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David Racero, expresidente de la Cámara de Representantes, alcanzó una curul como congresista por el Pacto Histórico en los comicios de este domingo, 8 de marzo. Un día después, el representante se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para rendir indagatoria por el caso Fruver.
Hacia las 8:30 de la mañana de este lunes, el congresista se presentó en la Corte para ser escuchado en la Sala Especial de Instrucción en el marco de la investigación por presuntamente haber destinado a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a apoyar un negocio familiar de frutas y verduras en el barrio Villa Luz, en Bogotá, en actividades que no estarían relacionadas con su labor legislativa.
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Sobre el proceso, Racero señaló que no dará declaraciones a profundidad mientras la investigación está en curso. “No quiero politizar en ningún escenario la investigación que hubo en el Consejo de Estado y en la Corte. Siempre nos hemos prestado para rendir cuentas, no hemos dilatado la investigación ni el proceso. Nosotros mismos fuimos los que solicitamos la investigación y esperamos que se adelante de la mejor manera”, señaló el congresista antes de su diligencia en la Corte.
El congresista del Pacto Histórico habría obligado a sus trabajadores a que consignaran parte de sus salarios a la cuenta bancaria personal del político. El caso es liderado por el magistrado César Augusto Reyes.
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El pasado 18 de febrero, el Consejo de Estado negó la solicitud de pérdida de investidura contra el senador en el proceso que buscaba su salida del Congreso por el denominado caso Fruver. Según el alto tribunal, un congresista puede incurrir de manera indirecta en una “indebida destinación de dineros públicos” cuando encarga a funcionarios de su UTL actividades que no tienen relación con sus funciones legislativas.
Al considerar que “las demandas (que buscaban la salida de Racero) se presentaron con manifiesta carencia de fundamento legal”, el Consejo de Estado negó su “muerte política”. En el auto, el Consejo de Estado concluyó que “se negarán las súplicas de la demanda por cuanto no se demostró el tercer ingrediente de la causal de desinvestidura invocada en las demandas que dieron origen a los procesos acumulados”. Es decir, el alto tribunal determinó que no se probó, “libre de toda duda”, la indebida destinación de dineros públicos.
Las denuncias en contra de Racero surgieron en septiembre de 2024, a raíz de unos mensajes de WhatsApp divulgados por el periodista Daniel Coronell, en los que el congresista le estaría pidiendo parte de los salarios a integrantes de su UTL y asignando a personal público a atender un negocio de frutas y verduras en Bogotá
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