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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió este 20 de diciembre su fallo a favor del pueblo U’wa y condenó al Estado por las desprotección de diferentes derechos relacionados con la oposición de los indígenas a actividades petroleras, mineras y turísticas autorizadas en su territorio, y que vulneraron su autonomía consagrada en la Constitución. La Corte emitió un plazo de un año a Colombia para adoptar todas las medidas de protección y saneamiento del resguardo.
Esta es la primera demanda presentada por un pueblo indígena colombiano ante este tribunal internacional, la cual fue interpuesta hace 26 años por la comunidad U’wa, que habita en cercanías de la Sierra Nevada del Cocuy y otras zonas del oriente nacional, y está conformada por 34 comunidades en Arauca, Casanare, Boyacá, Santander y Norte de Santander.
Javier Villamizar, presidente de la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa (Asouwas) declaró que para su cultura este es un fallo milenario, y la respuesta de la comunidad será solicitar lo antes posible “una mesa técnica con el gobierno nacional, con todas las dependencias del gobierno que corresponden a los hechos de la demanda o los componentes del fallo, y acertar a trazar una ruta metodológica para poder iniciar el proceso de la implementación de la sentencia de la Corte”, señalo.
Asimismo, un comunicado de prensa, Asouwas celebró la sentencia y declaró que “en un contexto global de crisis climática, este fallo subraya la importancia del conocimiento ancestral en la protección de ecosistemas frágiles y enfatiza el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación frente a proyectos que amenazan su existencia. Además, reconoce su rol esencial en la protección del ambiente, destacando la urgencia de replantear el desarrollo desde el respeto a los derechos humanos, la justicia ambiental y la sostenibilidad”.
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Los U’wa buscaron por años que se reconocieran y se clarificaran los títulos coloniales que la Corona Española les otorgó sobre estas tierras y que se respete su autonomía en decisiones que afectan sus resguardos. Esto incluye la soberanía sobre el Parque Nacional del Cocuy y la expulsión de infraestructuras como el campo de gas Gibraltar y el oleoducto Caño Limón – Coveñas, los cuales consideran una amenaza para su cultura, territorio y medio ambiente. Ahora con la reciente decisión del tribunal internacional, están exigencias deberán ser mediadas por el Estado, garantizando el interés general, pero también los reclamos particulares de los U’wa.
Entre las medidas ordenadas por la Corte IDH, Colombia deberá adoptar y concluir las acciones necesarias, de índole legislativas, administrativas, notariales, para efectuar el saneamiento integral del resguardo unido U’wa, también se deberá tomar las acciones necesarias para clarificar los títulos coloniales de los indígenas, y el Estado deberá incluirlos en la coadministración de la zona de traslape del Nevado del Cocuy. El tribunal decretó la realización de un proceso de participación respecto de los proyectos petroleros y mineras realizados en el resguardo, y el Estado deberá garantizar que aquellos en las zonas adyacentes no generen impactos en la vida cultural de los U’wa.
El tribunal también ordenó medidas para mitigar los daños ambientales generados por la explosiones de grupos armados el oleoducto Caño Limón – Coveñas, uno de los puntos claves de la demanda indígena. Finalmente, el Estado deberá realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad por los impactos que han vivido los indígenas por décadas, y asimismo debe crear un fondo de desarrollo comunitario, para reparar el daño a la vida comunitaria de los miembros del pueblo U’wa.
Una lucha de más de dos décadas
El conflicto comenzó en 1994, cuando la multinacional Occidental Petroleum Corporation (OXY) obtuvo una licencia ambiental del Gobierno colombiano para explorar petróleo en el bloque Samoré, hoy conocido como Gibraltar. Los U’wa rechazaron el proyecto desde el inicio, argumentando impactos negativos en su territorio y cultura. Sin embargo, pese a un fallo de la Corte Constitucional que ordenaba la realización de una consulta previa, el Consejo de Estado permitió a OXY continuar con las exploraciones. Esto llevó a la comunidad a buscar justicia en instancias internacionales, acudiendo al sistema interamericano de derechos humanos en 1998.
La demanda fue admitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015, 17 años después de su presentación, y en 2019 se concluyó que los derechos de los U’wa a las garantías judiciales y a la propiedad colectiva habían sido vulnerados. La Comisión remitió el caso a la Corte IDH, que deliberó durante 2024 y finalmente emitió su fallo.
La presencia de infraestructuras como el oleoducto Caño Limón – Coveñas ha generado tensiones en la región. Este proyecto, administrado por Ecopetrol desde los años 80, ha sido blanco de más de 1.500 ataques por parte de grupos armados ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los U’wa han denunciado los impactos de estos atentados, incluyendo un ataque en 2014 que dejó heridos y desplazados dentro de la comunidad, además de contaminar fuentes de agua.
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Los U’wa consideran que el petróleo es “la sangre de la tierra” y que su extracción pone en peligro la vida misma. Sus demandas también incluyen la eliminación de la planta de gas Gibraltar, que desde 2008 abastece a varias ciudades como Bucaramanga y Cúcuta, pero que para ellos representa una ofensa a su cosmovisión.
En 2014, el gobierno de Juan Manuel Santos retomó el diálogo con los U’wa, creando una mesa de concertación que buscaba aclarar títulos coloniales, sanear el resguardo y evaluar los impactos de los proyectos extractivos en la región. Sin embargo, los acuerdos alcanzados no se han cumplido a cabalidad, y la comunidad ha mantenido su postura firme contra las actividades extractivistas en su territorio.
El caso U’wa, representado por organizaciones como EarthRights International (ERI) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), ha expuesto las tensiones entre los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los intereses económicos del Estado. Aunque el Gobierno siempre argumentó que los recursos del subsuelo pertenecen a la nación y son esenciales para millones de ciudadanos, para los U’wa, la protección de su territorio es un derecho fundamental e innegociable que hoy es reconocido por el tribunal internacional.
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