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Aunque en abril de 2014, Orlando Melo Ruiz, excoordinador de la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes se declaró inocente por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, prevaricato por omisión e interés indebido en la celebración de contratos, este lunes la Fiscalía informó que fue condenado a nueve años y ocho meses de prisión.
La decisión fue de un juez de conocimiento quien, adicionalmente, le impuso inhabilidad para ejercer funciones públicas por 124 meses y una multa que ascendería a los $69 millones. La condena, en primera instancia, se registró porque participó en la cesión de 11 estaciones de gasolina, un megarestaurante, cinco inmuebles urbanos y un predio rural a un depositario, precisamente un día después de que los bienes quedaran a cargo de la extinta entidad.
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Según las investigaciones de la Fiscalía, el término de tenencia establecido se fijó en seis meses, por un valor de $6.046 millones. Las pruebas dan cuenta que la oferta del beneficiado fue presentada por fuera de las fechas previstas en el proceso de selección. Adicionalmente, la empresa escogida no era idónea para la tenencia y aprovechamiento comercial de los bienes, y su representante legal no tenía reconocimiento porque fue nombrado un mes después de ser favorecido.
De otra parte, quedó en evidencia que Melo aprobó las pólizas sin que fuese un requisito legal, lo que indicó un claro interés de confiar las propiedades al aspirante elegido. Finalmente, en la investigación se estableció que no se realizó la supervisión del buen manejo, disposición y productividad de los inmuebles. Por el contrario, se permitió que algunos sufrieran daños irreparables y su valor comercial se perdiera.
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Melo fue capturado en 2014 y enviado a la cárcel. La juez de la época consideró que el exfuncionario representaba un peligro por la sociedad y en libertad podría afectar la recta administración de justicia mediante la alteración de pruebas y presión a testigos.
Por el escándalo de corrupción en la DNE el exsubdirector jurídico Carlos Enrique Robledo Solano, fue condenado en julio del año pasado por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por omisión, esto ya que permitió que particulares que no cumplían los requisitos para administrar inmuebles y otras propiedades, les fueran entregadas a estos para su administración.
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