Entre ocho y diez cuerpos permanecen tendidos a un costado de los caminos veredales de la parte alta de Aracataca, sin que ninguna autoridad haya realizado el levantamiento técnico. Los cadáveres, que según líderes sociales corresponderían a combatientes de los grupos armados que se disputan la zona, siguen descomponiéndose, mientras las familias campesinas que no lograron huir el pasado 18 de febrero están confinadas en medio de los enfrentamientos.
La situación se registra en veredas como La Fuente Alta y Baja, Cerro Azul, Las Margaritas y El Chimborazo, en el municipio de Aracataca, donde desde hace más de una semana se presentan combates entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ASCN) por el control de la Sierra Nevada de Santa Marta.
De acuerdo con Lerber Dimas Vásquez, director ejecutivo de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada (Pdibal), los enfrentamientos han dejado al menos 55 familias desplazadas, unas 275 personas, y el censo de civiles confinados todavía no está confirmado. Según denuncia la organización, hombres armados estarían reteniendo a campesinos en los caminos, revisando sus celulares y restringiendo su movilidad.
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Además, el líder denuncia que entre los confinados está una joven campesina, en avanzado estado de gestación, que perdió a su hijo en medio de los combates y permanece sin atención médica. Esta situación, “donde hay entre 8 y 10 cadáveres que serían del Clan del Golfo y las ASCN, que están tirados en las carreteras descomponiéndose sin que nadie los recoja, perpetúa el miedo y el abandono”, señaló Dimas Vásquez.
El director ejecutivo de la Pdibal denunció que “preocupa enormemente que estos combates se presentaran ya hace más o menos una semana y que hoy todavía estén tirados los cuerpos y que ninguna fuerza pública haya hecho el levantamiento correspondiente”. Asimismo, el líder declaró que no han tenido conocimiento de la situación de los campesinos que siguen confinados.
“Sabemos que en algunas fincas que quedaron solas, los grupos armados han ingresado y se han llevado la comida y también han utilizado esas fincas para repeler ataques y para camuflarse, lo cual es una violación a los derechos humanos. Esto, por supuesto, involucra a las comunidades campesinas en un conflicto que no les corresponde. Además, no se aplica la proporcionalidad frente a los ataques y los pone en riesgo tanto ante una acción de la fuerza pública como de los grupos armados”, relató Dimas Vásquez a El Espectador.
La Plataforma también cuestionó la falta de respuesta institucional. Además de los cadáveres, señalan que los albergues municipales son insuficientes y que no existen planes de contingencia actualizados para atender este tipo de emergencias, como ya ocurrió recientemente en el vecino municipio de Ciénaga (Magdalena). El pasado 4 de febrero, “familias también fueron desplazadas por combates, pero esta vez entre la fuerza pública y las ASCN. Estas familias recibieron una muy mala atención en el municipio de Ciénaga y, adicional a esto, les dieron una comida en malas condiciones que terminó intoxicando a nueve de ellos y dejando bastante mal a otros”, denunció Dimas.
El líder agregó que “la dificultad también está en que las alcaldías no tienen actualizados sus planes para este tipo de situaciones y, en el municipio de Aracataca, por lo menos los albergues son insuficientes, y la gente ha tenido que recurrir a familiares y amigos para irse para allá y, por supuesto, el tema de la alimentación no es lo suficientemente bueno”.
En un pronunciamiento del 22 de febrero, la Defensoría del Pueblo indicó que es necesario mantener un monitoreo permanente sobre la situación de las personas que se mantienen en la zona rural del municipio. De igual manera, la entidad, en cabeza de Iris Marín, solicitó a la administración municipal activar el Plan de Contingencia, “con el fin de garantizar la atención humanitaria de emergencia a la población desplazada y, de ser necesario, solicite el apoyo y la corresponsabilidad de la Gobernación y de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas”.
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Por su parte, la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada hizo un llamado a la ONU, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para que promuevan una ruta humanitaria urgente, faciliten el levantamiento de los cuerpos y gestionen acuerdos que reduzcan la violencia en medio de los diálogos que se adelantan con estos grupos armados en el marco de la política de Paz Total.
“La situación hoy es un territorio que está siendo gobernado por dos grupos armados que se disputan el control del macizo montañoso, y en la mitad tenemos dos batallones del Ejército, que también es un poco complejo”, alertó Dimas. Mientras en Aracataca las personas permanecen confinadas en fincas y veredas, defensores de derechos humanos piden al Gobierno “un consenso con estos grupos armados que están en la mesa, y que están negociando con el gobierno para pacificar los territorios”, pero en su guerra por acaparar el territorio siguen dejando víctimas.
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