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El exsenador Iván Moreno, condenado a 14 años de prisión por el denominado Carrusel de la Contratación, es apenas una de las ocho personas condenadas con las que se dio cita Juan Fernando Petro, hermano el actual candidato presidencial Gustavo Petro en la cárcel La Picota de Bogotá. Aunque ambos han desmentido que el encuentro tenga tintes políticos, a propósito de su campaña electoral, desde varios sectores han criticado la visita al pabellón Ere Sur más conocido como el de la parapolítica.
Una investigación de Noticias Caracol da cuenta que fue Fránklin Germán Chaparro, exalcalde de Villavicencio, el que le dio vía libre para que Petro ingresara al centro de reclusión. El exmandatario que está condenado a 39 años de prisión por concierto para delinquir y homicidio por la muerte del exalcalde Omar López Robayo, ocurrido el 22 de febrero de 2004, dijo que autorizaba la entrada de Juan Fernando en “calidad de amigo”. El encuentro duró alrededor de seis horas y no solo vinculó al exmandatario condenado por nexos con paramilitares.
En 2012, el Tribunal Superior de Bogotá condenó al exalcalde de Villavicencio por la muerte de López que ocurrió en una cancha de fútbol localizada en el barrio La Alborada de Villavicencio. Dos hombres desenfundaron sus armas de fuego en contra del también exalcalde y un oficial de la Policía. Para 2014, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena al concluir que el crimen fue perpetrado por miembros del Bloque Centauros de las AUC que delinquía en Meta. Lo que reposa en las investigaciones es que Chaparro concertó el deceso de su homologo con el grupo paramilitar.
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Otro de los encuentros que también sostuvo Petro fue con el exsenador Álvaro “El Gordo” García condenado, en 2010, a 40 años de prisión por sus nexos con el paramilitarismo. Al excongresista se le señaló de ser la mano derecha de “paras” de la talla de Salvatore Mancuso, en la creación del Bloque Héroes de los Montes de María de las AUC. La Corte Suprema lo sentenció por los delitos de concierto para delinquir, homicidio múltiple y desplazamiento forzado entre 1997 y 2000 en el Carmen de Bolívar.
Alias “El Gordo” García fue señalado de ser uno de los autores de la masacre de Macayepo en la que perdieron la vida 12 campesinos y alrededor de 246 familias fueron obligadas a desplazarse de sus tierras. La masacre fue perpetrada por las AUC quienes llegaron al pueblo usando machetes y rocas que fueron lanzadas indiscriminadamente contra la población. El excongresista, aunque fue condenado por la justicia ordinaria, en 2018 pidió pista en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) donde fue aceptado como agente de Estado no integrante de la fuerza pública.
El paso por la justicia transicional duró poco. En marzo de este año la JEP lo expulsó porque su aporte a la verdad no fue el esperado. Un documento de la Procuraduría advirtió que el excongresista estaba buscando usar la JEP como nuevo juez para negar los hechos por los que fue condenado y por los cuales se comprometió a entregar verdad para reparar a las víctimas. Aunque se desconoce puntualmente la conversación que sostuvo Petro con “El Gordo” García, lo que ha trascendido es que se habría discutido una supuesta reforma a la justicia.
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El mismo panorama, supuestamente, buscó con Ronald Hounsi Jaller, exgobernador de San Andrés condenado por su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. El exmandatario departamental fue sentenciado a siete años de prisión por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia en 2019. Según lo que dijeron las investigaciones es que Hounsi Jaller se reunió con dos personas del archipiélago para conversar sobre la forma en la que se contrataba en esa zona del país, y que en caso de quedar elegido como gobernador se materializaría la adjudicación de varios contratos de los cuales tendrían ganancias superiores al 10%.
Lo que dijo en su momento la Fiscalía, es que el exgobernador para 2015 recibió alrededor de $1.200 millones para su campaña, y como lo acordó, para su administración firmó alrededor de seis contratos entre ellos uno que pretendía brindar servicios de vigilancia al archipiélago por un valor que superaba los $1.980 millones. Otro de los exgobernadores con los que se dio cita Petro fue Javier Eliécer Zapata quien fungió como mandatario departamental de Guainía entre 2016 y 2019.
De Zapata se conoce que vía preacuerdo devolverá más de $16.000 millones a la Nación por daños a la administración pública. El exmandatario está ante los estrados judiciales con su homologo Óscar Armando Rodríguez, quien fungió como gobernador para los años 2012 y 2015. Las autoridades, en este caso, cercaron a los exfuncionarios con una investigación en su contra que daba cuenta de irregularidades en contratación en el departamento y delitos electorales. Lo que se pactó inicialmente en el preacuerdo es que Rodríguez purgaría 10 años de prisión mientras que Zapata ocho.
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Whitman Porras, exgobernador de Casanare también se habría dado cita con el hermano de Petro. El exmandatario departamental fue condenado en 2013 por la Corte Suprema de Justicia, a 18 años de prisión al hallarlo responsable de un saqueo a la región por más de $63.000 millones. A Porras se le señaló que durante su administración desde septiembre de 2006 hasta diciembre de 2007 hubo un mal manejo en las regalías por lo que fue condenado por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin el lleno de los requisitos.
Del mismo modo, el exrepresentante a la cámara, Manuel Antonio Carebilla también salió a relucir en el encuentro con Petro. La Corte Suprema lo condenó, en noviembre de 2017, a 14 años de prisión por peculado, cohecho impropio, falsedad ideológica en documento público agravada por el uso y concusión. En ese entonces, la Sala de Casación Penal estableció que el excongresista se convirtió en un “mercader” de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a su cargo, al utilizarla como una “empresa particular” cuyo único objetivo fue su propio lucro, haciendo a un lado los deberes legislativos.
Según la sentencia, el exrepresentante Carebilla “ofreció en venta cargos públicos al mejor postor, designó formalmente a personas que nunca cumplieron labores y, no obstante ello, recibían emolumentos de los que se beneficiaron a aquellos; certificó falsamente cumplimiento de labores que nunca desempeñaron; solicitó indebidamente a sus subalternos de hecho el pago de obligaciones contraídas por él por interpuesta persona así como el arreglo de su vehículo automotor oficial y la financiación de gastos de campañas políticas en las elecciones locales del año 2007 en el departamento del Amazonas”.
Carebilla, según la Corte, cometió conductas que vinculan corrupción a la administración pública, de ahí que hoy se encuentre recluido en el pabellón Ere Sur de la Picota que visitó el hermano del candidato presidencial Gustavo Petro quien justificó el encuentro bajo el “perdón social” que, a su juicio, empezaría a regir una vez se convierta en presidente de Colombia. “Nosotros vamos a brindar las opciones desde el 7 de agosto de un perdón social que incluye desde (Álvaro) Uribe hasta el Eln. No nos interesa iniciar nuevos ciclos de violencia, sino terminarlos todos y de manera definitiva. Queremos que ya no exista insurgencia armada contra el Estado, ni narcotraficantes al lado del Estado”, ha dicho el líder de Pacto Histórico.
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