“No le queda a la Procuraduría claro cómo y por qué llegó a ser el centro de las reuniones el caso Santrich entre los detenidos, la fuente y el agente infiltrado”. Con ese gran interrogante, que ha estado en el aire desde que este escándalo se destapó, la Procuraduría comenzó a hablar esta mañana, para dejar saber las dudas que le quedan de lo que ha expuesto la Fiscalía alrededor del que es ya el escándalo judicial del año.
Este jueves se espera que la jueza del caso resuelva si Carlos Julián Bermeo, exfiscal de la JEP; su pareja, Ana Cristina Solarte; el exsenador condenado por parapolítica, Luis Alberto Gil; el conductor de este, Yamit Prieto; y Luis Orlando Villamizar, un hombre de toda confianza de Gil, deben quedar o no detenidos mientras la investigación en su contra continúa. La Fiscalía pidió cárcel para todos. La Procuraduría, sin embargo, no está tan de acuerdo.
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“¿Quién es la fuente (que estuvo en todas las reuniones con Gil, con Bermeo y con Villamizar)? ¿Quién es el agente encubierto?”, preguntó la Procuraduría. Son cuestionamientos cruciales y ayer, precisamente, el fiscal del caso manifestó en audiencia que no se había impulsado a Bermeo a cometer un delito, que es una de las hipótesis en este tema. La defensa de los detenidos, especialmente de Gil, apuntan a eso también.
La Procuraduría señaló que está de acuerdo en que se le impute el delito de concierto para delinquir al exfiscal de la JEP, Carlos Julián Bermeo, al excongresista Gil y a Luis Orlando Villamizar. Ellos, finalmente, son los que más salen comprometidos en las pruebas que ha exhibido la Fiscalía, como videos y grabaciones. Sobre todo una en la que se oye a Villamizar supuestamente negociando el ejercer influencia en el sistema de la JEP a cambio, al parecer, de un soborno de $2 millones de dólares.
La entidad, no obstante, no mostró el mismo acuerdo para los casos de Ana Cristina Solarte, pareja del exfiscal Bermeo a quien este le habría dado $40.000 dólares provenientes del soborno para esconderlos en su bolso, y Yamit Prieto, conductor del exsenador Gil. “Las pruebas no son suficientes”, dijo la Procuraduría, para imputarles concierto para delinquir.
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Otro punto de desacuerdo entre la Procuraduría y la Fiscalía es el delito de tráfico de influencias. Según la Fiscalía, Bermeo lo cometió porque trató de tener injerencia en decisiones de la JEP y los demás promovieron el mismo delito al apoyar a Bermeo a hacerlo. Pero el procurador delegado al proceso ve el asunto de otra manera: en los audios se oye que se mencionan a dos funcionarios más de la JEP, sí. Pero la sola mención no es suficiente para constatar que se cometió un acto en contra de la ley.
La Fiscalía expuso que Bermeo aseguraba a su contraparte del “negocio” haber sido el causante del retraso de la carta que la JEP, a través del Ministerio de Justicia, envió al Departamento de Justicia de Estados Unidos para solicitar pruebas del expediente del exjefe guerrillero Jesús Santrich. De esa forma, se supone, él mostraba que sí tenía manera de influir en ese expediente, que fue por el que presuntamente lo contactaron.
La Procuraduría, no obstante, señala que este argumento aún es flojo. “Bermeo habla de una carta pero no habla de cuál, cuando la fuente le pregunta a Bermeo este responde con evasivas”, señaló. “No hay explicación de qué procedimiento se hizo para incidir en la JEP”. “Al procurador tampoco le queda claro cómo Bermeo pudo influir en lo da la carta y en frenar tramites, según lo que mostró la Fiscalía”. Sobre Yamit Prieto, el organismo señaló que los cargos imputados eran un exceso.
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En conclusión, para el Ministerio Público, “aquí se ha tratado de un solo funcionario de la JEP que, al parecer, (ejecutó un acto) ilegal y esto con esto se está tratando de manchar la imagen de esa justicia”. Los abogados de los detenidos también hablaron, pidiendo libertad para sus clientes, quienes se declararon inocentes desde un inicio. En un momento, la jueza del caso tomará la decisión referente a las medidas de aseguramiento.
Por Redacción Judicial
