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El Estado colombiano es responsable de la desaparición forzada del soldado Óscar Iván Tabares Toro, ocurrida en San Juanito (Meta). Así lo declaró la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) este martes, luego de un proceso judicial que duró más de 20 años, en el que, al final, hasta la representación de Colombia había admitido el rol estatal en el crimen. Ahora, el tribunal internacional ordenó que la familia Tabares Toro sea reparada, más allá de lo económico, porque se les vulneraron derechos humanos como la vida, la integridad personal y las garantías judiciales.
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El soldado Tabares Toro lleva 26 años desaparecido. A finales de 1997, mientras estaba adscrito a la Escuela de Artillería General, con sede en Bogotá, estuvo acampando con su compañía “Tigre” en zona rural de San Juanito (Meta), cuando a Tabares Toro lo acusaron de lanzar una granada contra el campamento de sus superiores en la noche del 28 de diciembre. Desde entonces, no se conoce su paradero y, pese a que su familia comenzó a buscarlo de inmediato, solo se encontró con negativas a conocer información y con el Ejército comenzó a investigarlo a él por el incidente del explosivo.
De allí que, ahora, la Corte IDH haya declarado que el Estado colombiano vulneró los derechos humanos del soldado y su familia. En la sentencia se lee: “Debido a las labores de búsqueda de información sobre el paradero de su hijo, María Elena Toro estuvo ausente de su residencia por largos períodos. Aunado a ello, los familiares expresaron temor por las diversas amenazas y hostigamientos que sufrieron. A raíz de estas situaciones, los familiares tuvieron que cambiar de residencia en más de diez ocasiones y sufrieron afectaciones económicas. Por último, en el año 2022, la madre y una hermana del soldado Tabares y otros familiares salieron de Colombia al exilio”.
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En la audiencia de este martes 8 de agosto, el presidente de la Corte IDH, el juez Ricardo Pérez Manrique, leyó uno a uno las órdenes que la sentencia le impone al Estado colombiano para reparar a la familia Tabares Toro: “El Estado continuará las investigaciones y el proceso penal en curso”, “reforzará las acciones de búsqueda del señor Tabares Toro”, “realizará un acto público de reconocimiento de responsabilidad” y “realizará un documental” sobre el caso. Además, en el próximo año deberá presentarle al tribunal internacional un informe del cumplimiento de todas estas órdenes.
En la sentencia, la Corte IDH ratifica que lo ocurrido con el soldado Tabares Toro constituye una desaparición forzada por tres elementos fundamentales. Primero, porque para el momento de los hechos la víctima estaba ejerciendo sus funciones de soldado profesional, así que el Estado debía garantizar sus derechos. Además, encontró probado que fueron agentes estatales quienes estuvieron involucrados en su desaparición forzada y constató que, hasta el momento, el Estado no ha proporcionado una explicación satisfactoria sobre su paradero.
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Asimismo, la Corte IDH reprochó que el Estado colombiano no ha logrado esclarecer lo ocurrido con el soldado profesional y que se han presentado versiones contradictorias sobre lo ocurrido. A manera de ejemplo, contó que la madre del uniformado ha presentado siete solicitudes formales de información para conocer qué pasó con su hijo y con las investigaciones de su desaparición y solo en una ocasión le contestaron. Con estos hechos, a Tabares Toro y su familia les han vulnerado otros derechos, como a las garantías judiciales, a la protección judicial y a conocer la verdad.
De otro lado, la sentencia encontró que la familia de Óscar Iván Tabares sufrió señalamientos, hostigamientos y hasta amenazas por la labor de buscadora que emprendió su madre, María Elena Toro. Aunque denunciaron los hechos, “los familiares no recibieron protección alguna por parte del Estado ante el riesgo que corrían”, y, en consecuencia, tuvieron que salir de Colombia para resguardar sus vidas. “Todas estas circunstancias modificaron la dinámica familiar en contravía con su derecho a la protección de la familia”, señala el fallo.
En el fallo, la Corte IDH incluso reconoce la labor de buscadora que emprendió María Elena Toro y señala que “sufrió una afectación diferenciada debida al género, ya que se vio obligada a renunciar a su proyecto de vida para dedicarse a la búsqueda de su hijo, quedó desempleada, y se constituyó en la persona que ha luchado para esclarecer los hechos de la desaparición de su hijo”. En esa medida, la sentencia ordena que en el acto de perdón que deberá realizar el Estado, se debe hacer mención explícita a los impactos diferenciados que sufrió la madre de la víctima y otras mujeres buscadoras en razón de su género.
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En 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso ante la Corte IDH tras concluir que las investigaciones en Colombia “han sido ineficaces y no se ha demostrado que estuvieran encaminadas a una búsqueda activa, seria, imparcial y efectiva de la verdad de lo ocurrido ni a localizar el paradero o los restos del desaparecido”. Aunque aún no tienen respuestas sobre la ubicación de Óscar Iván, los Tabares Toro ahora tienen una decisión judicial que les devuelve el buen nombre de su familiar y que busca reparar parte del daño que les causó el Estado con este crimen.
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