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Condenan a exnotario por facilitar a paramilitares usurpar tierras en Chocó

De acuerdo con las pruebas que presentó la Fiscalía, el hombre favoreció a la Casa Castaño y otros bloques paramilitares para obtener terrenos de víctimas de desplazamiento forzado para explotar palma de cera y ganadería extensiva.

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01 de julio de 2025 - 08:57 p. m.
Los hechos habrían ocurrido en Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó), entre 1996 y 2001.
Los hechos habrían ocurrido en Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó), entre 1996 y 2001.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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Alberto Jacinto Vásquez Vásquez, exnotario de San Jacinto (Bolívar), fue condenado por realizar trámites irregulares para facilitar a grupos paramilitares la ocupación y apropiación de tierras en Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó). De acuerdo con las pruebas de la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre 1996 y 2001.

Según señaló el ente investigador en el caso, el exnotario Vasquéz Vasquéz avaló la compra y venta de predios a precios inferiores a los avaluados. Esto, porque las tierras eran adquiridas por los grupos armados a través de intimidaciones en contra de los propietarios originales, quienes abandonaron sus tierras para instalarse en otros municipios, huyendo de la violencia.

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En específico, señaló la Fiscalía, los favorecidos por las acciones del exnotario fueron la autodenominada Casa Castaño, el bloque Elmer Cárdenas y el bloque Bananero de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

A estos grupos se les terminó entregando la titularidad de las tierras, las cuales fueron usadas para la producción de palma de cera y la ganadería extensiva. Dice el ente investigador, que estas actividades ocasionaron un impacto negativo en algunas zonas declaradas como reserva forestal.

Con las pruebas aportadas por la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía, una juez penal de Quibdó (Chocó) concluyó que el exnotario deberá pagar una condena de nueve años y dos meses de prisión por su responsabilidad en de los delitos de desplazamiento forzado y concierto para delinquir. Adicional a esto, se le ordenó pagar una multa superior a los $2.988 millones.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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