Un presunto caso de empalamiento en el municipio de Riosucio fue la nuez de las denuncias recientes sobre presencia de grupos armados en el departamento de Caldas. El 11 de enero un indígena de 44 años fue empalado, según su denuncia ante la Personería Municipal, por un grupo de siete hombres armados que pretendían reclutar a sus hijos.
Gánale la carrera a la desinformación NO TE QUEDES CON LAS GANAS DE LEER ESTE ARTÍCULO
¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión para continuar
El hombre fue atendido en el hospital local; luego lo trasladaron al Hospital Santa Sofía, de Manizales, donde fue desmentida, aún sin razones claras, la versión de que se trataba de un caso de empalamiento. El hecho desencadenó una serie de alertas por parte de habitantes del Occidente caldense sobre la posible presencia de grupos armados; pero han sido desestimadas por las autoridades.
Ese no es el único hecho violento que ocurre recientemente en el municipio. El 10 de enero de este año, un día antes de que ocurriera el presunto caso de violencia en contra del comunero indígena, habitantes de los municipios de Riosucio y Supía informaron sobre el asesinato de un hombre en la comunidad de Tizamar. Las autoridades verificaron los hechos y comunicaron que se trataba de un foráneo cuya identidad no pudo ser determinada.
Lea también: Capturan en Caldas a 11 personas dedicadas a la minería ilegal en el río Cauca
Esa misma semana, el 14 de enero, una mujer identificada como Gloria Nancy Largo Largo fue hallada sin vida en zona rural de la comunidad de Cameguadua, con heridas de bala. Las razones detrás de ambos homicidios aún son materia de investigación por parte de las autoridades.
Estos hechos violentos fueron antecedidos por una oleada de quemas de trapiches paneleros. Según reportes de las autoridades del departamento, entre 2020 y 2024 fueron quemados 19 estructuras para la producción de panela. Esa es una de las principales actividades económicas del Occidente caldense, que además se ubica en un corredor estratégico para los grupos armados entre los departamentos de Risaralda y Chocó.
En 2018 la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana número 084 en la que advirtió la situación. “El escenario de riesgo actual para la población civil se configura a partir del proceso de reorganización y copamiento territorial por parte de estructuras armadas ilegales hacia la subregión del Alto Occidente caldense”, señaló la entidad. En mayo de 2021 se conoció una segunda alerta, la número 021 de ese año, en la que la entidad amplió el mapa de posible presencia de grupos armados a otros municipios como Samaná.
Las comunidades denuncian
Paredes de casas y escuelas pintadas con mensajes alusivos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), tras un paro armado de 2020, y marcas recientes del Ejército Popular de Liberación (EPL) en vallas y carreteras acrecientan el temor de la población. Daimer Moreno, personero municipal de Riosucio, le dijo a El Espectador que son constantes los llamados de atención de los habitantes del municipio.
La gente se acerca a su oficina o lo abordan en las calles del pueblo y, con miedo, le dicen que ven a personas armadas, con prendas de uso privativo de la fuerza pública que transitan por las veredas del Resguardo Colonial Cañamomo Lomaprieta, un territorio compartido entre los municipios de Riosucio y Supía. Los habitantes aseguran que en las veredas Lomitas y Las Estancias se ven grupos de hasta diez sujetos con camuflados, especialmente en las noches.
Las denuncias ya han sido radicadas por Andrés Ledesma, abogado defensor de derechos humanos y coordinador nacional defensores de derechos de la ONG Colombia Visible. Él puso en conocimiento de la Personería Municipal “la presunta presencia armada en el Resguardo Escopetera y Pirza, en diciembre de 2024, junto con denuncias de desplazamientos forzados y amenazas contra los habitantes”.
Le puede interesar: La situación actual de orden público en Colombia: Radiografía de un país en guerra
Pese a que el personero ha hecho eco de sus denuncias, las autoridades del orden municipal y departamental las han desestimado. Poner a la luz pública la situación de seguridad ha llevado a que Ledesma reciba llamadas amenazantes, panfletos y mensajes de texto en los que advierten conocer su lugar de residencia y sus recorridos por la zona rural del municipio. “Tenemos balas para todos”, se lee en una de las amenazas en su contra.
Diego Fernando Díaz, abogado representante del pueblo indígena Kumba Kimbaya y del pueblo afrodescendiente de Guamal, que viven en el territorio de resguardo compartido entre Riosucio y Supía, también ha sido insistente en denunciar el tránsito de grupos de hasta 18 personas armadas y con camuflados por las veredas del municipio.
Díaz ha puesto en conocimiento de la personería Municipal situaciones como la del 15 de enero de 2024, cuando la comunidad le informó que cuatro hombres armados estaban cerca a una escuela del resguardo. También que el 2 de febrero seis hombres armados pasaron en motocicletas por la vereda La Iberia, cerca a la casa de su padre, Luis Alirio Díaz. El hombre, que es el kurikamayo (jefe) del pueblo Kumba Kimbaya, también ha alertado la presencia de actores armados no identificados. Por eso, a él y a su familia les recomendaron “cuidarse” y evitar persistir con las denuncias, como narró a este diario.
