Confesión de Musa Besaile sería la prueba reina de la corrupción dentro de la Corte Suprema

Nueve años, nueve meses y 29 días: ese es el tiempo que lleva en la Corte Suprema de Justicia la indagación preliminar por parapolítica contra el congresista Musa Besaile, a pesar de que, por ley, existe un plazo máximo de dos años para abrir investigación formal o archivar. Según notificó la propia Corte, la única decisión que se ha tomado es la de recolectar pruebas, en octubre de 2016. Que en este alto tribunal no se había avanzado en el proceso de Besaile era, desde hace un buen tiempo, un secreto a voces. Y ayer, el propio senador resolvió parte del misterio: confesó que había pagado $2.000 millones para no ser arrestado. Es decir, para evitar que su indagación pudiera evolucionar hacia un llamado a juicio. Una posición contraria a lo que había expresado hasta ahora.

La revelación del congresista solo atizó una hoguera que ya ardía sin cesar, desde que hace dos semanas el fiscal Néstor Humberto Martínez le informó al país que en las grabaciones de las charlas entre el exfiscal Gustavo Moreno, el abogado Leonardo Pinilla y el exgobernador Alejandro Lyons se había detectado la mención de una supuesta red de corrupción: magistrados o exmagistrados que, al parecer, pedían dinero a investigados a cambio de tomar determinaciones favorables para ellos en sus procesos. Los primeros nombres que salieron al ruedo fueron los de los expresidentes de la Corte José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, y el rostro de los sobornos, tal parece, era Moreno. 

(En contexto: Investigación contra Gustavo Moreno por corrupción aterrizó en la Corte Suprema)

La admisión de Besaile fue hecha ante el magistrado de la Corte Suprema Luis Hernández, el mismo que indaga si hubo irregularidades en este proceso, el del senador Hernán Andrade y el del excongresista Luis Alfredo Ramos por el tema de la red de corrupción. Sus palabras, sin duda, pusieron aún más en aprietos a Gustavo Moreno, quien hace una semana fue oficialmente pedido en extradición por Estados Unidos -que lo acusa de haberle pedido un soborno a Alejandro Lyons en su territorio-. Pero Besaile, sobre todo, puso contra la espada y la pared a los exmagistrados Bustos y Ricaurte: la Corte Suprema le pidió tanto a la Fiscalía como a la Comisión de Acusaciones que los investiguen. 

La versión de Besaile es que, en 2014, él asistió al lanzamiento del libro “El falso testimonio” de Gustavo Moreno en un “exclusivo club” en el norte de Bogotá. Que allí se presentó con José Leonidas Bustos, quien entonces ejercía como magistrado, y con Francisco Ricaurte, quien llevaba dos años por fuera del alto tribunal. Que este último le presentó a Moreno y le aconsejó que lo contratara para manejar su proceso por parapolítica. Besaile agregó que, tiempo después, se encontró con Ricaurte en el apartamento de este y que, por segunda vez, le recomendó a Moreno. Que por eso accedió a verse con Moreno. Y que, al hacerlo, este le pidió su celular -para evitar grabaciones- y le dijo: “Senador, la única persona que lo puede ayudar soy yo”. (Lea: El embajador de la India, de la justicia)

Moreno le aseguró, afirmó Besaile, que su proceso se estaba complicando, al igual que el del excongresista conservador Julio Manzur, y dijo que primero capturaban a Manzur y luego a él. En diálogo con El Espectador, Manzur confirmó que en diciembre de 2014, un mes antes de su arresto, Gustavo Moreno contactó a un pariente suyo, por medio de una persona cercana a su familia, y citó a ese pariente en Barranquilla para que hablaran de la inminente detención de Manzur. “Yo dije: no acepto. Me defiendo ante la Corte”, cuenta Manzur, quien llegó al Congreso en 1982. Fue detenido en enero de 2015 en un centro comercial de Montería y, en cuestión de horas, Moreno volvió a contactar a otro pariente suyo.

Moreno ofreció sus servicios: “Nos pidió una plata grande para defenderme, por fuera de lo que era el mercado (de penalistas) en ese momento. Incluía lo que nos imaginamos. Se sentía poderoso”. Sobre magistrados o exmagistrados involucrados en su episodio, Manzur señaló: “Ninguno ha tenido contacto conmigo, ni Moreno me hizo a mí o a alguien cercano a mí alguna insinuación (sobre sobornos pedidos por integrantes o exintegrantes de la Corte). Al final, Manzur estuvo detenido más de dos años, recuperó su libertad en julio de este año. Supuestamente, recibió ayuda de los paramilitares para ser elegido en 2006 y sigue en juicio. Él se declara inocente y dice que la Corte Suprema le ha dado todas las garantías.   

