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El Movimiento de Víctimas de Estado (Movice) construyó un informe sobre la desaparición forzada en Meta, Caldas, Antioquia y Santander entre 1971 y 2014. El documento fue presentado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con el fin de visibilizar la responsabilidad del Estado y que se ponga la lupa sobre este tema. Según la organización, los casos documentados son de víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y del Estado. Asimismo, algunos de los expedientes registrados son de personas pertenecientes a la Unión Patriótica (UP), al Partido Comunista, líderes sindicales y sociales de movimientos campesinos o Juntas de Acción Comunal.
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De acuerdo con la organización, la información recopilada hace parte de “un proceso de verdad y memoria que tiene como objetivo contribuir desde el Proyecto Colombia Nunca Más (PCNM)” a la participación de las víctimas en el Sistema Integral para la Paz. El documento presentado a la JEP evidencia el contexto nacional de las desapariciones forzadas desde la perspectiva de Movice, los análisis cuantitativos y cualitativos de los casos documentados en el departamento del Meta y la región Magdalena Medio, y, por último, recomendaciones que hace la organización para el Sistema Integral para la Paz.
El documento es la reconstrucción de contextos y testimonios de diversidad de familiares y víctimas de desaparición forzada en el Meta y la región del Magdalena Medio. El informe contiene la documentación de 293 casos, reconstruidos a través del encuentro con familiares de víctimas y “la revisión documental de notas de prensa, sentencias judiciales, documentos institucionales e informes construidos en el marco del Proyecto Colombia Nunca Más”, se lee en el papel.
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Laura Montoya, una de las personas que construyó el informe, dijo en charla con El Espectador que la organización busca visibilizar la responsabilidad del Estado en la comisión de desapariciones forzadas “ya sea por parte de agentes estatales o por parte de agentes paramilitares”. De igual manera, la experta sostuvo que en muchos de los casos registrados, los grupos armados ilegales actuaron “con la coordinación y connivencia no solo de fuerzas militares sino también de instituciones del Estado que garantizaron la impunidad de los casos”.
Con este documento, dice Montoya, Movice pretende que se abra un macrocaso dedicado a las víctimas de desaparición forzada, algo que se le ha pedido a la JEP en más de una ocasión. Asimismo, el informe está hecho para, según la experta, contribuir con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) y así conocer la verdad de algunos hechos y enfocarse en diversos territorios donde las víctimas deberían ser buscadas.
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Montoya le dijo a este diario que “la solicitud de apertura del macrocaso es desde varias organizaciones y movimientos de víctimas”. Para la experta, que se priorice un nuevo macrocaso en la JEP les va a ayudar a que se adelanten investigaciones que les permitan esclarecer “quiénes son los responsables y dónde están nuestros seres queridos”. De acuerdo con Movice, es importante entender que la impunidad “hace parte de estas dinámicas de la desaparición”. Según Montoya, el nivel de impunidad en Colombia “supera el 99% y, por tanto, es necesario realizar acciones urgentes para poder investigar y esclarecer este tipo de situaciones”.
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