Con “dignidad, pero sin ingenuidad”: así pidió perdón el Estado a los indígenas u’wa

La histórica sentencia que logró la primera comunidad indígena en Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) tuvo el cumplimiento de su primera medida este 14 de mayo. En un acto de reconocimiento por parte del Estado por la violación de sus derechos fundamentales, la comunidad indígena u’wa se reunió en el coliseo de Cubará (Boyacá), municipio ubicado en la frontera con Venezuela. El evento ocurrió casi dos años después del fallo, y en un contexto en el que, de acuerdo con los u’wa, se han incumplido las otras 10 medidas ordenadas por la Corte para garantizar justicia a este pueblo, vulnerado por actividades petroleras, mineras y turísticas en su territorio.

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El evento inició a las 3:55 p. m. y fue liderado por el presidente Gustavo Petro, quien escuchó las palabras de inconformidad de la comunidad ante el “lento proceso” del Gobierno para el cumplimiento del fallo. En primer lugar, el mandatario aceptó que la “sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se está desacatando abiertamente” y se comprometió a que su Gobierno adelantará las medidas ordenadas en el tiempo que le resta antes de la llegada de un nuevo presidente. Asimismo, de pie ante el público, el jefe de Estado pidió “perdón” y reconoció “la responsabilidad de gobiernos y del Estado en acciones que violentaron al pueblo u’wa”.

Cubará fue el mismo lugar donde, el 20 de diciembre de 2024, la comunidad u’wa recibió la sentencia de la Corte IDH, que condenó a Colombia por permitir durante años proyectos extractivos en su territorio, frente a los cuales la comunidad había expresado reiteradamente su oposición. La instancia internacional concluyó que esas actividades derivaron en múltiples vulneraciones a sus derechos a la vida, al territorio y a la cultura. Asimismo, los u’wa han denunciado que los proyectos petroleros y mineros siguen contaminando fuentes hídricas, afectando su relación con el territorio ancestral y convirtiendo las infraestructuras energéticas en objetivos de grupos armados, que ha obligado a la militarización del territorio y alterando su equilibrio espiritual.

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Desde la emisión del fallo del tribunal internacional, el pueblo u’wa ha liderado mesas de diálogo con representantes del alto Gobierno para dar cumplimiento a la sentencia. Los indígenas esperan que estas medidas de reparación lleguen antes de que finalice el plazo de dos años ordenado por la Corte IDH, que vencerá el próximo diciembre. Entre esas medidas se encuentra que los u’wa coadministren con el Estado el Parque Nacional El Cocuy, ubicado en el corazón de su territorio; que se realice un proceso de participación sobre proyectos extractivos vigentes y las medidas necesarias para la mitigación y eliminación de sus impactos; y el saneamiento de los resguardos.

Precisamente este último punto, que consiste en que el Estado compre predios ocupados por campesinos y colonos para entregarlos a los u’wa, es la primera medida que, de acuerdo con la comunidad y sus representantes legales, debe cumplirse. “La dinámica con el Gobierno ha sido lenta e irrespetuosa porque se han cancelado reuniones sin explicación. Una de las medidas más estructurales es el saneamiento del territorio, que no ha avanzado absolutamente nada. Ni siquiera se ha podido tener una reunión con el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT)”, señaló la abogada Juliana Bravo, directora de EarthRights International (ERI), organización que representa a los u’wa en este proceso jurídico.

Sentados en la tarima improvisada en el coliseo de Cubará, al lado del presidente Petro, también estuvieron presentes la lideresa indígena Daris Cristancho y Juan Gabriel Tegría, actual presidente de la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos u’wa (Asou’wa). Este último señaló a El Espectador que, aunque el acto de reconocimiento es “una reparación simbólica, nosotros en realidad esperamos que las medidas que se enmarcan en la sentencia de la Corte IDH sean cumplidas por este Gobierno y el que vendrá”. Por su parte, la lideresa Cristancho concluyó que el acto es recibido con “dignidad, pero sin ingenuidad, porque no basta el reconocimiento. Nuestro territorio es vida, no un recurso, y como pueblo u’wa estamos cansados de promesas”.

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Una disputa de más de dos décadas

La lucha del pueblo u’wa con el Estado colombiano inició en 1994. En ese momento, la multinacional Occidental Petroleum Corporation (OXY) recibió autorización estatal para adelantar exploraciones petroleras en el bloque Samoré, una zona considerada sagrada por la comunidad indígena. Allí actualmente opera la planta de gas Gibraltar, que desde 2008 abastece a ciudades del nororiente del país. Desde la década de 1990, los u’wa se opusieron al proyecto al considerar que amenazaba su integridad cultural, espiritual y ambiental. Aunque la Corte Constitucional reconoció la necesidad de garantizar su derecho a la consulta previa, decisiones posteriores del Consejo de Estado permitieron la continuidad de las actividades extractivas.

Ante lo que consideraron un desconocimiento de sus derechos fundamentales, la comunidad decidió acudir en 1998 al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para denunciar al Estado colombiano. El caso permaneció durante años en estudio hasta que, en 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió formalmente la demanda. Cuatro años después, el organismo concluyó que el Estado colombiano había vulnerado derechos relacionados con las garantías judiciales y la propiedad colectiva del territorio ancestral, por lo que remitió el expediente a la Corte IDH, que condenó a Colombia el 20 de diciembre de 2024 por la violación de los derechos de los u’wa.

Más allá del litigio judicial, el conflicto ha estado atravesado por profundas diferencias sobre la concepción del territorio. Para el pueblo u’wa, el petróleo representa “la sangre de la tierra”, razón por la que rechazan los proyectos extractivos. En un intento por reducir las tensiones, durante el gobierno de Juan Manuel Santos se instaló una mesa de concertación para resolver disputas sobre títulos territoriales y afectaciones ambientales, pero gran parte de los compromisos pactados continúan sin cumplirse. Años después, los u’wa denuncian la misma falta de acciones y esperan que esta situación comience a cambiar tras este acto de reconocimiento del Estado.

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