Volviendo al tema de Besaile y Moreno, el congresista le dijo a la Corte Suprema que Moreno volvió a buscarlo con insistencia, hasta que pudo hablar con él y le aseguró que ya estaba lista la orden de captura en su contra. Que la única forma de pararla era que pagara $6.000 millones, valor tasado por su “papá”: presuntamente, José Leonidas Bustos. “Eso es para mi papá, para el equipo y mi persona”, habría indicado Gustavo Moreno. Alejandro Lyons, reveló El Tiempo hace una semana, le dijo a la Fiscalía que políticos de Córdoba -él incluido- habían hecho una recolecta para reunir $3.000 millones y frenar el proceso de Besaile por parapolítica. Besaile dijo que había accedido a pagar $2.000 millones. 

La plata, explicó el congresista, se entregó en 2015, en cuatro pagos de $500 millones en efectivo, que envió a Moreno a través de su defensor de entonces, Luis Ignacio Lyons. Contra este último el fiscal Martínez también anunció una investigación por esta red de corrupción. Lyons ya está cooperando con la justicia y es, además, pariente del exgobernador Alejandro Lyons. Pero Besaile, además de pagar, hizo otra cosa: en una declaración extrajudicial, certificada por notario, dejó un testimonio del dinero que había dado. El documento original reposa en una caja fuerte y la Corte Suprema recibió ayer una copia. En ese año, 2015, Bustos era presidente de la Corte Suprema. Y Gustavo Moreno se volvió asesor de la Fiscalía de Eduardo Montealegre. 

La confesión de Besaile no es de poca monta. Aceptó que había cometido un delito tan grave como pagar miles de millones a cambio de que no avanzara un proceso en su contra en la Corte Suprema. Su estrategia de defensa, no obstante, es la que ya se ha conocido: asegurar que él fue víctima de una extorsión, pues tanto Bustos como Ricaurte y Moreno eran hombres con poder. Este miércoles, el nuevo abogado defensor del senador cordobés, Julián Quintana, presentará una denuncia en la Fiscalía por extorsión agravada contra Moreno, y le solicitará a la Comisión de Acusaciones que escuche al congresista en declaración bajo juramento. Besaile, incluso, contempla recurrir al sistema interamericano de derechos humanos. (Lea: “Gustavo Moreno era un extorsionista profesional": Musa Besaile)

Nueve años, nueve meses y 29 días: ese es el tiempo que lleva en la Corte Suprema de Justicia la indagación preliminar por parapolítica contra el congresista Musa Besaile, a pesar de que, por ley, existe un plazo máximo de dos años para abrir investigación formal o archivar. Según notificó la propia Corte, la única decisión que se ha tomado es la de recolectar pruebas, en octubre de 2016. Que en este alto tribunal no se había avanzado en el proceso de Besaile era, desde hace un buen tiempo, un secreto a voces. Y ayer, el propio senador resolvió parte del misterio: confesó que había pagado $2.000 millones para no ser arrestado. Es decir, para evitar que su indagación pudiera evolucionar hacia un llamado a juicio. Una posición contraria a lo que había expresado hasta ahora.

La revelación del congresista solo atizó una hoguera que ya ardía sin cesar, desde que hace dos semanas el fiscal Néstor Humberto Martínez le informó al país que en las grabaciones de las charlas entre el exfiscal Gustavo Moreno, el abogado Leonardo Pinilla y el exgobernador Alejandro Lyons se había detectado la mención de una supuesta red de corrupción: magistrados o exmagistrados que, al parecer, pedían dinero a investigados a cambio de tomar determinaciones favorables para ellos en sus procesos. Los primeros nombres que salieron al ruedo fueron los de los expresidentes de la Corte José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, y el rostro de los sobornos, tal parece, era Moreno. 

(En contexto: Investigación contra Gustavo Moreno por corrupción aterrizó en la Corte Suprema)

La admisión de Besaile fue hecha ante el magistrado de la Corte Suprema Luis Hernández, el mismo que indaga si hubo irregularidades en este proceso, el del senador Hernán Andrade y el del excongresista Luis Alfredo Ramos por el tema de la red de corrupción. Sus palabras, sin duda, pusieron aún más en aprietos a Gustavo Moreno, quien hace una semana fue oficialmente pedido en extradición por Estados Unidos -que lo acusa de haberle pedido un soborno a Alejandro Lyons en su territorio-. Pero Besaile, sobre todo, puso contra la espada y la pared a los exmagistrados Bustos y Ricaurte: la Corte Suprema le pidió tanto a la Fiscalía como a la Comisión de Acusaciones que los investiguen. 