Lea: ¿Ha bajado la violencia en Colombia? Las cifras que contradicen al gobierno Petro
Las autoridades de Supía también tienen la lupa puesta en la situación. El pasado 5 de febrero, durante un encuentro de alcaldes de Caldas, el mandatario de ese municipio, Héctor Mauricio Torres, hizo públicas las alertas. “Los alcaldes de la región hemos escuchado comentarios de que hay presencia de grupos al margen de la ley, se nos han venido acercando las comunidades denunciándolo”, dijo a medios de comunicación.
El secretario de gobierno de ese municipio, Mario Fernando Bueno, y la personera municipal, Susana Díaz Gallego, le confirmaron a El Espectador las denuncias de la ciudadanía, pero dicen que faltan acciones concretas. “No podemos seguir omitiendo informaciones”, dijo el secretario Bueno. Agregó que se han comunicado con la Policía y el Ejército, quienes evalúan la viabilidad de mover tropas hacia la región, “pero estas aún no han llegado”.
Silencio de las autoridades regionales
Los ciudadanos, defensores de derechos humanos, líderes sociales y autoridades locales coinciden en que sus denuncias no han tenido el eco suficiente. El abogado Díaz se reunió el 5 de febrero en Manizales con la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Caldas y el Batallón Ayacucho para exponer la situación. En esa reunión las autoridades le confirmaron que sí tenían indicios de la presencia de actores armados y se comprometieron con avanzar en las investigaciones necesarias para corroborar esa información y determinar qué estructura ilegal estaría rondado la región.
Sin embargo, al cierre de esta edición, el representante de los pueblos étnicos aseguró que no se han visto avances. Tampoco fue informado sobre la sesión de la Asamblea de Caldas que se realizará el próximo 4 de marzo a las 8 de la mañana, con todas las autoridades del departamento, para evaluar el panorama de seguridad. Los denunciantes de la situación de inseguridad no fueron invitados.
Este diario habló con el secretario de Gobierno de Caldas, Jorge Andrés Gómez, quien negó rotundamente la presencia de alguna estructura armada en el departamento. Desmintió el supuesto caso de empalamiento ocurrido en Riosucio y aseguró que el sistema de monitoreo y alerta de Caldas no tiene información que le permita afirmar como ciertas las denuncias de las comunidades.
Contenido relacionado: Génova y las nuevas noticias viejas
Desde la Octava Brigada del Ejército informaron a El Espectador que “en los departamentos que conforman el Eje Cafetero, no se cuenta con presencia de grupos armados organizados”. Pero advirtieron que en regiones cercanas como Chocó, Antioquia, Tolima y Valle del Cauca sí hay presencia de subestructuras del ELN, Clan del Golfo y disidencias de las Farc, que podrían permear al Eje Cafetero.
La coronel Liliana Andrea Jiménez Falla, comandante del Departamento de Policía Caldas, también fue contactada para contrastar las denuncias omitidas por las autoridades; sin embargo, desde la institución no quisieron entregar declaraciones al respecto.
Alertas de organismos nacionales
En contraste, un documento de la Defensoría del pueblo conocido por este diario enlista los sitios del departamento de los que tienen denuncias por presencia y acción de grupos armados. En Samaná, Pensilvania, La Dorada, Norcasia y Marquetalia reportan presencia de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), que operan con “amenazas e intimidaciones a líderes y lideresas sociales, imposición de fuertes mecanismos de control social sobre corredores de movilidad articuladas con zonas de cultivos de uso ilícito”.
El Ejército Gaitanista de Colombia o Clan del Golfo estaría ejerciendo “mecanismos violentos de control social para control sobre las rentas ilegales, como el tráfico de estupefacientes; violencia selectiva en contra de dirigentes políticos y defensores de derechos humanos; constreñimiento o ‘convocatorias’ para arreglos de vías y cobro de multas a quienes no participen en las ‘jornadas de trabajo’”. Esto en Manizales, Samaná, Norcasia y La Dorada.
Se suma también la presencia de grupos delincuenciales, especialmente una estructura conocida como el Clan de la Montaña, que ejerce violencia sobre defensores de derechos humanos y dirigentes políticos en Manizales, según la Defensoría del Pueblo.
Lea también: La caída de “Terror”, el último líder paramilitar del clan Isaza
A estas alertas se suma un comunicado de la Asociación Caldense de Personeros (Asocalper), que piden a las autoridades del orden regional y nacional que se tengan en cuenta los llamados de atención de los personeros. Ellos reciben las denuncias directamente de las comunidades que temen por lo que sucede en los territorios.
“Entendemos que la identificación de riesgos asociados a la presunta presencia de grupos armados puede generar tensiones y debates en el territorio. Por ello, hacemos un llamado a las autoridades competentes para que investiguen con diligencia y profundidad estas denuncias. La protección de las comunidades y la confianza en las instituciones deben ser prioridades en este contexto”, señaló Asocalper.
A pesar las denuncias de las comunidades y los reportes de los organismos de derechos humanos, el silencio de las autoridades permanece. Sus omisiones no solo tienen inconformes a ciudadanos y mandatarios locales que piden investigaciones de inteligencia y aumento en la presencia del pie de fuerza. También acrecienta el miedo que desde hace varios meses se ha agudizado, por la posibilidad de que esa región reviva un conflicto que ya tuvo que sortear hace décadas y que parece regresar como una mala sombra del pasado.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
