El Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme su decisión de negar la libertad al exsenador Richard Aguilar, tras rechazar una solicitud que había presentado su abogado, en la cual argumentaba que, al dejar su curul en el Congreso, debía ser la Fiscalía quien pidiera medida de aseguramiento e imputara a Aguilar. Según el tribunal, otorgar la libertad favorecería al exsenador porque le permitiría escoger el juez natural, lo que violentaría el derecho que tendrían otros investigados por no contar con un fuero especial como el de congresista.
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Según el fallo, la indagatoria e imputación y las medidas de aseguramiento ordenadas por la Corte Suprema, que adelantó la investigación contra Aguilar cuando aún era congresista, cumplen los mismos requisitos que la Fiscalía tendría que agotar si la investigación la hubiera iniciado esa entidad. En otras palabras, que las decisiones del alto tribunal no las debe volver a realizar la Fiscalía. Además, manifestó el Tribunal, que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema fue respetuosa de los derechos al debido proceso del político.
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Así mismo, el Tribunal Superior agregó que la transición del proceso de Aguilar desde la Corte a la Fiscalía no vulnera los derechos de defensa del exsenador y que la decisión proferida no le impide a la defensa pedir el control de legalidad ante un juez control de garantías municipal. De acuerdo con el fallo, Aguilar debe seguir recluido en la Escuela de Artillería del Ejército en el sur de Bogotá, a donde fue llevado cuando la Corte Suprema ordenó su captura el pasado 27 de julio.
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Con ponencia del magistrado César Reyes, a mediados de agosto de este año, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia envió a la Fiscalía el proceso que se surte contra el exsenador Aguilar por presuntas irregularidades en contratos mientras fungió como gobernador de Santander entre 2012 y 2015. Igualmente, a finales de ese mismo mes, a la Procuraduría General llegaron denuncias por la supuesta desaparición de documentos clave en el proceso contra Aguilar.
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Por estas denuncias, la Procuraduría abrió una indagación preliminar contra funcionarios de la Gobernación de Santander por, al parecer, irregularidades relacionadas con la pérdida de resoluciones ordenadas por el entonces gobernador Aguilar, y otras por quien lo sustituyó: Didier Tavera.
Richard Aguilar, hijo del político condenado por parapolítica Hugo Aguilar, está en la lupa de las autoridades desde el 20 de mayo de este año. En ese entonces, la Fiscalía lo capturó por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos, interés en la celebración de contratos, concierto para delinquir y peculado por apropiación. Por ahora, al ser remitido de la Corte a la Fiscalía queda en manos de esta última si lo toman desde cero; lo equiparan a una imputación de cargos; lo llevan a juicio o lo absuelven.