La versión de Besaile es que, en 2014, él asistió al lanzamiento del libro “El falso testimonio” de Gustavo Moreno en un “exclusivo club” en el norte de Bogotá. Que allí se presentó con José Leonidas Bustos, quien entonces ejercía como magistrado, y con Francisco Ricaurte, quien llevaba dos años por fuera del alto tribunal. Que este último le presentó a Moreno y le aconsejó que lo contratara para manejar su proceso por parapolítica. Besaile agregó que, tiempo después, se encontró con Ricaurte en el apartamento de este y que, por segunda vez, le recomendó a Moreno. Que por eso accedió a verse con Moreno. Y que, al hacerlo, este le pidió su celular -para evitar grabaciones- y le dijo: “Senador, la única persona que lo puede ayudar soy yo”. (Lea: El embajador de la India, de la justicia)

Moreno le aseguró, afirmó Besaile, que su proceso se estaba complicando, al igual que el del excongresista conservador Julio Manzur, y dijo que primero capturaban a Manzur y luego a él. En diálogo con El Espectador, Manzur confirmó que en diciembre de 2014, un mes antes de su arresto, Gustavo Moreno contactó a un pariente suyo, por medio de una persona cercana a su familia, y citó a ese pariente en Barranquilla para que hablaran de la inminente detención de Manzur. “Yo dije: no acepto. Me defiendo ante la Corte”, cuenta Manzur, quien llegó al Congreso en 1982. Fue detenido en enero de 2015 en un centro comercial de Montería y, en cuestión de horas, Moreno volvió a contactar a otro pariente suyo.

Moreno ofreció sus servicios: “Nos pidió una plata grande para defenderme, por fuera de lo que era el mercado (de penalistas) en ese momento. Incluía lo que nos imaginamos. Se sentía poderoso”. Sobre magistrados o exmagistrados involucrados en su episodio, Manzur señaló: “Ninguno ha tenido contacto conmigo, ni Moreno me hizo a mí o a alguien cercano a mí alguna insinuación (sobre sobornos pedidos por integrantes o exintegrantes de la Corte). Al final, Manzur estuvo detenido más de dos años, recuperó su libertad en julio de este año. Supuestamente, recibió ayuda de los paramilitares para ser elegido en 2006 y sigue en juicio. Él se declara inocente y dice que la Corte Suprema le ha dado todas las garantías.   

Volviendo al tema de Besaile y Moreno, el congresista le dijo a la Corte Suprema que Moreno volvió a buscarlo con insistencia, hasta que pudo hablar con él y le aseguró que ya estaba lista la orden de captura en su contra. Que la única forma de pararla era que pagara $6.000 millones, valor tasado por su “papá”: presuntamente, José Leonidas Bustos. “Eso es para mi papá, para el equipo y mi persona”, habría indicado Gustavo Moreno. Alejandro Lyons, reveló El Tiempo hace una semana, le dijo a la Fiscalía que políticos de Córdoba -él incluido- habían hecho una recolecta para reunir $3.000 millones y frenar el proceso de Besaile por parapolítica. Besaile dijo que había accedido a pagar $2.000 millones. 

La plata, explicó el congresista, se entregó en 2015, en cuatro pagos de $500 millones en efectivo, que envió a Moreno a través de su defensor de entonces, Luis Ignacio Lyons. Contra este último el fiscal Martínez también anunció una investigación por esta red de corrupción. Lyons ya está cooperando con la justicia y es, además, pariente del exgobernador Alejandro Lyons. Pero Besaile, además de pagar, hizo otra cosa: en una declaración extrajudicial, certificada por notario, dejó un testimonio del dinero que había dado. El documento original reposa en una caja fuerte y la Corte Suprema recibió ayer una copia. En ese año, 2015, Bustos era presidente de la Corte Suprema. Y Gustavo Moreno se volvió asesor de la Fiscalía de Eduardo Montealegre. 

La confesión de Besaile no es de poca monta. Aceptó que había cometido un delito tan grave como pagar miles de millones a cambio de que no avanzara un proceso en su contra en la Corte Suprema. Su estrategia de defensa, no obstante, es la que ya se ha conocido: asegurar que él fue víctima de una extorsión, pues tanto Bustos como Ricaurte y Moreno eran hombres con poder. Este miércoles, el nuevo abogado defensor del senador cordobés, Julián Quintana, presentará una denuncia en la Fiscalía por extorsión agravada contra Moreno, y le solicitará a la Comisión de Acusaciones que escuche al congresista en declaración bajo juramento. Besaile, incluso, contempla recurrir al sistema interamericano de derechos humanos. (Lea: “Gustavo Moreno era un extorsionista profesional": Musa Besaile)