Un juzgado de conocimiento de Pasto impuso una condena de 58 años y 6 meses de prisión contra cinco integrantes del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y dos líderes del frente Guerrillero Comuneros del Sur. La decisión los responsabiliza por el secuestro, desaparición y asesinato de tres firmantes del Acuerdo de Paz en zona rural de Nariño, crímenes ocurridos entre el 25 y el 30 de enero de 2018.
De acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, las víctimas fueron sacadas en contra de su voluntad de sus viviendas en la vereda La Florida, jurisdicción de Santa Cruz de Guachavés (Nariño). Posteriormente, fueron asesinadas con armas de fuego y sus cuerpos abandonados en una fosa clandestina.
La investigación demostró que la orden provino de la cadena de mando del ELN, que operaba en la región a través de la compañía Jaime Toño Obando. Fue la misma comunidad la que, tras denunciar lo sucedido, permitió la recuperación de los cuerpos y dio pie a que la Fiscalía recopilara las pruebas del hecho.
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El fallo judicial declaró culpables, en condición de personas ausentes, a los máximos dirigentes del ELN: Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”; Israel Ramírez Pineda, alias “Pablo Beltrán”; Eliecer Erlinto Chamorro Acosta, alias “Antonio García”; Rafael Sierra Granados, alias “Ramiro Vargas”; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias “Carlos Marín”.
De igual manera, fueron sentenciados Gabriel Yepes Mejía, alias “HH” y Jorge Wilfrido Rosero Marín, alias “Fercho”, líderes del frente Guerrillero Comuneros del Sur, estructura que tenía injerencia directa en la zona de Santa Cruz de Guachavés.
Los siete integrantes de esta organización armada ilegal fueron hallados responsables de los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y rebelión. Además de la pena de prisión, el juez les impuso el pago de una multa de 6.216 salarios mínimos mensuales legales vigentes en 2018.
El asesinato de excombatientes en proceso de reincorporación ha sido denunciado de manera reiterada por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos como una grave amenaza a la implementación del Acuerdo de Paz.
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De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de agosto al 31 de agosto, han sido asesinados 30 firmantes en el país. Norte de Santander es el departamento que más acumula casos con 6 homicidios, siguiendo Antioquia con 5 y Valle del cauca con 4.
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