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Una excavación ilegal en febrero de 2025 y rastros de sangre humana alteraron el sitio de búsqueda de personas desaparecidas en la antigua Brigada XX del Ejército, en Bogotá. Así lo denuncia la familia del dirigente social Pedro Julio Movilla, junto con el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) a través de un comunicado en el que señalaron las irregularidades contra el derecho a la verdad.
Según detalla la denuncia, hace poco más de un año, el 3 de febrero de 2025, en las instalaciones de la antigua Brigada XX, donde hoy funciona la Escuela de Logística y el Batallón de Contrainteligencia del Ejército Nacional, se realizó una excavación ilegal justo en un punto identificado como posible lugar de inhumación de restos humanos. Sobre esta zona de Bogotá, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó medidas cautelares. Sin embargo, dicha excavación se adelantó sin autorización judicial, por lo que se violaron las medidas del tribunal especial.
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En esa intervención, la JEP recuperó y sometió a análisis forense elementos. Posteriormente, el Instituto de Medicina Legal confirmó el hallazgo de sangre humana en uno de los elementos recuperados. El hallazgo refuerza la hipótesis de las víctimas en cuanto a una intervención ilegal que buscaba sustraer la evidencia y los restos humanos del lugar. “Ante la evidencia de que este sitio albergaba restos biológicos, familiares y víctimas planteamos el interrogante que el Estado debe responder: ¿Se encontraba allí inhumado Pedro Julio Movilla?”, se lee en la denuncia.
Familiares de Pedro Julio Movilla exigen garantías para la búsqueda
Luego de confirmar la excavación ilegal y los rastros de sangre humana, la familia de Pedro Julio Movilla, el Cajar y el Movice hicieron varias exigencias al Estado colombiano, así como un llamado urgente a las autoridades para que se tomen medidas inmediatas frente a la violación de las medidas cautelares en un sitio de búsqueda de personas desaparecidas.
Entre las peticiones está la protección integral que garantice la custodia definitiva del predio, impidiendo cualquier intervención tanto personal militar como de externos.
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“El 22 de junio de 2022, el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su responsabilidad internacional en la desaparición forzada del líder social Pedro Julio Movilla Galarcio. En su sentencia, entre otras, la Corte IDH ordenó continuar las acciones de búsqueda. En este sentido, las falencias en la protección y garantía de lugares de interés forense configura un nuevo incumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por Colombia”, se lee en la denuncia.
En ese contexto, la familia y los colectivos de víctimas pidieron una declaración de Espacio de Memoria para que el sitio sea reconocido como un lugar de importancia histórica y forense para la reparación de las víctimas. “La preservación de la prueba no es solo un trámite judicial, es un derecho de las familias a saber qué pasó con sus seres queridos”, concluye el comunicado con la denuncia.
La desaparición de Pedro Julio Movilla
Pedro Julio Movilla Galarcio, además líder sindical, desapareció el 13 de mayo de 1993, luego de despedirse de su esposa, Candelaria Vergara, y dirigirse hacia la avenida 68 con Avenida Primera de Mayo para dejar a su hija, Yenny del Carmen, en la entrada del colegio Jhon F.Kennedy a las 8:00 a.m. Después de ese momento no volvieron a saber de su paradero, afirma su esposa Candelaria, quien señaló como responsables de la desaparición forzosa a integrantes del Ejército Nacional pertenecientes a la Brigada XX, quienes operaban en lo que ahora es la Escuela de Logística y Batallón de Contrainteligencia, en el barrio San Cristóbal Sur de Bogotá.
El 22 de junio de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó, a través de una sentencia, al Estado colombiano por la desaparición forzada de Movilla, y ordenó continuar con las labores de búsqueda pertinentes para lograr el hallazgo de sus restos.
Según declaraciones aportadas por José Leonairo Dorado —sargento que perteneció a la Brigada XX—, ante la JEP, Pedro Julio Movilla había sido llevado a las instalaciones del Batallón para ser torturado y asesinado. Las declaraciones de Dorado han sido claves para el esclarecimiento de este crimen, y otras denuncias realizadas históricamente por el movimiento de derechos humanos y el informe presentado a la JEP sobre el actuar de la Brigada XX.
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