“El estado de las comunidades es de incertidumbre, de preocupación, sobre todo por las imágenes que han circulado en la región”. Esta es la declaración de un líder social de Guaviare tras los enfrentamientos ocurridos el pasado 16 de enero entre disidencias de las Farc que dejaron un saldo de 26 presuntos disidentes muertos, cifra confirmada por el Ejército el lunes 19.
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Los combates entre la estructura Isaías Carvajal, del Bloque Jorge Suárez Briceño del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), al mando de alias “Calarcá”, y la estructura Martín Villa, del Bloque Amazonas de la facción de alias “Iván Mordisco”, marcaron un inicio de año sangriento en la región.
Según la información preliminar, de los 26 muertos, que serían de la estructura Martín Villa, cinco fueron mujeres y 21 hombres. Medicina Legal avanza en los procedimientos para dar a conocer sus identidades y confirmar si entre ese saldo se encuentran menores de edad.
En paralelo, en las últimas horas, fuentes del Ministerio de Defensa señalaron que entre los muertos también habría un civil, el cual no fue llevado hasta el centro de Medicina Legal para su identificación, de acuerdo con la cartera, por impedimento de sus familiares. La información del civil es aún más limitada, y no se conoce qué grupo lo habría asesinado ni en qué condiciones.
Pero las víctimas civiles podrían ser en realidad dos, así lo señaló el líder social que, por seguridad, prefirió omitir su nombre en diálogo con El Espectador. “En la región se ha comentado que son dos muertos, pero igual no hay una información verificada que permita especificar si en efecto se trata de dos campesinos y cuáles son sus nombres”, detalló el defensor de derechos humanos.
El líder resaltó que esta situación se asemeja a otros enfrentamientos entre grupos armados que se presentaron en enero de 2025 y que dejaron más de 16 personas muertas en Calamar (Guaviare). En este municipio, el 10 de noviembre de 2025, se presentó un bombardeo contra grupos de “Mordisco”, en el que murieron 20 presuntos disidentes, entre esos siete menores reclutados.
Frente al último hecho de violencia del 16 de enero, la Defensoría del Pueblo declaró que “ha tenido conocimiento de que los actores armados persisten en mantener la confrontación en los próximos días, lo que podría afectar el centro poblado de la vereda La Paz y otros sectores del municipio de El Retorno”.
La entidad, que lideró una misión humanitaria junto con la Cruz Roja para recuperar los 26 cuerpos, alertó que, de prolongarse los combates, la “comunidad campesina se encontraría en un riesgo extremo de quedar en medio del fuego cruzado, ser desplazada o confinada, y se afectaría el inicio del año escolar, entre otras graves afectaciones”.
Por su parte, la Procuraduría respaldó estas alertas y solicitó al Estado poner en marcha las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los civiles. Este mismo llamado hizo el líder social consultado por El Espectador. “Pedimos a los organismos estatales encargados que actúen siempre con la mayor brevedad, atiendan a las familias afectadas, por ejemplo, en los casos en donde ha habido desplazamientos o muertos. También que se haga más presencia en las zonas rurales y que se atiendan los llamados de las comunidades”.
Este llamado tiene relación directa con este último enfrentamiento, en el que las autoridades solo pudieron llegar a la vereda al día siguiente, cuando las imágenes de cuerpos arrojados en la vereda se difundían por internet.
“Esperamos que los organismos de derechos humanos puedan ingresar para esclarecer el hecho, porque hasta el momento abundan las especulaciones, generadas sobre todo a partir de esa circulación de imágenes, porque a ciencia cierta solo hay imágenes y muchos comentarios”, señaló el defensor.
Además, manifestó el líder, esta situación “hace revivir en muchas personas la misma preocupación que hubo hace un año por la situación similar que ocurrió en zona rural del municipio de Calamar. Solo pedimos que haya una presencia efectiva de las autoridades para brindar tranquilidad a la población”.
María Lucía Zapata, directora de la maestría en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos de la Universidad Javeriana, explicó que estas confrontaciones entre las disidencias responden a varios factores. “Entre esos, un hambre de poder por controlar las economías ilegales en la zona, mediante el control de las comunidades”.
Zapata agregó que “después de la intervención en Venezuela también se han generado ciertas reacciones de grupos por el miedo de una posible intervención más amplia en la región”. La experta coincidió con las alertas de la Defensoría, en que una de las afectaciones más grandes es la “situación de la educación y cómo el conflicto armado afecta a las comunidades no solamente en lo físico, sino también en lo psicológico y lo cultural”.
Mientras las investigaciones avanzan para esclarecer la identidad de los muertos y del civil implicado, el general Ricardo Roque, comandante de la Cuarta División del Ejército en Guaviare, detalló las medidas que se han tomado para contener el orden público en el departamento.
Además de la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), desde el 17 de enero tropas de la Brigada 22 están desplegadas en el territorio “para esclarecer lo ocurrido, atender alertas sobre posibles artefactos explosivos presentes cerca de las comunidades y proteger así la integridad de la población”. El general Roque también aseguró que, tras los hechos del pasado viernes, no se han registrado nuevos enfrentamientos entre las disidencias, aunque las alertas de que se extiendan los combates mantienen en vilo a la comunidad.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
