El Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá condenó a Víctor Favián Pabón Pabón, patrullero de la Policía Nacional, a una condena de más de 16 años de prisión tras declararlo responsable del delito de homicidio agravado. La sentencia está relacionada con un incidente ocurrido el 6 de enero de 2017, cuando Pabón disparó contra Wilber Antonio Alvarado González en la estación de TransMilenio Alcalá, en la calle 134 con carrera 46, provocando su muerte.
De acuerdo con la investigación, el 6 de enero de 2017, aproximadamente a las 22:50 horas, el auxiliar de policía David Salazar intentó requisar a tres jóvenes afrodescendientes en la mencionada estación de TransMilenio. Ante esta acción, los jóvenes huyeron del lugar, lo que motivó a varios agentes, incluido Pabón, a iniciar una persecución.
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El policía Víctor Pabón, quien se desplazaba en una motocicleta XT 600 de color negro conducida por un civil, logró interceptar a Wilber Alvarado, uno de los tres jóvenes. Según el expediente, Alvarado levantó los brazos en señal de rendición y se acercó al agente. Cuando estaba a menos de un metro de distancia, el patrullero accionó su arma de fuego, impactando a la víctima en la región frontal derecha de su cabeza, lo que le causó la muerte de manera instantánea.
La historia del proceso judicial
El 13 de marzo de 2017, el Juzgado 5 de Control de Garantías de Bogotá emitió una orden de captura contra Pabón. Durante los días 23 y 24 de marzo de ese mismo año, se llevaron a cabo las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento ante el Juzgado 26 Penal Municipal con Función de Control de Garantías. Pabón fue imputado por homicidio agravado bajo los artículos 103 y 104 del Código Penal, aunque no aceptó los cargos en su contra.
El caso fue objeto de disputa jurisdiccional entre la justicia penal ordinaria y la justicia penal militar. Sin embargo, el Consejo Superior de la Judicatura resolvió el conflicto y asignó el caso a la jurisdicción penal ordinaria mediante providencia emitida el 4 de octubre de 2017.
El proceso avanzó con múltiples audiencias y aplazamientos. El 28 de enero de 2020, la Fiscalía propuso un preacuerdo que incluía el reconocimiento de la circunstancia de “ira e intenso dolor” como atenuante, lo que reduciría la pena a siete años de prisión. Sin embargo, este acuerdo fue rechazado por el juzgado el 11 de marzo de 2020, una decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá el 30 de julio de 2020.
La sentencia final
Tras la fallida negociación inicial, las partes reanudaron acercamientos para llegar a un nuevo acuerdo. El 7 de julio de 2021, se planteó un preacuerdo en el que se degradaba la participación de Pabón en los hechos de autor a cómplice y se acordaba una pena de 14 años de prisión. Sin embargo, este segundo acuerdo también fue improbado el 19 de agosto de 2021 y la decisión fue ratificada nuevamente por el Tribunal Superior de Bogotá el 25 de octubre de 2022.
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Finalmente, el 25 de abril de 2023, durante una audiencia preparatoria, se propuso un tercer preacuerdo. En esta ocasión, se estableció una pena de 200 meses (16 años y 8 meses) de prisión, manteniendo la base fáctica del caso, pero degradando nuevamente la responsabilidad de Pabón a cómplice. Este acuerdo fue finalmente aceptado por ambas partes, y el 9 de octubre de 2024 el juzgado impartió su aprobación formal, encontrándolo ajustado a los parámetros legales.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá resolvió declarar penalmente responsable a Víctor Favián Pabón Pabón como cómplice del delito de homicidio agravado, en los términos de los artículos 103 y 104 del Código Penal. La sentencia impuso una condena de 200 meses de prisión y, como penas accesorias, la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo tiempo que dure la condena.
Además, el tribunal negó la suspensión condicional de la pena y la posibilidad de otorgar prisión domiciliaria, lo que implica que Pabón deberá cumplir su condena en un establecimiento penitenciario. También se emitió una orden de captura para garantizar el cumplimiento de la pena una vez la sentencia quede en firme.
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Este caso ha generado debate sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes de la Policía en operativos de control, especialmente en espacios públicos como el sistema de transporte masivo. La muerte de Wilber Alvarado González, ocurrida en circunstancias que algunos consideran de abuso de autoridad, puso de relieve la necesidad de mayor vigilancia sobre las actuaciones de los agentes y los límites en el uso de armas de fuego.
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