se han presentado 80 desplazamientos masivos por el conflicto, en los que más de 10 familias o 50 personas han tenido que dejar sus territorios.

En total son 33.000 desplazados, que en su mayoría han salido de zonas rurales de los departamentos del Pacífico, en donde los enfrentamientos entre grupos armados se han acentuado, a tal punto que entre enero y mayo de 2022 de Nariño salieron 14.494 personas, mientras que del Valle del Cauca fueron 3.500; de Chocó, 2.318, y en el Cauca, 1.400 personas.

“El desplazamiento viene aumentando como resultado de una intensificación de la violencia relacionada con enfrentamientos armados y ataques a la población civil, especialmente porque desde que se firmó el Acuerdo de Paz son menos los combates entre el Ejército y los grupos armados, y son más las confrontaciones entre actores no estatales”, explica Kyle Johnson, politólogo e investigador de la Fundación Conflict Responses.

Adicionalmente, en el Pacífico se han registrado violaciones a los derechos humanos de grupos indígenas, como la comunidad awá, así como contra los afros; un ejemplo de ello fue el asesinato, el pasado 3 de julio, de tres miembros del resguardo awá Inda Sabaleta en Tumaco (Nariño), entre los que se encontraba Juan Orlando Moreano, gobernador encargado del resguardo.

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Los enfrentamientos armados, las amenazas, los homicidios, los combates entre actores armados y el Ejército, así como la incursión, son las principales causas del desplazamiento masivo, por ello el Pacífico es de las zonas más afectadas, pues allí “vemos un conflicto más intenso y de más larga duración. Por ejemplo, en Nariño hay muchos combates porque los actores armados manejan una operación abierta, es decir, que es muy común llegar a los caseríos, especialmente en el Pacífico nariñense, y ver que el actor armado está presente en el pueblo, por lo que los enfrentamientos se dan muy cerca o en la zona urbana”, señala Johnson.

Al desplazamiento se suma el confinamiento, un fenómeno que pone en riesgo los derechos de miles de personas al año en los territorios más azotados por los conflictos, pues, según Manuel Salamanca, profesor en ciencia política y director del Instituto de Derechos Humanos y Construcción de Paz, de la Universidad Javeriana, en Colombia hay más de un conflicto. “Aunque hace poco se firmó el Acuerdo, han incrementado los actores, por eso hay distintos tipos. Se trata de nuevas presencias que, frente a la ausencia de las Farc, buscan tener control territorial y tienen distintas maneras de lectura”.

El confinamiento es una situación que viola el derecho a la movilidad y al acceso de bienes, servicios o derechos por varias semanas. Según la Ocha, actualmente son 116.000 las personas que han sido confinadas en el país, principalmente en comunidades indígenas, que son el 58 % de las afectadas por este fenómeno.

De acuerdo con Salamanca, esto se debe a que “la mayoría de los indígenas viven en zonas apartadas del casco urbano, por lo que se confinan para protegerse, pues les es más difícil salir; en suma, tienen un arraigo territorial fuerte. Sin embargo, el confinamiento hay que revisarlo desde un enfoque diferencial, por ejemplo las madres solteras son más propensas a tener confinamientos porque la violencia estructural las hace más proclives a ello”.

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Aunque pareciera que el confinamiento es una elección de quienes no quieren desplazarse, realmente termina siendo casi que la única opción para protegerse de la violencia. “A veces simplemente hay actores armados bloqueando una zona, y la gente queda en la mitad de la confrontación sin tener nada más que hacer y sin poder salir. Esa no es una decisión, sino que es lo que les toca”, dijo Salamanca.

Esta hipótesis la respalda Johnson, quien argumenta que tomar la decisión de desplazarse es bastante complicado para las comunidades, ya que “las personas tienen que pelear y resistir en contra de grupos, se enfrentan a las minas antipersonas y en los caminos hay presencia de guerras abiertas, entonces es muy difícil salir. En algunos casos se desplazan porque el actor armado lo permite, o digamos que no lo prohíbe. Algunos que se confinan es porque les dicen que tienen que hacerlo”.

Este año, Chocó ha sido el departamento más afectado por el confinamiento. Allí se encuentra el 87 % de los registros, es decir, más de 52.000 personas. Adicionalmente, vienen en aumento los secuestros y asesinatos, que incentivan a su vez el desplazamiento, como ocurrió el 28 de junio, tras el asesinato de cinco personas secuestradas en el Bajo Baudó, Chocó, entre los que se encontraban cuatro jóvenes indígenas Wounnan y un afrodescendiente del corregimiento de Orpúa.

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Otras zonas afectadas por la violencia han sido Argelia y Buenos Aires (Cauca), Alto Baudó, Bojayá, Litoral de San Juan, Medio Atrato y Medio San Juan (Chocó), El Charco, Magüí Payán, Olaya Herrera, Roberto Payán y Tumaco (Nariño) y Buenaventura (Valle del Cauca), en el Pacífico.

En Colombia, es determinante atender los casos de confinamiento de forma independiente, pues, sus características son distintas a las de desplazamiento. Esto lo estipuló la Corte Constitucional ante un caso reportado en enero de 2008 en el municipio de Samaniego (Nariño). “Las situaciones de confinamiento, el bloqueo o aislamiento de la población civil en el marco de un conflicto armado son, a su vez, causas directas de violaciones de los derechos constitucionalmente protegidos (...) la población tiene títulos constitucionales múltiples para exigir a las autoridades colombianas que se restablezcan las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de sus derechos”, señala el fallo.

Las comunidades del Pacífico han llamado la atención de entidades como la Defensoría del Pueblo para evidenciar las circunstancias y pedir intervenciones del Gobierno Nacional para impedir los confinamientos y desplazamientos. La Iglesia católica ha hecho alertas por las condiciones de los pobladores de Chocó, mientras que organizaciones como Acadesan (Consejo Comunitario del San Juan) han propuesto iniciativas como consolidar refugios humanitarios en poblados cercanos, para dar atención en las mismas zonas y garantizar el retorno, ya que los desplazamientos a lugares como Buenaventura o Cali solo los aleja de la posibilidad de continuar con sus vidas en sus territorios.